El Ayuntamiento de Pego pagar¨¢ el proceso contra su alcalde por transformar el marjal

"Que nadie tenga miedo de ir a la c¨¢rcel. Quien vaya a trabajar sus tierras tendr¨¢ a los abogados y procuradores municipales que les defender¨¢n". El alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, se dirigi¨® ayer as¨ª a los 150 asistentes que acudieron al pleno en el que el Consistorio aprob¨® costear la defensa de los imputados en el proceso abierto en el Juzgado de D¨¦nia por presuntos delitos contra el medio ambiente en el marjal de Pego-Oliva. Los agricultores siguen cultivando el espacio protegido pese a la orden judicial que exige la paralizaci¨®n de las transformaciones.

El Gobierno local, formado por tres ediles ex miembros de UV y cuatro del PP, acord¨® que el consistorio se persone en el procedimiento en calidad de "responsable civil subsidiario" y que ejerza "todos los derechos procesales dirigidos a proteger los leg¨ªtimos intereses de los ciudadanos de Pego". Los miembros de la oposici¨®n, PSOE y BNV, decidieron no acudir a la sesi¨®n plenaria por entender que la responsabilidad de los delitos es "s¨®lo del alcalde y del resto de implicados en la causa pero no de todo el pueblo". La oposici¨®n consider¨® el pleno como "una provocaci¨®n" y no asisti¨® para evitar enfrentamientos. El Ayuntamiento de Pego se har¨¢ por tanto cargo del coste de los dos abogados y los procuradores que representar¨¢n a Carlos Pascual y al concejal de Agricultura, Jos¨¦ Orihuel, en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero dos de D¨¦nia. La juez les imputa un delito continuado contra el medio ambiente y la flora y fauna del marjal de Pego-Oliva. Asimismo, los letrados defender¨¢n a todos los ciudadanos de Pego, miembros y funcionarios del Consistorio, que se vean implicados en el proceso penal abierto por el incumplimiento del auto de la juez que proh¨ªbe cualquier transformaci¨®n en el parque. "La justicia no est¨¢ persiguiendo al pueblo sino a cuatro miembros del Ayuntamiento, por lo que utilizar fondos p¨²blicos para pagar su defensa es ilegal y no tiene validez", manifest¨® el concejal nacionalista Joan Pons. Por su parte, el edil socialista Agust¨ªn Selfa consider¨® el acuerdo de "una aberraci¨®n al intentar involucrar a todo el pueblo en un proceso judicial que s¨®lo afecta a cuatro personas", y denunci¨® "la incapacidad de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente y de la m¨¢xima autoridad de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, para solucionar pol¨ªticamente" el conflicto de Pego. Durante su intervenci¨®n, Carlos Pascual utiliz¨® el discurso de siempre para defender el cultivo de arroz y todos los trabajos de transformaci¨®n que su gobierno ha financiado en el marjal y que cifr¨® en 150 millones de pesetas, aunque la oposici¨®n asegura que el gasto supera los 300 millones de pesetas. Seg¨²n Pascual, "hay una mala intenci¨®n y muchos intereses urban¨ªsticos" detr¨¢s de todas las denuncias que se han hecho contra ¨¦l y contra el concejal Jos¨¦ Orihuel. Los autos que ha dictado la juez de D¨¦nia "persiguen dos cosas", a?adi¨®, "quitarnos el agua de Pego y crear en nuestro t¨¦rmino una zona de esparcimiento e inutilidad". El alcalde tambi¨¦n arremeti¨® contra la Guardia Civil, el secretario general del PSPV, Joan Romero, y el director del parque natural, Vicente Urios, que defini¨® como "un tri¨¢ngulo amoroso" y a los que acus¨® de "provocar una manipulaci¨®n sistem¨¢tica de la opini¨®n p¨²blica" contra Pego.