El Tribunal Superior investiga a Farreres por el reparto de los fondos de formaci¨®n
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha admitido a tr¨¢mite una querella contra el consejero de Trabajo, Ignasi Farreres, al que se le acusa de un supuesto delito continuado de prevaricaci¨®n por entender que las subvenciones p¨²blicas de los fondos de formaci¨®n de los ¨²ltimos a?os se han otorgado siguiendo un criterio "particular, partidista y arbitrario". Los querellantes denuncian tambi¨¦n que todav¨ªa no les han sido pagados 70 millones de pesetas que les fueron aprobados por cursos ya realizados y acusan a Farreres de favorecer a sociedades vinculadas a Uni¨® Democr¨¤tica.
El Departamento de Trabajo de la Generalitat sali¨® anoche al paso de esas acusaciones con un comunicado en el que asegura que las dos empresas que presentan la querella fueron investigadas por la Administraci¨®n auton¨®mica y se observ¨® un supuesto desv¨ªo de 119 millones de pesetas procedentes de esas subvenciones. La querella contra el consejero que ya tramita el TSJC ha sido presentada por el Centro de Formaci¨®n profesional Tau, S. L., y por la Escuela de Instaladores Barcelona, S. L. Ambas entidades pertenecen a la Asociaci¨®n Catalana de Centros de Formaci¨®n Profesional (ACCFP), cuya cabeza visible es el empresario Jos¨¦ M¨¦ndez P¨¦rez, vinculado al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Los querellantes aseguran que desde 1995 han exigido sin ¨¦xito a Trabajo que las subvenciones p¨²blicas que concede en materia de formaci¨®n ocupacional, incluidas las procedentes del Fondo Social Europeo, se realicen con los principios de "objetividad, concurrencia y publicidad". En este sentido, los denunciantes recuerdan que durante 1996 se reunieron con altos funcionarios de Trabajo para pedir explicaciones por los criterios utilizados en el reparto y aseguran que Farreres les respondi¨® "que s¨®lo rend¨ªan cuentas ante el Parlament". Estas reuniones provocaron, seg¨²n la querella, que Trabajo les enviase un inspector y que no encontraran ninguna irregularidad en los centros que firman la querella. Durante 1997, esos centros dieron un paso m¨¢s y presentaron recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de Trabajo, denunciando nuevamente que se les discriminaba en el reparto y la falta de transparencia en las ayudas, que en ese per¨ªodo ascendieron a 23.500 millones de pesetas. Subvenciones retenidas En noviembre del a?o pasado, la Asociaci¨®n Catalana de Centros de Formaci¨®n Profesional fue m¨¢s all¨¢ y denunci¨® los hechos al S¨ªndic de Greuges y a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. En esas denuncias se explica que Trabajo les ha retenido las subvenciones ya aprobadas por cursos realizados en esos centros en los a?os 1995, 1996 y 1997. D¨ªas despu¨¦s, seg¨²n explica la querella, recibieron una carta de la Generalitat anunciando que se realizar¨ªa un control financiero a esas entidades. Los denunciantes aseguran que s¨®lo ellos sufrieron esas inspecciones, mientras que Trabajo, por el contrario, afirma que tambi¨¦n se han realizado a otros centros colaboradores. El pasado mes de enero y despu¨¦s de la intervenci¨®n del S¨ªndic, Trabajo les abon¨® las subvenciones de 1995, seg¨²n la querella, pero todav¨ªa siguen pendientes de pago 70 millones de los dos ¨²ltimos a?os que el Departamento de Econom¨ªa y Finanzas ya hab¨ªa aprobado pagar. La querella explica que el pasado 20 de mayo Trabajo revoc¨® las subvenciones percibidas durante 1997 por uno de los centros y que este a?o no les han concedido ninguna. Eso ha provocado, seg¨²n los denunciantes, que los seis centros de la asociaci¨®n quedasen "totalmente inactivos y en una situaci¨®n financiera insalvable", vi¨¦ndose obligados a suspender la contrataci¨®n de un centenar de profesores que impart¨ªan esos cursos. PASA A LA P?GINA 5
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