Peajes discriminatorios

A medida que se ha ido extendiendo por Espa?a la red de autov¨ªas libres de pago ha crecido el malestar entre los ciudadanos de algunas comunidades, como el Pa¨ªs Vasco, Valencia y, sobre todo, Catalu?a, donde las principales comunicaciones por carretera se realizan a trav¨¦s de autopistas de peaje. Frente a esa situaci¨®n discriminatoria se han puesto en marcha distintas iniciativas. El a?o pasado, el Ministerio de Fomento autoriz¨® una ampliaci¨®n del plazo de concesi¨®n a la autopista Marenostrum en la Comunidad Valenciana, a cambio de un recorte de los peajes del 30%. En Catalu?a, el Gobierno de CiU, que en 1990 se hab¨ªa opuesto a alargar las concesiones, reabri¨® el debate hace dos a?os con la petici¨®n de una revisi¨®n del IVA que logr¨® rebajar del 16% al 7%.Ante la insuficiencia del recorte, la discusi¨®n volvi¨® a plantearse el a?o pasado entre Fomento y la empresa Acesa, a instancias de la Generalitat. El resultado ha sido un acuerdo, que debe ratificar todav¨ªa el Gobierno, muy ventajoso para la compa?¨ªa: ampliaci¨®n de la concesi¨®n en toda la red (541 kil¨®metros) y mantenimiento de la mayor parte de los peajes a cambio de reducir entre el 17% y el 50% en cuatro tramos de 57 kil¨®metros, los m¨¢s pr¨®ximos a Barcelona.

El pacto ha provocado malestar entre los usuarios de las autopistas, expresado especialmente por las c¨¢maras de Comercio y los ayuntamientos de Lleida, Girona, Tarragona y Zaragoza, cuyos habitantes han visto empeorar su situaci¨®n al no obtener rebaja alguna, pero s¨ª un mayor coste por efecto de la prolongaci¨®n de la concesi¨®n. El aumento espectacular de los beneficios de la compa?¨ªa contribuye a irritar todav¨ªa m¨¢s a estos ciudadanos.

El beneficio es, sin duda, un objetivo deseable para cualquier empresa. Pero las autopistas son empresas que gozan de ventajas tales como exenciones fiscales (el 95% del impuesto de bienes inmuebles) y subvenciones del Estado (480.000 millones entre 1969 y 1996), lo cual debiera someterlas a algunas obligaciones. Estas subvenciones corresponden a compensaciones del seguro de cambio, sistema que permiti¨® a estas empresas obtener una financiaci¨®n exterior m¨¢s barata gracias a la garant¨ªa del Estado, que pag¨® el efecto de las devaluaciones. Por contra, cuando recientemente las empresas se han beneficiado de la ca¨ªda de los tipos de inter¨¦s, no la han repercutido en sus tarifas.

Una de las formas de acabar con esta situaci¨®n de discriminaci¨®n ser¨ªa que el Estado rescatara los peajes de forma progresiva. Si esta medida resulta excesivamente onerosa, los ciudadanos tienen derecho al menos a conocer la equivalencia real entre rebajas de peajes y ampliaciones de concesiones. Existe la sospecha de que la revisi¨®n puede implicar un mayor negocio para las empresas. El silencio del Gobierno sobre las condiciones del pacto resulta sospechoso. Un auditor independiente podr¨ªa ser una soluci¨®n para conocer, al menos, los efectos econ¨®micos del acuerdo.