Riesgo de fractura

POR PRIMERA vez en democracia, dos altos cargos de un Gobierno, el ex ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, han sido condenados a penas de c¨¢rcel por un tribunal. Por una mayor¨ªa de siete votos contra cuatro, la Sala Segunda del Tribunal Supremo les considera responsables del secuestro de Segundo Marey y les impone una pena de 10 a?os de prisi¨®n, adem¨¢s de la correspondiente inhabilitaci¨®n, que obliga a Barrionuevo a abandonar su esca?o en el Congreso.La sentencia considera probada la participaci¨®n de ambos en el secuestro, y establece que "conocieron, aprobaron y dieron el dinero necesario para pagar a los mercenarios proveniente de los fondos reservados, y, despu¨¦s, en la noche de la llegada a Espa?a del secuestrado y en los d¨ªas posteriores, hasta su liberaci¨®n, estuvieron al corriente de todas las incidencias del hecho hasta inclusive la liberaci¨®n".

Se trata de una sentencia firme, aunque es seguro que los condenados recurrir¨¢n en amparo al Constitucional y, eventualmente, ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ni Barrionuevo ni Vera parecen dispuestos a solicitar el indulto, pero el Gobierno tiene base legal suficiente para concederlo por motivos de inter¨¦s pol¨ªtico sin que lo soliciten los condenados ni el tribunal.

Toda sentencia es un arbitraje, basado naturalmente en un correcto procedimiento probatorio y en la aplicaci¨®n de las leyes. Como tal, debe ser acatada por todas las partes, y sobre todo por quienes desde la responsabilidad del Gobierno o de la oposici¨®n est¨¢n obligados a defender el Estado de derecho. No se puede olvidar que el caso lleg¨® a manos del Supremo en medio de una violenta batalla pol¨ªtica, pero al final los 11 magistrados ten¨ªan que dictar una sentencia y lo han hecho. La Sala ha desechado, por mayor¨ªa, la prescripci¨®n de los hechos y las alegaciones de nulidad y ha establecido que los responsables de la lucha antiterrorista en 1983 cometieron dos delitos por los que deben ser condenados. De la existencia de cuatro votos particulares no puede deducirse que haya una especie de sentencia bis absolutoria, pero la divisi¨®n de la Sala refleja en buena medida la fractura que sobre este asunto existe en la propia sociedad espa?ola.

Votos particulares

Los tres votos particulares presentados (por cuatro magistrados, entre ellos el presidente de la Sala) coinciden, en lo sustancial, en la ausencia de pruebas para condenar a Barrionuevo y Vera. Dichos votos, muy bien elaborados jur¨ªdicamente, entienden que durante el juicio no ha quedado acreditado que ambos participasen en la detenci¨®n ilegal de Marey, "ni incit¨¢ndola, ni autoriz¨¢ndola, ni respald¨¢ndola, ni interviniendo". Uno de los votos dice expl¨ªcitamente que procede "la absoluci¨®n de los acusados Vera y Barrionuevo por carencia de prueba de cargo contra ellos, raz¨®n por la que no se ha destruido su derecho a ser presumidos inocentes".Otro magistrado afirma que las acusaciones de los autoinculpados trataron de obtener "una apariencia de mayor seriedad de sus acusaciones al presentarlas como cubiertas por altas razones de Estado y bajo la decisi¨®n de los altos cargos del Ministerio del Interior y, a la vez, ofrec¨ªan un importante apoyo al principal partido de la oposici¨®n, empe?ado entonces en una lucha de vigoroso antagonismo con el partido que gobernaba, sobre todo si lograban implicar en el delito al mismo presidente del Gobierno, y con la esperanza, al obrar as¨ª, de encontrar gracia en quienes luego ser¨ªan, a su vez, gobierno, para ser indultados por su participaci¨®n delictiva". El tercer voto particular considera que en el juicio no ha quedado acreditado tampoco que la idea de realizar acciones contra ETA al margen de la ley fuese nunca asumida por el Gobierno de 1983.

El conjunto del fallo -la sentencia y los votos particulares- permite interrogarse leg¨ªtimamente sobre los motivos de que los magistrados hayan llegado a posturas tan antag¨®nicas acercade los hechos probados, los an¨¢lisis de las pruebas y los fundamentos jur¨ªdicos en lo referente a Barrionuevo y Vera. La aparente coincidencia entre las posiciones ideol¨®gicas atribuidas a los magistrados y su voto no puede dejar de tener lecturas pol¨ªticas. La suposici¨®n de que el Supremo ha sido inmune a toda la presi¨®n medi¨¢tica y pol¨ªtica que ha habido en este caso no es sostenible. El acatamiento de la sentencia y la aprobaci¨®n que merece el hecho de que los cr¨ªmenes cometidos en nombre de la raz¨®n de Estado se castiguen no puede empa?ar la mente hasta el punto de ignorar que el partido socialista ascendi¨® al poder poco despu¨¦s de un golpe de Estado y hered¨® un aparato de seguridad inmerso hasta el cuello en actividades de guerra sucia, no s¨®lo contra ETA, sino tambi¨¦n contra la democracia tan trabajosa y dif¨ªcilmente obtenida.

Estamos seguros de que los jueces del Supremo han emitido su fallo teniendo en cuenta todas estas circunstancias y que desde su delicada responsabilidad han pretendido contribuir a reforzar la solidez de nuestra democracia con la aplicaci¨®n de la ley. No estamos seguros de que lo hayan conseguido, a la luz de las conclusiones tan diametralmente opuestas a las que han llegado los magistrados.

A los principales partidos de este pa¨ªs corresponde ahora, despu¨¦s de acatar la sentencia, evitar que la consecuencia inmediata sea un aumento de la inestabilidad pol¨ªtica y la confrontaci¨®n. La democracia no puede edificarse sobre cr¨ªmenes de Estado y es obligaci¨®n de los tribunales depurar responsabilidades, pero la clase pol¨ªtica no puede olvidar que los GAL no fueron nunca el principal problema de la democracia espa?ola, y desde luego, no lo han sido durante la ¨²ltima d¨¦cada. La guerra sucia ha sido una pesada herencia que desde el franquismo recorri¨® los diez primeros a?os de la democracia, pero ese cap¨ªtulo pudo cerrarse al fin y, al margen de que se sustancien los procesos a¨²n pendientes y se ejecuten las sentencias, ser¨ªa bueno que los pol¨ªticos se comprometieran a no lucrarse pol¨ªticamente de estos casos para dedicar su esfuerzo principal al que sigue siendo hoy el principal problema de este pa¨ªs: la violencia terrorista de ETA, que contin¨²a campando por sus respetos hasta el d¨ªa de hoy.

?se es el problema fundamental que tiene planteado el Gobierno. Hemos dicho en muchas ocasiones que la guerra sucia dio en su d¨ªa argumentos a ETA para reclutar a una generaci¨®n de nuevos militantes. Que los tribunales juzguen y dicten sentencia sobre tales hechos contribuye a deslegitimar a los terroristas, pero no basta para poner coto al terrorismo. Habida cuenta de la situaci¨®n actual del Pa¨ªs Vasco, el Gobierno de Aznar tiene ante s¨ª un reto formidable y nada f¨¢cil, al que no contribuir¨¢ un nuevo enfrentamiento con el primer partido de la oposici¨®n.

Al PSOE corresponde tambi¨¦n acatar la sentencia sin enrocarse en un intercambio de improperios. Los socialistas ya han anticipado que hacen suyos los razonamientos de los magistrados discrepantes. Hay que apelar a su madurez como partido para evitar que sus declaraciones, o sus actos, ampl¨ªen la fractura social que sin duda existe en este caso. La sensaci¨®n de paganos de todas las irregularidades que han existido en los ¨²ltimos a?os en la vida p¨²blica, que tienen dolorosamente muchos militantes socialistas, no debe llevarles al monte.

De otro lado, tampoco la sentencia de ayer puede servir de peana para criminalizar toda la etapa socialista. Hoy m¨¢s que nunca es necesario que el PP y el PSOE puedan rehacer un consenso b¨¢sico para vertebrar la convivencia democr¨¢tica y erradicar el terrorismo. Cualquier otra cosa ser¨ªa suicida.