La acusaci¨®n popular pide a Garc¨ªa-Castell¨®n el procesamiento y detenci¨®n inmediata de Pinochet

La acusaci¨®n popular present¨® el viernes por la tarde un escrito ante el Juzgado Central n¨²mero seis de la Audiencia Nacional, en Madrid, en el que se solicita al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n el inmediato procesamiento de Augusto Pinochet y otros 38 altos cargos de la dictadura chilena por los delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detenci¨®n ilegal seguida de desaparici¨®n. Ante la gravedad de las imputaciones, la acusaci¨®n popular pide al juez que se decrete prisi¨®n provisional sin fianza y se dicte, a trav¨¦s de Interpol, una orden internacional de busca y captura.

En el escrito, de 15 p¨¢ginas, los abogados de la acusaci¨®n popular, que entre otros representan a los familiares de los espa?oles asesinados y desaparecidos en Chile entre 1973 y 1990, se basan en el art¨ªculo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se establece que bastan los "indicios razonables" de un delito para la apertura del proceso.Estos indicios se sostienen en el testimonio de numerosos testigos y en la documentaci¨®n aportada por la justicia estadounidense. Una de las declaraciones m¨¢s destacadas es la del general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (polic¨ªa pol¨ªtica de la dictadura). En su escrito de revisi¨®n de condena, presentado en diciembre ante la Corte Suprema de Chile, el antiguo brazo derecho del ex dictador, afirma que ¨¦l era un mero "delegado" del presidente de la Rep¨²blica [Pinochet]", que "despachaba a diario con ¨¦l", y "a qui¨¦n, informaba permanentemente (...) de cualquier actividad o hecho que se produjera". Este importante testimonio se ve reforzado por el del fiscal estadounidense, Eugene Propper, que investig¨® en EE UU el asesinato de Orlando Letelier en 1976. Propper, en un memorando entregado en 1977 al secretario de Estado, Zbegnew Brzezinski, escribi¨® que era dif¨ªcil imaginar que Contreras ordenara asesinar a Letelier sin el conocirniento y autorizaci¨®n de Pinochet. Tambi¨¦n se incorpora el testimonio de Ernest Barcella, el otro fiscal norteamericano del caso Letelier, en el que dice que la DINA conspir¨® para cometer actos terroristas en otros pa¨ªses, incluido Espa?a.

Entre las personas a las que se solicita el procesamiento se encuentran los miembros de la brigada Mulch¨¦n de la DINA al completo, presunta autora de las torturas y asesinato del espa?ol Carmelo Soria, y los responsables de los centros de detenci¨®n Jos¨¦ Domingo Ca?as 1315, Cuatro ?lamos y Villa Grimaldi, donde supuestamente se consum¨® la desaparici¨®n de los espa?oles Antonio Llid¨® y Michelle Pe?a, entre otros.

"Es un marxista"

En este sentido, cabe destacar el testimonio del obispo luterano Helmut Frenz, quien junto al obispo cat¨®lico Fernando Aritz¨ªa se entrevist¨® con Pinochet en 1974 para protestar por las detenciones. En esa reuni¨®n, Pinochet reconoci¨® estar al corriente de las torturas practicadas y de la captura de Llid¨®, de quien dijo despectivamente: "?se no es un sacerdote, es un marxista".El escrito fundamenta el delito de tortura en el C¨®digo Penal espa?ol y en la Convenci¨®n Intemacional contra la Tortura de 1984 (ratificada por Espa?a y Chile): "Tampoco podr¨¢n invocarse 'circunstacias excepcionales', tales como la guerra, amenaza de guerra, inestablidad pol¨ªtica interna (...) como justificaci¨®n de la tortura". Este crimen es, a juicio de la acusaci¨®n, competencia espa?ola.

La detenci¨®n ilegal seguida de desaparici¨®n tambi¨¦n se fundamenta en el C¨®digo Penal, igual que en el caso de terrorismo, y se destaca que "mientras no conste la ejecuci¨®n del delito [aparici¨®n del cuerpo]", "es un delito en ejecuci¨®n permanente, no sujeto a prescripci¨®n".

El genocidio tambi¨¦n est¨¢ castigado en el C¨®digo Penal espa?ol -art¨ªculo 137: "El delito de genocidio no prescribir¨¢ en ning¨²n caso"- y en el Convenio contra el Genocidio de 1948, ratificado por Espa?a y Chile.

Este escrito de la acusaci¨®n popular pasa ahora al fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Pel¨¢ez, quien deber¨¢ formular al juez Garc¨ªa-Castell¨®n sus propuestas. No hay plazo para que ambos se pronuncien. En medios judiciales se indica que hay dos opciones: recomendar la apertura de proceso contra todos o parte de los 39 acusados o declararse incompentente. La acusaci¨®n particular o el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairi?o -contrario a este sumario-, pueden interponer recurso. Ser¨¢ entonces cuando decida la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. "Hemos llegado a la hora de la verdad, al momento decisivo", dijo ayer una fuente de la acusaci¨®n popular.