La versi¨®n del reo

La permanencia de los socialistas en el poder a lo largo de tres lustros (un periodo que se inici¨® con la victoria en las elecciones municipales de 1979 y concluy¨® con las derrotas de 1995 y 1996) desminti¨® la jactanciosa presunci¨®n de que el carn¨¦ del PSOE bastaba para garantizar la honradez en el desempe?o de cargos p¨²blicos; ahora llega el turno de comprobar la escasa fiabilidad de las promesas de pureza arcang¨¦lica en el manejo de los fondos presupuestarios predicada por los populares mientras permanec¨ªan en la oposici¨®n. Porque el ascenso electoral del PP en los tres ¨²ltimos a?os, que le ha dado el control del Estado, de diez comunidades aut¨®nomas y de la mayor¨ªa de las grandes ciudades, ha marchado en paralelo con el aumento de esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que salpican la gesti¨®n de gobierno del partido presidido por Aznar.En efecto, el viejo historial formado por el caso Burgos (concluido con la condena del alcalde Pe?a), el caso Naseiro (sobrese¨ªdo por la naturaleza ilegal de las pruebas), el caso Calvi¨¤ (reci¨¦n resucitado), el caso Hormaechea (el presidente de Cantabria sali¨® condenado) y el caso Ca?ellas (s¨®lo la prescripci¨®n del delito salv¨® in extremis al ex presidente de Baleares) empieza ahora a ser remozado por nuevas diligencias sumariales. As¨ª, la dimisi¨®n de Luis Fernando Cartagena como consejero de Obras P¨²blicas de la Comunidad Valenciana ha sido una respuesta pol¨ªtica defensiva a la investigaci¨®n judicial en marcha sobre una ocultaci¨®n fiscal de 164 millones de pesetas: a nadie se le escapan las sorprendentes semejanzas entre el caso Cartagena y la dimisi¨®n en 1995 de Vicente Albero, ministro de Agricultura socialista, por fraude tributario. El caso Zamora (relacionado con donativos dados al PP por empresas constructoras cuando Aznar era presidente de la Junta de Castilla y Le¨®n) y el caso Lacalle (receptor de las ayudas dispensadas al PP de Catalu?a por Javier de la Rosa) est¨¢n emparentados con el caso Filesa y los dem¨¢s esc¨¢ndalos de financiaci¨®n ilegal de los partidos. El caso Tomey, protagonizado por el presidente popular de la Diputaci¨®n de Guadalajara, y el caso Gonz¨¢lez Arroyo, senador canario del PP y alcalde de un pueblo de Fuerteventura, presentan un oscuro futuro procesal. El despilfarro en ayuntamientos y comunidades gobernados por el PP, el clientelismo y el nepotismo rampantes en Ourense, Granada o Lugo, la coincidencia del viaje oficial del ministro Matutes a Cabo Verde con la presencia en la isla de su industriosa familia, las recomendaciones para las oposiciones en la Xunta de Galicia o la gesti¨®n del Pabell¨®n castellano-leon¨¦s en la Expo forman la calderilla de esas pr¨¢cticas corruptas.

Los procedimientos judiciales en curso permitir¨¢n determinar el alcance de las denuncias; entre tanto, los acusados del PP escenificar¨¢n el acostumbrado repertorio de negaci¨®n de las evidencias, judicializaci¨®n de la pol¨ªtica y obstruccionismo procesal. La actitud de dignidad ofendida desplegada por los h¨¦roes de algunos esc¨¢ndalos pol¨ªticos recuerda -en t¨¦rminos humor¨ªsticos- la dolorida reacci¨®n de un personaje de la ¨²ltima pel¨ªcula de Woody Allen; tras confesar ante su mujer que asesin¨® primero con un hacha a su amante, a su anterior esposa y a sus dos hijastros y que se comi¨® despu¨¦s los cad¨¢veres, el parricida de Desmontando a Harry reivindica quejumbrosamente el derecho a dar su propia versi¨®n de lo sucedido.

Las denuncias de los casos de corrupci¨®n del PP no deber¨ªan servir para resucitar aquellas viejas jeremiadas regeneracionistas contra los pol¨ªticos venales y las democracias decadentes que abrieron hace unas d¨¦cadas el camino a las dictaduras. La doble conclusi¨®n a extraer es sencillamente que el ejercicio del poder ofrece a sus titulares grandes oportunidades para corromperse y que un Estado de Derecho nunca debe bajar la guardia para combatir esa patolog¨ªa, inevitable sea cual sea el partido -de derecha, de centro o de izquierda- instalado en el Gobierno.