Iruin acusa a Bueren de espiar su despacho de abogado sin raz¨®n

Los abogados de Herri Batasuna ??igo Iruin, ?lvaro Reiz¨¢bal y Andr¨¦s Ormaz¨¢bal, as¨ª como dos empleados no letrados del mismo despacho, presentaron el 3 de agosto en los juzgados de Madrid una querella criminal contra el ex juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren -que desde 1996 ejerce la abogac¨ªa en un despacho especializado en Derecho Mercantil-, al que acusan de prevaricaci¨®n [dictar resoluci¨®n injusta a sabiendas]. Los querellantes imputan a Bueren haber ordenado durante m¨¢s de 22 meses, entre 1991 y 1993, escuchas telef¨®nicas del mencionado bufete mediante 12 resoluciones sucesivas, en ninguna de las cuales se alegaban razones suficientes para iniciar o continuar el control telef¨®nico del despacho.El abogado Miguel Castells, que ha elaborado la querella, argumenta que las escuchas telef¨®nicas ordenadas por Bueren fueron de las llamadas "predelictuales o de prospecci¨®n", prohibidas por la ley, que exige que existan indicios de delito para intervenir el tel¨¦fono del supuesto delincuente. Castells explic¨® que Bueren tampoco cumpli¨® la exigencia de la jurisprudencia de comunicar al afectado la intervenci¨®n telef¨®nica realizada sin ¨¦xito, para que pueda ejercitar las acciones que procedan.

El PP y la estrategia de HB

El portavoz de Justicia del Grupo Popular, Andr¨¦s Ollero, ha vinculado esta querella de Iruin y sus compa?eros de despacho con "la estrategia procesal de defensa" de Herri Batasuna, que, "sin duda", asegur¨® a Servimedia, "persigue desprestigiar a la Justicia en favor de sus intereses". En la misma l¨ªnea, Jos¨¦ Luis Requero, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, ha expresado su extra?eza por la tardanza de los abogados de HB en interponer una querella por hechos concluidos en 1993.En respuesta a estas objeciones, Castells explic¨® a este peri¨®dico que la primera noticia la tuvo Iruin en 1993, cuando comprob¨® que, siendo senador -dej¨® de serlo el 6 de junio de ese a?o-, su despacho era controlado por la Ertzaintza sin previa autorizaci¨®n del Tribunal Supremo. Denunciado el hecho ante los juzgados de San Sebasti¨¢n, los agentes de la polic¨ªa aut¨®noma vasca informaron de que la intervenci¨®n telef¨®nica formaba parte de las diligencias n¨²mero 372/1991, ordenadas por el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional.

Mientras Bueren fue titular de ese juzgado, los afectados no tuvieron acceso a las actuaciones, por lo que insistieron ante el juez de instrucci¨®n n¨²mero 3 de San Sebasti¨¢n, Justo Rodr¨ªguez, para que las reclamara a la Audiencia Nacional. Tras reiteradas peticiones y siendo titular Javier G¨®mez de Lia?o, los abogados obtuvieron las actuaciones y Castells prepar¨® la querella, que ha presentado unos d¨ªas antes de que transcurrieran los cinco a?os para la prescripci¨®n del delito.