Los agentes sociales rechazan la tasa destinada a los gestores del agua

El Consejo Econ¨®nimo y Social (CES), organismo en el que est¨¢n representados los sindicatos, las patronales, los agricultores y los consumidores, aprob¨® ayer por 23 votos a favor y 18 en contra un dictamen sobre la reforma que el Gobierno plantea de la Ley de Aguas. El informe del CES rechaza la tasa proyectada para sostener a las Confederaciones Hidrogr¨¢ficas, y a?ade que la reforma no garantiza una gesti¨®n eficaz del agua

Ninguno de los colectivos representados en el Consejo Econ¨®mico y Social ha quedado satisfecho con el dictamen. La CEOE vot¨® en contra, y tambi¨¦n los colectivos agrarios, aunque por distintas razones que han expuesto en votos particulares.El dictamen asume el principio que inspira la reforma de la Ley de Aguas: flexibilizar los r¨ªgidos mecanismos que permiten la transferencia de concesiones para el uso del agua, lo que en lenguaje coloquial se denomina mercado del agua. Pero mientras a la CEOE le parece un reflejo muy lejano de lo que pretend¨ªa -un aut¨¦ntico mercado libre- los colectivos agrarios y los sindicatos temen que con esta reforma vaya a reproducirse en la Pen¨ªnsula lo que sucede en el archipi¨¦lago canario.

En algunas de sus islas, los agricultores se han quedado sin agua al no poder competir con las grandes desaladoras, que la compran durante todo el a?o a los aguatenientes (todav¨ªa es privada el agua de pozos) a un precio que ellos no pueden pagar, ni siquiera durante la temporada en que m¨¢s la necesitan.

En una enmienda suscrita por UGT, CC OO, UPA y COAG, se afirma que la introducci¨®n de la venta de los derechos de uso del agua supone atribuir al poseedor de los mismos un derecho que "quiebra el principio de bien p¨²blico y social". "Ello no llevar¨¢ a un uso m¨¢s eficiente del agua, ni a un mejor reparto de la misma, sino que fomentar¨¢ que los usos actuales o potenciales con mayor poder adquisitivo puedan acumular derechos en detrimento del conjunto de la sociedad en general y de los sectores m¨¢s desfavorecidos en particular".

Seg¨²n el dictamen del CES, el proyecto presentado por el Ministerio de Medio Ambiente "no garantiza suficientemente que se vayan a cumplir sus principios rectores de lograr un mayor ahorro y eficiencia en la gesti¨®n del agua" porque da la espalda a la planificaci¨®n. Ese mecanismo jur¨ªdico que echa en falta constituye, seg¨²n el dictamen "una de las piezas fundamentales de toda ley de aguas, pues supone establecer las garant¨ªas suficientes en materia de planificaci¨®n, realizaci¨®n y explotaci¨®n de las obras hidr¨¢ulicas". Por ese motivo advierte de que la reforma deber¨ªa tener en cuenta las modificaciones que incorporen el Plan Hidrol¨®gico Nacional y el Plan Nacional de Regad¨ªos, ambos pendientes de conocerse.

Falta de rigor

Cuando aborda la reforma de tasas y c¨¢nones que el Gobierno pretende aplicar, el dictamen del CES lamenta que el anteproyecto no vaya acompa?ado de una memoria econ¨®mica y afirma, sin rodeos, que "la regulaci¨®n adolece de falta de rigor conceptual y contiene elementos ambiguos que pueden crear problemas a la hora de su aplicaci¨®n". Por esa raz¨®n rechaza directamente el art¨ªculo 104 y la pretensi¨®n de aplicar un canon de ocupaci¨®n y utilizaci¨®n de bienes del dominio p¨²blico a los conesionarios de aguas. "Lo ¨²nico que hace es cobrar un alquiler por el uso de un activo, sin introducir ning¨²n efecto disuasorio que redunde en la mejora del medio afectado", dice el dictamen.Tambi¨¦n propone el CES que se suprima la tasa de gastos generales para sostener a las Confederaciones Hidrogr¨¢ficas. "Su definici¨®n es poco concreta -dice el dictamen- y permite incorporar al c¨¢lculo de la misma pr¨¢cticamente cualquier tipo de gasto o inversi¨®n. Adem¨¢s puede dar lugar a supuestos de doble imposici¨®n y no es claro el criterio para el reparto proporcional entre los usuarios".

Inter¨¦s general

Tampoco acepta el CES la propuesta de que las las obras hidr¨¢ulicas puedan declararse de inter¨¦s general por el Consejo de Ministros, en lugar de hacerse por ley como hasta ahora. Entiende este organismo consultor del Gobierno que estas obras cuando impliquen modificaciones sustanciales del entorno natural "deben ser objeto de una planificaci¨®n integral, realizada con la m¨¢s amplia participaci¨®n de los agentes sociales, incluso en las obras que se ejecuten por el procedimiento de urgencia".Para el presidente de la Comisi¨®n que ha estudiado la reforma, Jos¨¦ Mar¨ªa Callejo (de UGT), el dictamen "es una llamada de atenci¨®n al Gobierno sobre la necesidad de que la Ley de Aguas (1985) no caiga como el agua que se pierde en un r¨ªo". Con las salvedades ya se?aladas, a Jos¨¦ de la Cavada, portavoz de la CEOE, le gusta m¨¢s la ley del 85 que la reforma que se propone.