"La crispaci¨®n alimentada por algunos medios ha llegado a niveles irresponsables"

A sus 60 a?os, cumplidos en febrero, ?lvaro Rodr¨ªguez Bereijo, de Cedeira (A Coru?a), casado y con dos hijas, apura los ¨²ltimos d¨ªas, tal vez semanas -¨¦l no quiere que sean meses-, de permanencia en el Tribunal Constitucional, al que se incorpor¨® en 1989 y que preside desde abril de 1995. Procedente de la Universidad como catedr¨¢tico de Derecho Financiero y Tributario, su estancia en el ¨®rgano m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n ha consolidado sus convicciones democr¨¢ticas y ha impulsado su capacidad de an¨¢lisis sobre los poderes del Estado y el papel de los medios de comunicaci¨®n en una democracia.Rodr¨ªguez Bereijo, en esta entrevista realizada antes de que se conociera el llamado plan Ardanza, se muestra muy cr¨ªtico con el desorbitado poder de los jueces de instrucci¨®n, que entiende limitado por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cumplido ya, desde el 22 de febrero, el plazo para la renovaci¨®n por el Senado de cuatro magistrados, entre ellos ¨¦l mismo, apela al sentido de responsabilidad pol¨ªtica de quienes tienen que negociar la renovaci¨®n.

Pregunta. ?C¨®mo se siente durante su primer mes de presidente en funciones?

Respuesta. Quisiera quitar dramatismo a esta situaci¨®n del tribunal, que no es la primera ni ser¨¢ la ¨²ltima. No hay interinidad en la presidencia ni en el tribunal. Desde luego que es conveniente que estas situaciones no se prolonguen, porque es deseable que los grupos parlamentarios cumplan con sentido de Estado y dentro de los plazos el deber que la Constituci¨®n les ha impuesto. Pero hay que contemplar tambi¨¦n que estos acuerdos pol¨ªticos parlamentarios pasan por momentos de desacuerdo, que hay que superar con altura de miras y con el nivel de consenso que exige la Constituci¨®n. Ocurre tambi¨¦n en otros pa¨ªses. Ahora mismo en Portugal. El retraso se ha producido con frecuencia en Alemania, y no digamos en Italia.

P. ?Resulta afectada la asignaci¨®n de ponencias y otros trabajos a magistrados pendientes de ser relevados?

R. ?Para nada! Desde el punto de vista de la marcha del tribunal y el ritmo de trabajo, no se producen alteraciones importantes. Naturalmente, ¨¦sta es una situaci¨®n que no se puede prolongar, pero el tribunal no se va a parar.

P. ?C¨®mo ve el posible regreso al tribunal de un magistrado que ya form¨® parte del mismo?

R. La ley org¨¢nica del Tribunal Constitucional fija unos l¨ªmites precisos a la posibilidad de reelecci¨®n. La impide al magistrado que ha ejercido en el periodo inmediato anterior, pero, aparte de eso, no hay impedimento legal para reelegir a un ex magistrado.

P. ?Qu¨¦ perfiles convendr¨ªan para los juristas llamados a sustituir a los cuatro magistrados que acaban su mandato?

R. Creo que en todas las renovaciones es muy importante atender al pluralismo no s¨®lo ideol¨®gico y pol¨ªtico, sino tambi¨¦n al equilibrio entre las distintas sensibilidades, formaciones y especialidades del derecho. La combinaci¨®n entre jueces, profesores y abogados es un gran acierto de la Constituci¨®n.

P. Se habla tambi¨¦n de la presencia de una mujer.

R. Me parecer¨ªa absolutamente conveniente que en el Tribunal Constitucional volviera a haber una mujer.

P. ?Qu¨¦ consejos dar¨ªa para la elecci¨®n de los nuevos presidente y vicepresidente?

R. Corresponde a los magistrados depositar su confianza en quienes crean id¨®neos para presidirles. No necesitan consejos.

P. ?Cu¨¢ntos recursos de amparo pendientes hab¨ªa cuando en 1995 se hizo cargo de la presidencia y cu¨¢ntos quedan ahora?

R. En 1994 hab¨ªa pendientes 2.263, y ahora, 3.916. Si a?adimos el resto de los asuntos, en 1994 hab¨ªa un total de 2.543 recursos pendientes, y ahora son 4.268. En 1997 entraron 700 asuntos nuevos m¨¢s que en el a?o anterior, con una tasa de incremento tremenda.

P. ?Son receptivos el Gobierno y las Cortes a la propuesta de reforma legal que hacen ustedes para reducir el n¨²mero de casos que llegan al tribunal?

R. S¨ª, son sensibles. Yo nunca he encontrado incomprensi¨®n o resistencia.

P. ?Y propuestas legislativas concretas?

R. Si efectivamente se reforma la ley org¨¢nica para permitir que los municipios acudan al tribunal en defensa de su autonom¨ªa, debe aprovecharse para hacer retoques en los procesos constitucionales, sobre todo el recurso de amparo, para que el tribunal pueda hacer frente a esta avalancha y seleccionar mejor los asuntos que deben ser objeto del recurso de amparo. Hay que desarrollar el amparo ordinario del art¨ªculo 53.2 de la Constituci¨®n ["cualquier ciudadano podr¨¢ recabar la tutela de las libertades y derechos" fundamentales "ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad"], de forma que exista un filtro previo a las demandas de amparo. El Tribunal Constitucional debe ser un remedio extraordinario, ¨²ltimo y subsidiario, no el primero y el ¨²nico frente a deficiencias judiciales que deben ser corregidas por los propios ¨®rganos del poder judicial.

P. Durante su mandato presidencial se ha producido un cambio de Gobierno. ?Qu¨¦ Ejecutivo cumple mejor la Constituci¨®n: el del PSOE o el del PP?

R. S¨®lo tengo que decir que la relaci¨®n institucional ha sido siempre impecable y exquisita tanto con el anterior Gobierno como con el actual.

P. ?A cu¨¢l se le han recurrido m¨¢s decisiones o m¨¢s leyes?

R. El hecho de que haya habido un incremento de recursos de inconstitucionalidad contra leyes, como lo ha habido en 1996, respecto al a?o anterior, responde a coyunturas pol¨ªticas que no significan necesariamente que se produzcan mayores vulneraciones de la Constituci¨®n, al menos mientras que no haya sentencias.

P. ?Qu¨¦ opina de que un juez recabe de los m¨¦dicos datos del historial cl¨ªnico para investigar un delito de aborto?

R. No puedo contestar de manera muy directa.

P. No le va a tocar resolver el futuro recurso...

R. No, pero el hecho de que yo sea presidente del Tribunal Constitucional, e incluso cuando deje de serlo, me impone ciertas restricciones en la libertad de opini¨®n. S¨ª puedo decirle que todas las facultades que tiene el instructor para la investigaci¨®n de los delitos est¨¢n limitadas por el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese enorme poder que la sociedad confiere al juez para que, en aplicaci¨®n de la ley, investigue y persiga la comisi¨®n de delitos, no es un poder ilimitado, sino enmarcado por los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas garantizadas en la Constituci¨®n. Un juez instructor tiene que tener muy presente no extralimitarse en el ejercicio de sus potestades de investigaci¨®n de un delito respecto de los derechos que ¨¦l mismo tiene que proteger, porque su funci¨®n judicial es doble. Como se ha dicho, impropia pero expresivamente, es un juez polic¨ªa y de los derechos fundamentales. No debe olvidar esa doble funci¨®n.

P. Cuando abandone el tribunal, ?dejar¨¢ usted una Espa?a m¨¢s auton¨®mica o m¨¢s centralista que hace 10 a?os?

R. Yo creo que en Espa?a se ha producido un impulso auton¨®mico muy fuerte y muy r¨¢pido en ese periodo. Ha habido un desarrollo del Estado de las autonom¨ªas muy profundo que se ha consolidado. Ese cambio pol¨ªtico y constitucional es una realidad.

P. ?Qu¨¦ sentencia le deja m¨¢s satisfecho y cu¨¢l le inquieta m¨¢s?

R. M¨¢s satisfecho, la sentencia 128 de 1995, sobre los l¨ªmites de la libertad provisional [puso en libertad a Carlos Sotos, ex gerente de una cooperativa vinculada a UGT, encarcelado por orden del juez Miguel Moreiras], y m¨¢s insatisfecho, la que estim¨® constitucional el procedimiento abreviado.

P. A los 20 a?os de vigencia de la Constituci¨®n, ?qu¨¦ aspectos ve susceptibles de reforma?

R. No soy partidario de la reforma de la Constituci¨®n ni de los estatutos de autonom¨ªa, que son normas constitutivas de nuestra convivencia pol¨ªtica. Y creo que debemos hacerlas resistentes al tiempo, entendi¨¦ndolas con un sentido de integraci¨®n, de manera que no sea necesaria su reforma. Adem¨¢s, no advierto nada en la

estructura pol¨ªtica alumbrada por la Constituci¨®n de 1978, ni siquiera en lo que se refiere a la definici¨®n del modelo de Estado y al reparto territorial del poder en el T¨ªtulo VIII que imponga necesariamente la reforma constitucional.

P. ?Ni siquiera del Senado?

R. El Senado requiere tan s¨®lo los retoques imprescindibles para que se cumpla lo que la Constituci¨®n ha querido: que sea una C¨¢mara de representaci¨®n territorial y no de segunda lectura, en lo que ha devenido. Si se puede hacer sin reformas constitucionales, ser¨ªa mejor que abordando una reforma de la Constituci¨®n. Si es imprescindible un leve retoque en la Constituci¨®n para cumplir el propio mandato constitucional, ¨¦sa ser¨ªa la reforma que yo apoyar¨ªa.

P. ?Qu¨¦ le parece el par¨®n producido en el Senado en esa voluntad de reforma?

R. No tengo constancia ni conciencia de que haya un par¨®n en ese prop¨®sito de reforma. Creo que la articulaci¨®n del Senado como C¨¢mara de las autonom¨ªas se producir¨¢, aunque me parece bueno que se acometa sin apresuramientos y con el consenso que se tuvo cuando se hizo la Constituci¨®n.

P. ?Cree que la muerte de Ram¨®n Sampedro, cuyo recurso se encuentra pendiente, merece que el tribunal se pronuncie a fondo sobre la eutanasia, si alguno de los herederos del fallecido mantiene la petici¨®n de amparo?

R. No puedo contestar a eso. Como usted sabe, se interpuso en su d¨ªa por el propio Sampedro un recurso de amparo que estaba pendiente cuando se produjo su muerte. El tribunal todav¨ªa no ha decidido sobre ese recurso y yo no puedo decirle nada m¨¢s.

P. ?Considera que el deber de vivir ha de prevalecer sobre la libertad de morir?

R. Es que no se trata del deber de vivir. Lo que la Constituci¨®n consagra es el derecho a vivir, que puede entrar en conflicto con otros derechos de libertad o bienes constitucionalmente protegidos. Ya se lo plante¨® el tribunal en el caso de la sentencia sobre la huelga de hambre de los presos del GRAPO [aval¨® la alimentaci¨®n forzosa, para evitar que los presos murieran de hambre]. Es un tema exquisitamente constitucional, pero siempre dif¨ªcil, porque en estos temas el derecho est¨¢ profundamente penetrado por concepciones ¨¦ticas y morales respecto a lo que es la libertad y la vida.

P. ?Qu¨¦ opina de la difusi¨®n del v¨ªdeo sobre la muerte de Sampedro?

R. Yo vi lo que emiti¨® Antena 3 Televisi¨®n y me pareci¨® respetuoso, e incluso tratado con extraordinario cuidado, para no herir la sensibilidad ni los valores morales no s¨®lo del protagonista de la informaci¨®n, sino tambi¨¦n de los espectadores de esas escenas, de una tremenda intensidad humana.

P. La sentencia sobre la sucesi¨®n nobiliaria parece a muchas personas discriminatoria para las mujeres. ?No le preocupa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo corrija la interpretaci¨®n que han hecho ustedes del derecho a la igualdad?

R. No me preocupa en absoluto, ni en ese caso ni en ningun otro, que una sentencia del Tribunal de Estrasburgo determine una condena del Reino de Espa?a. Ocurre con frecuencia en otros pa¨ªses.

P. Las noticias de una operaci¨®n combinada de periodistas, pol¨ªticos y financieros para desalojar del poder a los socialistas, ?qu¨¦ opini¨®n le sugieren?

R. No quiero hacer ning¨²n comentario sobre eso. Lo ¨²nico que puedo decir es que en una democracia debe respetarse por encima de todo la voluntad popular. Los cauces democr¨¢ticos para la renovaci¨®n de la vida pol¨ªtica son los que pasan por las elecciones generales y la expresi¨®n de la voluntad de los ciudadanos. Todo lo que no sea respetar esa voluntad es subvertir de una manera o de otra el sistema democr¨¢tico y sus valores.

P. ?Qu¨¦ juicio tiene sobre el papel de los medios de comunicaci¨®n en relaci¨®n con la pol¨ªtica y la justicia?

R. Creo que en Espa?a los medios de comunicaci¨®n deber¨ªan hacer una autocr¨ªtica respecto de su papel en la vida pol¨ªtica. Hay un exagerado protagonismo de la prensa en lo que se refiere al respeto a la autonom¨ªa pol¨ªtica de los ¨®rganos que en una democracia son los depositarios de la voluntad de los ciudadanos: las Cortes y el Gobierno que sale de la mayor¨ªa parlamentaria. En cambio, los medios de comunicaci¨®n tuvieron en Espa?a un papel decisivo en los primeros a?os de democracia.

P. ?Cu¨¢les son las claves de ese cambio?

R. Durante la transici¨®n sirvieron de catalizador del impulso de libertad del pueblo espa?ol y contribuyeron positivamente al cambio pol¨ªtico y a la forma en que se hizo ese cambio. Aquel esp¨ªritu de respeto al adversario se ha alterado demasiado desde hace algunos a?os. Se ha producido un cambio negativo. La vida pol¨ªtica y el debate democr¨¢tico se han adulterado en un clima que no es bueno para el sistema democr¨¢tico. El clima de crispaci¨®n, alimentado muchas veces artificialmente por los medios, ha llegado hasta niveles de irresponsabilidad que no est¨¢n justificados por la realidad pol¨ªtica, econ¨®mica y social de una Espa?a en progreso, integrada en Europa y en el concierto mundial con peso y personalidad.

P. ?Podr¨ªa explicarse esa crispaci¨®n alimentada por los medios por los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica y de guerra sucia?

R. S¨ª, eso ha influido. Y ha influido tambi¨¦n una cierta idea, a mi modo de ver, nociva, de que no hay responsabilidad pol¨ªtica hasta que un juez declara la existencia de una responsabilidad penal. La confusi¨®n del plano de la responsabilidad pol¨ªtica y la penal declarada por un juez me parece una idea equivocada, porque son dos planos que hay que separar radical y profundamente.