Antecedentes del Plan Hidrol¨®gico

Acreedores al recuerdo resultan, sin duda, los grandes proyectos de canales de navegaci¨®n y riego del reformismo ilustrado, fracasados unos, y desarrollados otros; cabe afirmar, en s¨ªntesis, que los designios hidr¨¢ulicos de esta ¨¦poca, adolecen, con frecuencia, de dosis elevadas de arbitrismo, utop¨ªa e insuficiente conocimiento del medio f¨ªsico, pero tuvieron tambi¨¦n, en contrapartida, un innegable componente de modernidad, con clara anticipaci¨®n de futuro. En la centuria siguiente, los excepcionales logros legislativos sobre aguas alcanzados durante su segunda mitad, cuyos hitos sobresalientes son la ley sobre dominio y aprovechamiento de aguas del 3 de agosto de 1866, primer c¨®digo espa?ol y europeo de dicha materia, y, sobre todo, la longeva Ley de Aguas del 13 de junio de 1879, vigente hasta el 31 de diciembre de 1985, inducen, de modo casi inevitable, a infravalorar, por comparaci¨®n, las actuaciones de planificaci¨®n hidr¨¢ulica de este periodo. Sin embargo, es de resaltar que esta etapa conoce una valiosa iniciativa para el estudio hidrol¨®gico de Espa?a, a cargo de las divisiones hidrol¨®gicas, instituidas en 1865; por desgracia, estos organismos, cuyo cometido revest¨ªa vital inter¨¦s, funcionaron de forma intermitente, hasta su supresi¨®n definitiva en 1891. A comienzos del siglo actual se establecieron las divisiones de trabajos hidr¨¢ulicos, mediante las cuales, y a trav¨¦s de su inspecci¨®n general, se elaborar¨ªa el Plan General de Canales de Riego y Pantanos (1902), primer planteamiento de alcance nacional, que, a pesar de su declarado car¨¢cter provisional, perdur¨® hasta 1926, a?o en que se inicia la creaci¨®n de las confederaciones sindicales hidrogr¨¢ficas. Acorde con las formulaciones regeneracionistas, el Plan de 1902, auspiciado por el ministro Gasset, y promulgado por su sucesor, Canalejas, constituy¨® la respuesta liberal a la grave crisis agraria que padec¨ªa el pa¨ªs. Carente de la informaci¨®n b¨¢sica para la toma de decisiones sobre la ampliaci¨®n de regad¨ªos, y estimando ¨¦stos igualmente beneficiosos por doquier, adopt¨® como criterio de elecci¨®n el menor coste por hect¨¢rea transformada; ello daba preferencia a las tierras interiores, en detrimento de la fachada mediterr¨¢nea, minusvalorando los duros y prolongados inviernos de aqu¨¦llas. Por estos y otros motivos, el balance general del plan de 1902 arroj¨® resultados poco o nada satisfactorios. La dictadura de Primo de Rivera vari¨® esencialmente la pol¨ªtica hidr¨¢ulica, al decidirse por la descentralizaci¨®n, confiada a las confederaciones sindicales hidrogr¨¢ficas, organismos con gran autonom¨ªa de actuaci¨®n. As¨ª, pues, la perspectiva fue, entonces, marcadamente regional. Empero, como afirm¨®, en 1934, Manuel Lorenzo Pardo, el modelo, "no era la organizaci¨®n completa. Ten¨ªa, adem¨¢s, el grave achaque de la desigualdad; obedec¨ªa m¨¢s a est¨ªmulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional". Estos inconvenientes son los que pretendi¨® superar el magno I Plan Nacional de Obras Hidr¨¢ulicas (1933), del que fue alma el citado ingeniero, y cuya premisa era la supeditaci¨®n de aspiraciones regionales y actuaciones privadas al inter¨¦s nacional. Objetivo primordial del citado plan de 1933, en cuya confecci¨®n y tr¨¢mite parlamentario priv¨®, ejemplarmente, por encima de fort¨ªsimas discrepancias pol¨ªticas, la raz¨®n de Estado, era la correcci¨®n de dos desequilibrios: el hidrogr¨¢fico entre las vertientes atl¨¢ntica y mediterr¨¢nea, y, junto a ¨¦l, la marginaci¨®n de la zona mediterr¨¢nea en el plan de 1902. Por ello, la pieza maestra de aqu¨¦l fue el Plan de Mejora y Ampliaci¨®n de los Riegos de Levante, que preve¨ªa la transformaci¨®n de 338.000 hect¨¢reas en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almer¨ªa, Albacete y Cuenca. Para completar los regad¨ªos inseguros y dotar los ocasionales y nuevos en este ¨¢mbito se requer¨ªan 2.297,16 hect¨®metros c¨²bicos anuales, volumen ingente, que proporcionar¨ªan, junto a los r¨ªos valencianos y murcianos, las cabeceras del Guadiana y, sobre todo, del Tajo. A diferencia del plan de 1902, ¨¦ste revest¨ªa un acusado sesgo levantino. Y, por supuesto, origin¨® una encendida pol¨¦mica, de signo opuesto a la anterior. Frente a una entusiasta y fervorosa adhesi¨®n de los agricultores levantinos, el diario Norte de Castilla habl¨® de preterici¨®n de la Meseta y reclam¨® "un plan verdaderamente nacional, no s¨®lo mediterr¨¢neo". Pero m¨¢s pr¨®ximo, geogr¨¢fica y tem¨¢ticamente, al duro enfrentamiento del gobierno auton¨®mico de Castilla-La Mancha con los de Valencia y Murcia, sin olvidar al Ministerio de Obras P¨²blicas, en el verano de 1994, queda una comunicaci¨®n de Jos¨¦ Gallarza, representante de la Diputaci¨®n de Toledo en el Congreso Nacional de Riegos de Valladolid (1934), que, con el inequ¨ªvoco y rotundo t¨ªtulo de Ni plan ni nacional, arremet¨ªa ferozmente contra el mismo, calificando de "catastr¨®fico" el proyectado trasvase del Tajo, al tiempo que empleaba, por primera vez, que sepamos, un razonamiento reiterado estos ¨²ltimos a?os, al preguntarse "por qu¨¦ hab¨ªa de favorecerse a las zonas ricas, donde el Estado solo y espl¨¦ndido ha realizado multitud de obras, a costa de las pobres, donde el Estado no ha realizado nada, pudi¨¦ndose emplear en ellas todas las disponibilidades de la cuenca y toda el agua del trasvase"; se esgrim¨ªa as¨ª, tempranamente, el argumento que luego, de manera sint¨¦tica, invoca la "solidaridad de rentas", a la que llaman las comunidades aut¨®nomas mejor dotadas en aguas, pero menos desarrolladas, frente a la "solidaridad hidr¨¢ulica" reclamada por otras cuyo condicionamiento es inverso. Se trata de posturas hist¨®ricamente encontradas, ahora latentes, que han sonado con sordina a ra¨ªz de la aprobaci¨®n de los planes hidrol¨®gicos de cuenca, prontas a crecerse en la discrepancia y que habr¨¢n de ser reconducidas y armonizadas por el Plan Hidrol¨®gico Nacional. Pero esta cuesti¨®n, cuya trascendencia no es preciso encarecer, merece consideraci¨®n aparte.