El fiscal acusar¨¢ al Estado por no vigilar al asesino en serie de Castell¨®n tras excarcelarlo

El caso de Joaqu¨ªn Ferr¨¢ndiz Ventura, de 35 a?os, acusado de matar a cinco mujeres en Castell¨®n y al que la Guardia Civil ya considera uno de los asesinos en serie m¨¢s importantes de la historia de la criminolog¨ªa espa?ola, provoc¨® ayer nuevas reacciones. El fiscal Juan Salom, encargado del asesinato de Sonia Rubio, una de las v¨ªctimas, adelant¨® ayer que pedir¨¢ la responsabilidad civil subsidiaria del Estado porque Ferr¨¢ndiz estaba en libertad condicional cuando cometi¨® los cr¨ªmenes, tras cumplir condena por otra violaci¨®n. El Tribunal Supremo ya ha condenado al Estado a pagar una indemnizaci¨®n a la familia de una ni?a asesinada por un ex preso en libertad condicional.

Juan Salom calific¨® ayer de "negligencia" la falta de vigilancia y control de la libertad condicional del preso, que fue condenado en 1990 a 14 a?os de prisi¨®n por un delito de violaci¨®n. Ferr¨¢ndiz cumpli¨® algo m¨¢s de cinco a?os de esta condena y, en abril de 1995, despu¨¦s de dos meses de tercer grado, obtuvo la libertad condicional. Meses despu¨¦s, Ferr¨¢ndiz viol¨® y asesino a Sonia Rubio, de 25 a?os. Salom explic¨® que en este caso concurr¨ªan todos los requisitos legales para otorgar la libertad, "pero no fue debidamente utilizada". El fiscal a?adi¨® que sin una redenci¨®n de la pena, Ferr¨¢ndiz "hubiera estado en prisi¨®n hasta agosto del 2003". Salom afirm¨® tambi¨¦n que el buen comportamiento siempre se ha tenido en cuenta a la hora de conceder la libertad condicional y, en el caso de este acusado, su etapa en la prisi¨®n de Castell¨®n estuvo caracterizada por una buena conducta. Ferr¨¢ndiz colabor¨® en la edici¨®n de una revista de car¨¢cter interno, La Saeta. De momento, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Castell¨®n, Josep Llu¨ªs Albinyana, s¨®lo ha procesado a Ferr¨¢ndiz por el caso de Sonia Rubio. Pese a que el acusado se ha confesado autor de la muerte de otras cuatro j¨®venes, Amelia Sandra Garc¨ªa, de 22 a?os, y las tres mujeres que ejerc¨ªan la prostituci¨®n cerca de Castell¨®n (Natalia Archelos, Mercedes V¨¦lez y Francisca Sales, de entre 23 y 28 A?os), el magistrado no ha decidido a¨²n imputarle estos cr¨ªmenes. Amelia desapareci¨® en Castell¨®n en septiembre de 1995 y su cad¨¢ver se descubri¨® en una balsa de Onda en febrero siguiente. Las tres prostitutas fueron halladas entre el 27 de enero y el 2 de febrero de 1996 junto al cauce de un r¨ªo en Vila-real. En cualquier caso, y a¨²n a la espera de nuevas investigaciones, Juan Salom asegur¨® que la petici¨®n de la responsabilidad civil subsidiaria al Estado se extender¨¢ a todos los hechos que le sean imputados a Ferr¨¢ndiz desde el 4 de abril de 1995, fecha en la que sali¨® en libertad condicional hasta el 28 de julio, d¨ªa que ingres¨® de nuevo en la c¨¢rcel de Castell¨®n tras otra tentativa de agresi¨®n sexual, observada por la Guardia Civil, que ya le vigilaba desde febrero. El fiscal consider¨® venturado ofrecer una cifra aproximada del dinero que se podr¨ªa reclamar al Estado. Sin embargo, ya existe un precedente por el que se cifr¨® en 20 millones de pesetas la indemnizaci¨®n que el Estado deb¨ªa pagar a la familia de una ni?a asesinada por un hombre que, como en el caso de Ferr¨¢ndiz, cometi¨® el delito cuando gozaba de libertad condicional. Este caso ha sentado jurisprudencia. La condena al Estado por parte del Tribunal Supremo data de principios del pasado octubre. Los hechos se remontan a 1992 cuando, en una aldea de Lugo, Maruchi Rivas, de nueve a?os, fue raptada, violada y asesinada por Jos¨¦ Mar¨ªa Real, de 28 a?os, condenado en 1985 a 12 a?os de c¨¢rcel por abusar sexualmente de otra menor. Real cumpli¨® tres cuartas partes de la pena y sali¨® de la c¨¢rcel apenas dos meses antes del crimen. El fallo confirmado por el Supremo determin¨® la existencia de un funcionamiento an¨®malo de la vigilancia tutelada del recluso. La sentencia considera a la Administraci¨®n "responsable patrimonial" al no haber controlado la vigilancia que requer¨ªa el recluso. Sin embargo la petici¨®n de responsabilidades no acabar¨¢ en el Estado y Ferr¨¢ndiz. Tres de los cr¨ªmenes confesados por Ferr¨¢ndiz han sido imputados a Claudio Alba, un camionero procesado por este caso y que ha pasado cinco meses en la c¨¢rcel. La letrada de Alba, Silvia Vicente, siempre ha mantenido la inocencia de su cliente y ha reiterado que no hay datos que sustenten una acusaci¨®n. La juez que instruy¨® el caso en Nules, decret¨® la puesta en libertad de Alba al no encontrar indicios para procesarle. Sin embargo, ese auto fue revocado por la Audiencia de Castell¨®n, tras el recurso que present¨® el fiscal. Ahora, Vicente asegura que en el momento en el que se proceda al sobreseimiento del sumario y se decrete la libertad sin cargos, proceder¨¢ al estudio de las acciones legales pertinentes en reclamaci¨®n de posibles responsabilidades y para el resarcimiento de los da?os y perjuicios que se han causado a Alba. Adem¨¢s, la letrada ha remitido un comunicado en el que se?ala que "se ha puesto en tela de juicio la acci¨®n de las fuerzas policiales, fiscales y judiciales con responsabilidad en la averiguaci¨®n de los hechos y en la puesta a disposici¨®n de la acci¨®n de la justicia del autor de los mismos".