El testigo Gonz¨¢lez

EL JUICIO que se sigue en el Supremo por el secuestro de Segundo Marey tuvo ayer la comparecencia estelar de Felipe Gonz¨¢lez, presidente del Gobierno cuando ocurrieron los hechos -diciembre de 1983-. Por espacio de tres horas largas rebati¨® las acusaciones de los autoinculpados, con Sancrist¨®bal y Damborenea a la cabeza, que en su defensa han endosado la responsabilidad del secuestro al ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo y, en ¨²ltima instancia, hasta al presidente Gonz¨¢lez. ?ste explic¨® ayer, en su calidad de testigo, que carece de toda l¨®gica que el Gobierno hubiera impulsado ese secuestro, y en general las acciones de los GAL, despu¨¦s de haber acordado con el presidente franc¨¦s, Fran?ois Mitterrand, unas bases de colaboraci¨®n en la lucha contra ETA, como se sostiene en un documento de la Presidencia del Gobierno del 19 de noviembre de 1983, y que resume el contenido de una conversaci¨®n telef¨®nica sostenida con Mitterrand. Gonz¨¢lez asegur¨® que hubiera sido absurdo impulsar unas acciones que hubieran ?interferido gravemente? en la incipiente relaci¨®n con Francia, y que de hecho estuvieron a punto de anular lo conseguido por la v¨ªa diplom¨¢tica.La explicaci¨®n no es del todo nueva. El propio ex presidente la ha desarrollado en ocasiones, y se ha visto avalada por el entonces embajador de Francia, Pierre Guidoni. Desde ayer se ha convertido en testimonio ante un tribunal y su argumentaci¨®n tiene el peso de dos pruebas documentales que introducen algo m¨¢s que una duda en la versi¨®n de los acusadores de que nada ser¨ªa explicable sin el apoyo directo del Gobierno. Hay que tener en cuenta, adem¨¢s, que el testimonio procede de quien sin duda posee un gran caudal de informaci¨®n sobre la seguridad del Estado y de un l¨ªder pol¨ªtico con tan considerable apoyo popular que hay quien piensa -otros lo temen- que alg¨²n d¨ªa pueda volver a gobernar aqu¨ª o en Europa.

El acuerdo b¨¢sico alcanzado en la conversaci¨®n telef¨®nica de noviembre se plasm¨® un mes despu¨¦s en Par¨ªs en un plan de actuaci¨®n que a mediados de enero de 1984 se tradujo en las primeras expulsiones, detenciones y confinamientos de etarras por parte del Gobierno franc¨¦s. Gonz¨¢lez rest¨® tambi¨¦n verosimilitud a la versi¨®n de que el secuestro de Marey habr¨ªa sido una forma de presionar a las autoridades francesas para que pusieran en libertad a los cuatro polic¨ªas espa?oles detenidos cuando intentaron secuestrar al etarra Larretxea. La fiscal¨ªa francesa emiti¨® dos semanas antes del secuestro un dictamen a favor de su libertad. Lejos de forzar la liberaci¨®n de estos agentes, el secuestro pudo provocar una reacci¨®n negativa por parte de Francia.

Gonz¨¢lez a?adi¨® una sugerencia m¨¢s: la de cambiar la ley para que el tribunal pueda acceder a los documentos elaborados por el Cesid en esa ¨¦poca, ya que se siente indefenso, limitado por el secreto oficial. El acceso a esos documentos permitir¨ªa, a su juicio, demostrar que el Gobierno nada tuvo que ver con los GAL y que la llamada acta fundacional fue una prueba fabricada.

En su condici¨®n de testigo, Gonz¨¢lez defendi¨® con aplomo la no participaci¨®n -?jam¨¢s?- de Barrionuevo en el desarrollo de los GAL, uno o varios, por las mismas razones: resultar¨ªa absurdo que el ministro del Interior actuara en contra de la pol¨ªtica del Gobierno, cuya prioridad, no s¨®lo en la lucha contra ETA, sino tambi¨¦n en el desbloqueo de las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Europea, pasaba por un buen entendimiento con Francia.

Estamos en un juicio en el que est¨¢n en juego penas de c¨¢rcel. El testimonio de Gonz¨¢lez es un elemento m¨¢s para que el Tribunal Supremo fije la verdad judicial . Pero en este empe?o tampoco se puede olvidar el uso pol¨ªtico que se ha hecho de los GAL. En respuesta al testimonio de la v¨ªspera de ?lvarez Cascos, Gonz¨¢lez mencion¨® la ?concertaci¨®n de voluntades?, para no hablar de ?conspiraci¨®n?. Cascos result¨® poco convincente al explicar los contactos que desde la oposici¨®n mantuvo en 1994 con el abogado de los polic¨ªas Amedo y Dom¨ªnguez, ya condenados. Pero, en una utilizaci¨®n claramente pol¨ªtica de una comparecencia judicial, elev¨® el tiro para volver a apuntar a Gonz¨¢lez como el responsable ¨²ltimo de los GAL, olvidando, interesadamente, que la guerra sucia contra ETA tiene ra¨ªces que se remontan al franquismo.

Este pa¨ªs, que en el camino emprendido ha destrozado, entre otras cosas, a sus servicios secretos, nunca deber¨ªa haber llegado a tal cruce de acusaciones. Hay que aclarar lo ocurrido con los GAL, aunque sea 15 a?os despu¨¦s de los primeros hechos, pero es preciso desvelar el cinismo de quienes utilizan el terrorismo, que es aflicci¨®n de todos, en su beneficio pol¨ªtico. Como dijo Gonz¨¢lez, ?ser¨ªa concebible que, si ETA dejara de matar, 10 a?os despu¨¦s se reabriera un procedimiento para meter a los etarras en la c¨¢rcel? El esp¨ªritu de la transici¨®n llev¨® al primer Gobierno socialista a aplicar a 106 miembros de ETA Pol¨ªtico-militar un indulto decidido por el ¨²ltimo ministro del Interior de UCD, Juan Jos¨¦ Ros¨®n. Ni la UCD ni el PSOE buscaban medallas en ello, sino contribuir a solventar un problema com¨²n. Eso es lo que deben hacer tambi¨¦n hoy los pol¨ªticos, dejando a los jueces cumplir con su tarea.