La fiscal¨ªa ampl¨ªa las imputaciones contra el alcalde de Pego por la destrucci¨®n del marjal

La fiscal¨ªa ha respaldado las imputaciones que la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de D¨¦nia ha realizado contra el alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, y el concejal de Agricultura del municipio, Jos¨¦ Orihuel (PP), por la destrucci¨®n del marjal de la localidad. El ministerio p¨²blico tambi¨¦n acusa a ambos cargos de un delito continuado contra el medio ambiente, pero ampl¨ªa las acusaciones de la juez: considera que Pascual ha podido incurrir en un delito de agresiones, otro de amenazas y un tercero de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Seg¨²n Acci¨® Ecologista-Agr¨®, el primer edil alienta, contraviniendo un auto judicial, la destrucci¨®n de un paraje protegido.

El responsable de Medio Ambiente de la fiscal¨ªa de Alicante, Ricard Cabedo, ha tardado m¨¢s de un a?o en actuar en el conflicto judicial abierto por la devastaci¨®n del marjal de Pego,pero su primera iniciativa no ha podido ser m¨¢s contundente y a?ade varias imputaciones a las ya efectuadas por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de D¨¦nia. La magistrada imput¨® a Pascual y Orihuel sendos delitos continuados contra el medio ambiente y la fauna y la flora protegidas. Seg¨²n la juez, el alcalde y el concejal de la localidad de la Marina Alta auspiciaban la destrucci¨®n del paraje fomentando su uso como un arrozal. Cabedo ha apoyado estas imputaciones, y adem¨¢s de respaldar el auto judicial que deber¨ªa impedir cualquier actividad agr¨ªcola en la zona, ha lanzado una ristra de acusaciones contra los responsables municipales y otras cuatro personas. El escrito presentado por la fiscal¨ªa imputa a todos ellos un delito de amenazas, otro de incendios, un tercero de agresiones y un cuarto de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. Las conclusiones de Cabedo son contundentes: Pascual y Orihuel han intentado intimidar a los vecinos o ecologistas opuestos al cultivo de arroz en el marjal; han propiciado la quema de terrenos protegidos por ley para su explotaci¨®n agr¨ªcola o han llegado a agredir a aquellas personas contrarias a sus tesis sobre el futuro del paraje. La acusaci¨®n p¨²blica tambi¨¦n acusa de estos delitos a otras cuatro personas, que junto a Pascual y a Orihuel ser¨ªan corresponsables de dilapidar el dinero de la Administraci¨®n. En opini¨®n de Acci¨® Ecologista-Agr¨®, el Ayuntamiento de Pego ha dilapidado parte de sus recursos en fomentar el cultivo de arroz en el marjal, contraviniendo as¨ª un auto judicial. La organizaci¨®n ecologista no tiene dudas de que esta actuaci¨®n es ilegal y, adem¨¢s, ni siquiera es rentable. Los datos de Agr¨® aseguran que cada kilo de arroz extra¨ªdo del marjal implica un coste de 800 pesetas, cifra muy superior al precio de mercado. 1.500 millones en da?os La organizaci¨®n ecologista, personada como acusaci¨®n particular en el proceso abierto en el juzgado de D¨¦nia, ha respaldado todas y cada una de las acusaciones lanzadas por el fiscal, aunque ha complementado ¨¦stas con otras peticiones al instructor de la causa. As¨ª, el letrado de Agr¨® ha solicitado una fianza de 1.500 millones de pesetas al Ayuntamiento de Pego, como entidad que deber¨ªa asumir la responsabilidad civil subsidiaria en caso de una sentencia contraria a sus tesis. Un estudio de la Universidad de Alicante ha cifrado en esa cantidad los da?os causados en el marjal por algunos agricultores, que, en opini¨®n de la entidad medioambiental, han da?ado irreversiblemente un espacio protegido por varias directivas europeas con el apoyo del Ayuntamiento y la "permisividad" de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente. Agr¨® solicita, por ello, la intervenci¨®n urgente del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en la resoluci¨®n de un conflicto motivado por unas actuaciones contrarias al poder legislativo -vulneran una ley de las Cortes Valencianas- y al judicial, ya que hacen caso omiso de la decisi¨®n de un magistrado, que prohibi¨® transformaciones en este paraje natural protegido.