Fujimori militariza parte de la justicia en Per¨²

Cada d¨ªa que pasa, los militares asumen un mayor control del Estado en Per¨², en detrimento del poder civil. En las ¨²ltimas dos semanas, una serie de decretos del Gobierno de Alberto Fujimori han modificado profundamente el marco legal vigente en el pa¨ªs y han colocado bajo la jurisdicci¨®n militar buena parte del C¨®digo Penal, anteriormente en manos de jueces civiles. A partir de ahora, magistrados militares juzgar¨¢n delitos comunes (disfrazados bajo el eufemismo de ?terrorismo agravado?) cometidos por civiles. Abogados independientes han expresado su preocupaci¨®n por esta nueva vuelta de tuerca de Fujimori, en lo que consideran un retroceso del Estado de derecho.

La jurisdicci¨®n militar pasar¨¢ a ocuparse as¨ª de los delitos cometidos por grupos organizados de delincuentes, incluidas las pandillas juveniles y de menores, en los que se haga uso de armas de guerra o protagonizados por personas vestidas con uniformes o distintivos militares o policiales. En general, juzgar¨¢ los secuestros, robos, asesinatos y otros delitos, como el narcotr¨¢fico, achacados a grupos de malhechores.

El Gobierno peruano a¨²n no ha especificado qu¨¦ considera armas de guerra, si fusiles de asalto o armas cortas. La referencia al uso de uniformes y distintivos de los cuerpos de seguridad obedece a los casos de cr¨ªmenes recientemente registrados en Per¨², en los que los delincuentes utilizaron indumentaria militar.

Los decretos del Ejecutivo, que han sorprendido a tirios y troyanos, permiten a partir de ahora que los civiles puedan ser procesados en tribunales militares sin formaci¨®n jur¨ªdica, excepto en uno de sus miembros y referida s¨®lo a la jusridicci¨®n castrense. Asimismo, las garant¨ªas constitucionales de h¨¢beas corpus y amparo s¨®lo podr¨¢n ser presentadas ante una sala especial. Anteriormente, cualquier juez pod¨ªa resolver el tema. Ahora est¨¢ restringido a un pu?ado de magistrados conocidos por su afinidad con el r¨¦gimen.

Sin preparaci¨®n

Pero lo m¨¢s ?aberrante?, como ha dicho un experto internacional en derechos humanos, el venezolano H¨¦ctor Fa¨²ndez, es que los civiles sean procesados por tribunales militares. El fuero militar en Per¨² est¨¢ constituido por magistrados duchos en normas y procedimientos militares, pero, seg¨²n expertos independientes, sin preparaci¨®n jur¨ªdica para poder juzgar delitos comunes.Algo parecido sucedi¨® en 1992, tras el autogolpe de Fujimori y la promulgaci¨®n de las leyes de excepci¨®n contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). En aquellos a?os, el fuero militar cometi¨® tantos errores que forz¨® al Gobierno a formar una comisi¨®n especial para revisar los casos de al menos 800 peruanos injustamente encarcelados.

La mala experiencia, que suscit¨® protestas internacionales, no parece haber calado en el Gobierno de Fujimori, que intenta con esta pol¨ªtica de mano dura ganar unos puntos m¨¢s de aprobaci¨®n en aras de repetir triunfo electoral en el 2000, a pesar de que la Constituci¨®n le proh¨ªbe presentarse de nuevo.

Las c¨¢rceles est¨¢n atestadas de ciudadanos condenados por jueces militares apelando a la celeridad, pero que a fin de cuentas resultaron ser inocentes y que han venido siendo liberados mediante sucesivos indultos.

Otro de los elementos cuestionados por los expertos es el agravamiento de las penas dictadas por los decretos de los ¨²ltimos d¨ªas sin justificaci¨®n alguna. Actualmente, la legislaci¨®n contempla penas muy severas para el secuestro. Sin embargo, es en los ¨²ltimos tiempos cuando se han desarrollado las peores bandas de delincuentes de las que se tiene registro hist¨®rico en Per¨².

Pero en un aspecto s¨ª ha tenido ¨¦xito la dura legislaci¨®n: en que la poblaci¨®n, lime?a sobre todo, pueda ver mejorar un clima actual de inseguridad y desesperaci¨®n, con la consecuencia l¨®gica de alarma y violencia, seg¨²n el abogado penalista Jos¨¦ Ugaz. Ello ha llevado a que, en los sondeos de opini¨®n, la poblaci¨®n est¨¦ fundamentalmente de acuerdo con que el Servicio de Inteligencia Nacional, el organismo controlado por el pol¨¦mico asesor presidencial Vladimiro Montesinos, tenga a su cargo el control de la denominada seguridad nacional, pero que en realidad se refiere a la delincuencia com¨²n.