Trevi?o o Trebi?o

LOS HABITANTES de Trevi?o, uno de los dos pueblos principales, junto con La Puebla de Arganz¨®n, que forman el Condado de Trevi?o, enclave hist¨®rico de Burgos en territorio alav¨¦s, votaron el domingo pasado a favor de la convocatoria de un refer¨¦ndum que permita a los ciudadanos del condado decidir si quieren integrarse o no en ?lava. El resultado de la consulta, que no tiene efectos jur¨ªdicos ni administrativos, no ofrece dudas: el 68% de los consultados es partidario de un plebiscito que decida si el condado se integra en ?lava o mantiene su dependencia de Burgos. Ahora coimienza un proceso complejo en el que, cuando se produzca la petici¨®n del refer¨¦ndum, la Junta de Castilla y Le¨®n podr¨¢ ejercer su derecho de veto sobre el plebiscito; si el veto no existe ser¨¢ el Gobierno el que deba autorizar y convocar el refer¨¦ndum, y si su resultado es favorable a la integraci¨®n en ?lava, su nueva adscripci¨®n tendr¨ªa que ser aprobada mediante ley org¨¢nica.La peor actitud que se puede adoptar ante la petici¨®n de este refer¨¦ndum es politizar un proceso que en su origen y desarrollo carece de motivaciones pol¨ªticas. Los apenas 1.200 habitantes que viven en el condado -m¨¢s otros 2.200 trevi?eses que viven en Vitoria- no plantean una reivindicaci¨®n auton¨®mica, ni el derecho de autodeterminaci¨®n, ni la pertenencia ¨¦tnica o la identificaci¨®n hist¨®rica con Burgos o ?lava, sino un problema administrativo elemental: Vitoria est¨¢ a 15 kil¨®metros del condado, y Burgos, a 90. Los trevi?eses utilizan los servicios sanitarios o educativos de Vitoria, pertenecen a la di¨®cesis de Vitoria y sus equipos de f¨²tbol est¨¢n federados en ?lava; su deseo de normalizar su relaci¨®n administrativa es mero sentido com¨²n.

El mismo sentido com¨²n sugiere que debe respetarse la voluntad democr¨¢tica de los habitantes del condado; que ser¨ªa poco afortunado ejercer el derecho a veto que tiene la Junta de Castilla y Le¨®n para impedir el refer¨¦ndum y una torpeza que el Gobierno no aprobara la consulta. Los enfoques tremendistas, como el del vicepresidente de la Junta de Castilla y Le¨®n, Jes¨²s Merino, quien asegura que "Castilla y Le¨®n no puede permitir ninguna p¨¦rdida de su territorio", o el tono legalista de la propia Junta de que "la consulta ha sido nula de pleno derecho" sit¨²an un problema administrativo en un nivel pol¨ªtico peligroso e innecesario. M¨¢s cerca de la solemnidad jur¨ªdica que de la buena voluntad.