Dificultades para impedir escenas violentas

El Gobierno, en una respuesta parlamentaria, considera que la violencia en televisi¨®n es "un problema de dif¨ªcil soluci¨®n", incluso dentro del horario infantil, ya que la ley no ve infracci¨®n en esas escenas cuando la violencia no es "gratuita", es decir si est¨¢ justificada de alg¨²n modo."All¨ª donde no hay infracci¨®n de la ley", reconoce el Ejecutivo, "Ios programadores de televisi¨®n conservan el derecho constitucionalmente reconocido a organizar sus emisiones de acuerdo con sus propios criterios e intereses".

En Espa?a el horario de protecci¨®n a la infancia en la programaci¨®n televisiva est¨¢ establecido entre las 22 horas y las seis de la ma?ana: en esa franja o pueden emitirse programas que contengan escenas de pornograf¨ªa violencia gratuita.

"La mera emisi¨®n de actos de violencia en horario protegido", dice el Gobierno, "no constituye en s¨ª misma violaci¨®n de la normatvia, salvo en el supuesto de que dicha violencia tuviera car¨¢cter gratuito".

La normativa comuitaria prohibe los programas que puedan perjudicar el desarrollo f¨ªsico, mental o moral de los menores "salvo que se garantice, por elecci¨®n de la hora de emisi¨®n o mediante toda clase de medidas t¨¦cnicas, que los menores en su campo de difusi¨®n no ven ni escuchan normalmente dichas emisiones".

El Gobierno admite que un reciente estudio del Consejo Audiovisual de Catalu?a "refleja cierta situaci¨®n en la programaci¨®n audiovisual que resulta preocupante por cuanto, m¨¢s all¨¢ de las normas legales, se detecta una clara tendencia en los materiales de ficci¨®n a la utilizaci¨®n de la violencia como principal recurso dram¨¢tico".

"Ninguna administraci¨®n p¨²blica", se?ala el Gobierno, "tiene capacidad para ordenar a una televisi¨®n privada lo que debe o no debe emitir ni el orden en que debe hacerlo y atenuar la carga de violencia cuando no sea gratuita, es decir, cuando no hay infracci¨®n de ley". En consecuencia, "la programaci¨®n televisiva s¨®lo puede ser resultado de acuerdos de autorregulaci¨®n y no de medidas coercitivas, que carecer¨ªan de respaldo legal".

El Ejecutivo recuerda en su respuesta parlamentaria que la Administraci¨®n promueve el desarrollo de acuerdos de autorregulaci¨®n, en los que puntualiza que "deben jugar un papel, m¨¢s importante s asociaciones de consumidores y teleespectadores".

Las asociaciones de telespectadores se han manifestado a favor de la instauraci¨®n en Espa?a del denominado chip antiviolencia, para que las familias puedan conocer previamente el grado de violencia y sexo de los contenidos televisivos y codificar los que consideren inadecuados para sus hijos.

Las cadenas p¨²blicas y privadas mantienen un convenio de autorregulaci¨®n con el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia para respetar el denominado horario infantil.