Un juez argentino cita a declarar a un ministro por tr¨¢fico de armas

La causa judicial sobre la venta ilegal de armas argentinas ha dado un importante vuelco al apuntar la investigaci¨®n directamente al Gobierno. El juez federal Jorge Urso ha imputado al actual ministro de Trabajo, Antonio Erman Gonz¨¢lez, y el martes le cit¨® a declarar para que explique su firma, como antiguo ministro de Defensa, en los decretos presidenciales que autorizaban la venta de armas a naciones que nunca las recibieron y que fueron desviadas a pa¨ªses en conflicto. Erman Gonz¨¢lez, amigo y hombre de confianza de Carlos Menem, anticip¨® que "se pondr¨¢ inmediata y espont¨¢neamente a disposici¨®n de la justicia". De momento ha quedado imputado por su presunta responsabilidad en un "delito de falsedad ideol¨®gica de documento p¨²blico".El juez ha citado a otros 13 funcionarios en activo y jubilados y militares retirados, entre ellos el actual viceministro de Defensa, Jorge Pereyra de Olaz¨¢bal, el exvicecanciller Juan Carlos Olima, y el exviceministro de Econom¨ªa Carlos S¨¢nchez.

Balza, en peligro

Erman Gonz¨¢lez firm¨® en 1991 los decretos presidenciales para vender 6.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Panam¨¢, pa¨ªs que no tiene ej¨¦rcito desde la invasi¨®n estadounidense en 1989. Dicho arsenal fue desviado por Diego Palleros, ex teniente coronel y traficante de armas, hacia Croacia en plena guerra en la antigua Yugoslavia y cuando la ONU hab¨ªa decretado un embargo de material militar a aquel pa¨ªs. En aquella ¨¦poca, 800 militares argentinos formaban parte de las fuerzas de pacificaci¨®n de Naciones Unidas.El mismo ministro impuls¨® en 1992 otro decreto para vender armamento valorado en 51 millones de d¨®lares a Bolivia, aunque este pa¨ªs no estaba en condiciones de afrontar semejante gasto. El Gobierno inform¨® posteriormente que la operaci¨®n no se llev¨® a cabo. En 1995, otro decreto presidencial autorizaba env¨ªos de armas a Venezuela, que acabaron en Croacia y Ecuador, pa¨ªs que libraba una guerra con Per¨². La citaci¨®n a declaraci¨®n indagatoria, seg¨²n el C¨®digo de Procedimiento argentino, tiene lugar cuando "hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisi¨®n de un delito". Este paso dado por el juez Urso supone un cambio de rumbo en la investigaci¨®n sobre el tr¨¢fico ilegal de armas, al apuntar directamente al Ejecutivo y, m¨¢s concretamente, a la figura de Erman Gonz¨¢lez. Hasta ahora, el tambi¨¦n exministro de Defensa ?scar Camili¨®n y el jefe del Ej¨¦rcito, teniente general Mart¨ªn Balza, estaban en el punto de mira de las indagaciones de la justicia.

El general Balza reuni¨® la semana pasada a 400 altos oficiales del Ej¨¦rcito y explic¨® su posici¨®n ante una comisi¨®n parlamentaria en una estrategia defensiva que pretende que Erman Gonz¨¢lez asuma su responsabilidad pol¨ªtica en la venta de armas a Croacia.