El CVC maneja dos propuestas de instituci¨®n con autoridad ling¨¹¨ªstica que implican cambios legales
Ampliar el propio Consell Valenci¨¤ de Cultura con una Secci¨®n de Lengua, compuesta por 11 nuevos miembros que, a diferencia de los otros 21 integrantes, no se someter¨ªan a la reelecci¨®n por las Cortes, o crear una nueva entidad. ?sas son las dos hip¨®tesis fundamentales que baraja el m¨¢ximo organismo consultivo de la Generalitat en materia cultural para el dictamen sobre la pol¨¦mica ling¨¹¨ªstica. En el primer caso, las modificaciones necesarias afectar¨ªan al Estatut d"Autonomia. En el segundo, los cambios ser¨ªan menores. En ambas hip¨®tesis, las Cortes habr¨ªan de definir la competencia normativa sobre el valenciano.
En la recta final de los trabajos del Consell Valenci¨¤ de Cultura (CVC), los miembros del organismo comienzan a barajar seriamente las distintas opciones en relaci¨®n con el asunto central que les ha sido encomendado: elaborar una propuesta de instituci¨®n normativa sobre el valenciano que liquide el vac¨ªo existente en esa materia. S¨®lo si el dictamen logra una propuesta aceptable y viable pol¨ªticamente, el trabajo del CVC habr¨¢ alcanzado su objetivo. A eso se refer¨ªa el secretario de la instituci¨®n, Manuel Sanchis Guarner Cabanilles, el pasado lunes, cuando afirm¨®, en el transcurso de un pleno: "Si nuestras recomendaciones no se convierten en leyes, ser¨¢n exclusivamente papel mojado". El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que lanz¨® la iniciativa de lo que se conoce como "pacto ling¨¹¨ªstico", posteriormente refrendada por las Cortes, conoce desde hace tiempo un informe que propone crear una secci¨®n del Consell Valenci¨¤ de Cultura sobre la cual recaer¨ªa la autoridad normativa sobre el valenciano. Esa propuesta la expusieron los profesores de Derecho de la Universidad de Valencia Vicent Franch y Joaqu¨ªn Mart¨ªn Cubas en noviembre pasado, durante unas jornadas sobre la reforma del Estatut d"Autonomia. La propuesta implicar¨ªa la modificaci¨®n "sustancial" del art¨ªculo 25 del Estatut d"Autonomia, que hace referencia al Consell de Cultura. Se tratar¨ªa de otorgar al CVC la competencia de "constituirse en autoridad normativa". Los 21 miembros que tiene actualmente el organismo se ampliar¨ªan a 32. Los 11 nuevos miembros de la Secci¨®n de Lengua no se elegir¨ªan, como el resto, con la votaci¨®n por mayor¨ªa de dos tercios en la C¨¢mara auton¨®mica. Su primera designaci¨®n ser¨ªa realizada con esa mayor¨ªa de las Cortes pero, posteriormente, su relevo se realizar¨ªa por acuerdo mayoritario de los propios miembros de la secci¨®n, a la manera de las instituciones acad¨¦micas. El requisito, en todo caso, ser¨ªa que los miembros de la Secci¨®n de Lengua fuesen personas de reconocida solvencia ling¨¹¨ªstica. Los autores de esa propuesta, que tambi¨¦n conocen los integrantes del CVC, afirman que "no hay ninguna raz¨®n legal que impida establecer una instituci¨®n consultiva de composici¨®n dual ni mucho menos podr¨ªa acomodarse mejor el esp¨ªritu de lo que se persigue entregando a fil¨®logos, ling¨¹istas, profesores y escritores la competencia en la normativizaci¨®n ling¨¹¨ªstica". Sin embargo, diversos miembros del CVC han expresado sus dudas sobre la viabilidad de una entidad en la que una parte de los integrantes son renovados por las Cortes y el resto se cooptan desde el mismo colectivo. Quienes critican esa propuesta ofrecen como alternativa la creaci¨®n de una nueva entidad integrada por especialistas de prestigio a la cual le ser¨ªan reconocidas la competencias normativas sobre el valenciano. Esta segunda posibilidad s¨®lo implicar¨ªa la aprobaci¨®n de una ley por parte de las Cortes, seg¨²n sus defensores, ya que el Estatut confiere esa capacidad a la Generalitat. Los socialistas llegaron a redactar un borrador para otorgar la autoridad normativa al Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), como reclaman las universidades, pero no llegaron a plasmarlo en un proyecto de ley. Al final del mandado de Joan Lerma, estudiaron tambi¨¦n la posibilidad de conceder la capacidad al IIFV por decreto, pero tambi¨¦n lo descartaron. La b¨²squeda de un consenso lo m¨¢s amplio posible, que ponga la autoridad normativa sobre la lengua a resguardo de los vaivenes pol¨ªticos subyace en las diferentes alternativas.
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