Canad¨¢ consulta al Supremo si la secesion de Quebec debe ser votada por todo el pa¨ªs

El debate pol¨ªtico Canad¨¢-Quebec se ha trasladado a los tribunales. El Gobierno de Ottawa ha decidido dar esta semana un paso arriesgado: preguntar al Tribunal Supremo si la provincia franc¨®fona tiene derecho legal a decidir su independencia del resto del pa¨ªs sin contar con la opini¨®n de todos los canadienses. Los l¨ªderes nacionalistas y separatistas de Quebec han ignorado este paso, hasta el punto de que el alto tribunal se ha visto obligado a nombrar un abogado de oficio para que defienda la tesis independentista.

El Gobierno federal del primer ministro liberal Jean Chr¨¦tien asegura que tan s¨®lo busca una opini¨®n legal, pero la esencia de sus tres preguntas ha alarmado a los quebecois. ?Permite la Constituci¨®n canadienses la separaci¨®n unilateral de Quebec?; ?otorga el derecho internacional ese derecho?; ?en caso de conflicto, cu¨¢l de las dos normas debe imperar? La tesis de los abogados del Gobierno es clara: una eventual independencia de Quebec afecta a la unidad de Canad¨¢ y por tanto a la vida de todos los canadienses. ?se es el motivo por el que ellos deber¨ªan ser consultados tambi¨¦n en un hipot¨¦tico refer¨¦ndum. Lo que desea el Gobierno federal es evitar la situaci¨®n creada en la consulta de 1995, cuando las tesis pro independentistas estuvieron a punto de triunfar en Quebec.Ottawa no niega a Quebec el derecho a la autodeterminaci¨®n, dicen los abogados del Gobierno, pues la Constituci¨®n no declara indivisible el pa¨ªs, que tiene una organizaci¨®n federal en la que conviven diez provincias y dos territorios. Todos son de habla inglesa excepto Quebec, que es de habla francesa. La convivencia ha pasado por numerosos avatares en los ¨²ltimos 30 a?os.

"Hay mucha emoci¨®n en el ambiente" admiti¨® el lunes Yves Fortier, un abogado de Montreal que representa al Gobierno canadiense, "pero nuestro argumento est¨¢ basado s¨®lo en el imperio de la ley". Quebec no lo ve as¨ª. Ni siquiera ha asignado un letrado para que defienda las posiciones contrarias; por ello, el Supremo se vio forzado a nombrar uno de oficio. La estrategia del Gobierno de Quebec ha sido la movilizaci¨®n. Algunos observadores pol¨ªticos estiman que Ottawa juega con fuego, pues este procedimiento legal, que podr¨ªa durar varios meses, favorece la agitaci¨®n nacionalista. El conflicto pol¨ªtico y legal, de plan tearse en un nuevo refer¨¦ndum, ser¨ªa muy grave y de compleja soluci¨®n.

Un diario quebecois separatista, Le Devoir, asegura esta semana en un editorial, que una decisi¨®n del Tribunal Supremo limitando el derecho a la independencia de la provincia franc¨®fona demostrar¨ªa que "la moralidad no estar¨ªa ya de parte de la ley canadiense". Se trata de una clara declaraci¨®n de intenciones. El ministro de Quebec de asuntos interprovinciales, Jacques Brassard, en una l¨ªnea m¨¢s pol¨ªtica, dijo algo similar: que los siete millones de ciudadanos de Quebec no deben preocuparse por estas maniobras legales, pues ellos son los ¨²nicos que "tienen derecho a decidir su futuro".

Ofensiva en dos fases

Esta ofensiva del Gobierno central no es nueva. En septiembre del a?o pasado, despu¨¦s de dos a?os de armisticio, el Gobierno Chr¨¦tien cambi¨® de t¨¢ctica, endureciendo su posici¨®n. En una reuni¨®n de todas las provincias y territorios, las de lengua inglesa (Quebec boicote¨® el encuentro) decidieron reconocer las diferencias culturales de la provincia franc¨®fona, "su car¨¢cter ¨²nico y su derecho a proteger su lengua y cultura", pero rechazaron otorgarle un estatuto especial.En aquella reuni¨®n, los jefes de los Gobiernos locales de las nueve provincias angl¨®fonas y de los dos territorios acordaron realizar consultas p¨²blicas para determinar el sistema de referendos locales que permitiera alterar el estatuto de Quebec, con el fin de otorgarle m¨¢s autonom¨ªa. Quebec estima que esa iniciativa ten¨ªa por objeto ampliar los poderes de las regiones y diluir as¨ª las nuevas que reclama Quebec.

El paso dado ahora no es contradictorio con la otra estrategia, pero ambas van en la direcci¨®n de limitar el derecho a la audeterminaci¨®n de Quebec.