En el momento justo

EL DEBATE en el Congreso sobre el proyecto de Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta (IRPF) presenta una novedad decisiva sobre las posiciones del Gobierno y de la oposici¨®n con anterioridad sobre el mismo tema. El motivo central de la discusi¨®n se ha trasladado al coste que tendr¨¢ para los ingresos p¨²blicos la reducci¨®n sustancial del IRPF; y a si son las rentas m¨¢s bajas, como defiende el Gobierno, las que resultan m¨¢s favorecidas por los nuevos tramos del impuesto que ser¨¢ operativo ya para las rentas de 1999, o si, por el contrario, como sostiene el PSOE, es m¨¢s beneficiosa para las rentas m¨¢s altas. Casi nadie discute ya que el proyecto implica una reducci¨®n efectiva del impuesto sobre la renta; tampoco se cuestiona que esta rebaja de impuestos es beneficiosa para la econom¨ªa y para la armonizaci¨®n de los tipos de gravamen espa?oles con los del ¨¢mbito de la Uni¨®n Europea. Mantener un tipo marginal m¨¢ximo del 56% en el ¨¢mbito de pa¨ªses en los que se tributa como m¨¢ximo entre el 30% y el 40% era un error tributario y un castigo innecesario para los ciudadanos que pagan, que exig¨ªan una pronta correcci¨®n. El tipo marginal m¨¢ximo que propone el Gobierno, el 48%, aproxima bastante la carga fiscal espa?ola a la media europea.En t¨¦rminos pol¨ªticos, es dif¨ªcil oponerse a una rebaja de los impuestos que pagan los ciudadanos. Mal puede resistirse globalmente a ella un partido como el PSOE que, de haber continuado gobernando, probablemente hubiera acometido una reforma en la misma direcci¨®n, aunque de diferentes contenidos y con otra redistribuci¨®n. Resulta complicado negar que existe un acuerdo t¨¢cito o impl¨ªcito en la sociedad, percibido por los partidos pol¨ªticos, sobre la necesidad de bajar los impuestos de los que los pagan. En t¨¦rminos econ¨®micos, el recorte del IRPF llega en el momento justo, cuando la crisis financiera empieza a deteriorar la confianza de las familias y puede verse frenado el consumo privado, para inyectar dinero en los ciudadanos y reactivar las expectativas de compra. La nueva ley del IRPF resulta, pues, no solamente una correcci¨®n fiscal necesaria para aliviar la carga tributaria excesiva sobre la imposici¨®n personal, sino que adem¨¢s su aplicaci¨®n resultar¨¢ posiblemente muy oportuna para reactivar la demanda desde el momento en que, a partir del 1 de enero, comiencen a aplicarse las rebajas en las retenciones.

Entrando de lleno en el debate parlamentario, es discutible que el nuevo IRPF favorezca a las rentas m¨¢s bajas, como pretende el Gobierno. Un examen detallado de la estructura y tramos del nuevo impuesto parece sugerir lo contrario. El recorte de los marginales m¨ªnimos de dos puntos -del 20% al 18%- implica un ahorro mucho menor para las rentas bajas que los ocho puntos, del 56% al 48%, que ahorrar¨¢n los perceptores de ingresos elevados. La cr¨ªtica de los socialistas -que consideran regresivo el m¨ªnimo personal, fijado en 1.100.000 pesetas m¨¢s la deducci¨®n por hijo, en cuanto que una deducci¨®n lineal en la base es un ahorro menor para quien menos tributa- es dif¨ªcil de rebatir; y el mismo argumento puede aplicarse a las deducciones lineales por vivienda.

Tambi¨¦n es criticable la indefinici¨®n sobre el coste de la reforma. Resulta inquietante la unanimidad con que varias instituciones econ¨®micas de prestigio han calculado en m¨¢s de 750.000 millones de pesetas la p¨¦rdida de ingresos del Estado, cuando el Gobierno reconoce tan s¨®lo 375.000 millones. La equidad de una reforma tributaria tan importante como la del IRPF no s¨®lo debe medirse en funci¨®n de las ventajas que obtengan los ciudadanos por ese impuesto, sino por el equilibrio que permite mantener con el resto de los grav¨¢menes. Ser¨ªa un error que a una rebaja del IRPF siguieran subidas en otros impuestos, como los indirectos, debido a un c¨¢lculo err¨®neo de los costes para el erario p¨²blico.

El Congreso ha aprobado el nuevo IRPF; queda el tr¨¢mite en el Senado. Es inevitable preguntarse por qu¨¦ el Gobierno ha menospreciado la persecuci¨®n del fraude fiscal. Un pa¨ªs no puede estabilizar su fiscalidad en niveles reducidos, si no evita la fuga de rentas. Cuanto mayor sea el volumen de fraude fiscal, mayor ser¨¢ la necesidad futura de aumentar los impuestos. Esto es casi un axioma. El Gobierno deber¨ªa reflexionar y paliar los problemas de la Agencia Tributaria, que pueden convertirse, de nuevo, en un problema pol¨ªtico grave.