El TSJC anula el embargo a una militante de UDC de L"Arbo?

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha anulado por improcedente un embargo que el Ayuntamiento de L"Arbo? (Baix Pened¨¨s) hab¨ªa dictado contra una militante de Uni¨® de la localidad por unas supuestas deudas municipales que le impidieron formar parte de la candidatura de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) en las elecciones municipales de 1995. La sentencia considera que el consistorio, presidido por el convergente Joan Catal¨¤, era consciente de la inexistencia de estos d¨¦bitos, pese a lo cual orden¨® al Consejo Comarcal del Baix Pened¨¨s que iniciara los tr¨¢mites para embargar a Ana Mar¨ªa Cabanillas una finca de su propiedad. Los hechos juzgados se remontan a febrero de 1995, cuando en una reuni¨®n, a la que asistieron dirigentes provinciales de Uni¨® y Converg¨¨ncia, el alcalde de L"Arbo? se neg¨® a incluir a Ana Mar¨ªa Cabanillas en las listas de la coalici¨®n porque, seg¨²n ¨¦l, ten¨ªa deudas pendientes con el Ayuntamiento, lo cual impide formar parte de una candidatura. En concreto, a la militante de Uni¨® se le reclamaba el pago de unos cuatro millones de pesetas en concepto de liquidaci¨®n del impuesto de bienes inmuebles (IBI), diversas tasas municipales y el impuesto de veh¨ªculos durante el periodo de 1988 a 1994. A pesar de los numerosos documentos que Cabanillas present¨® ante el consistorio que demostraban la inexistencia de tales deudas, el convergente Joan Catal¨¤ orden¨® a la unidad de recaudaci¨®n del Consejo Comarcal del Baix Pened¨¨s que cobrara por la v¨ªa de apremio. Deudas ficticias Ana Mar¨ªa Cabanillas, al final, no pudo formar parte de la candidatura de Converg¨¨ncia i Uni¨®. Joan Catal¨¤ no incluy¨® a ning¨²n militante democristiano en las listas y gan¨® las elecciones por mayor¨ªa absoluta. Las dos sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC anulan todos los procedimientos dictados por el Ayuntamiento de L"Arbo? y por el Consejo Comarcal al reconocer la inexistencia de estas deudas. Incluso, los jueces afirman que el consistorio de la poblaci¨®n "era conocedor del cambio de titularidad de las fincas a que se refieren las liquidaciones impugnadas". El tribunal ya orden¨® al consistorio, mediante un auto dictado en marzo de 1996, la suspensi¨®n del embargo. A pesar de ello, el Ayuntamiento no lo hizo efectivo hasta noviembre, ocho meses despu¨¦s. Sin embargo, el alcalde afirma que todo el proceso se debi¨® a un error administrativo que subsan¨® en cuanto le fue posible. Cabanillas present¨® una querella por prevaricaci¨®n y falsificaci¨®n de documento oficial contra el alcalde de L"Arbo? por "haber cercenado su vida pol¨ªtica con maniobras torticeras" e impedir que accediera a concejal ya que ten¨ªa que ocupar el puesto n¨²mero 4 de la candidatura y CiU obtuvo en los comicios 7 concejales.