Farn¨®s mantiene expedientados a 12 m¨¦dicos pese a la propuesta de archivo de los instructores

Varios intructores designados por el consejero de Sanidad, Joaqu¨ªn Farn¨®s, han conclu¨ªdo -en alg¨²n caso hasta dos veces consecutivas- que procede archivar y sobreseer los expedientes abiertos a una docena de facultativos a ra¨ªz de la aparici¨®n de varios casos de hepatitis C en dos hospitales valencianos. Pese a que no se encuentran indicios que les relacionen con los hechos imputados o no se detecta responsabilidad en su actuaci¨®n, la consejer¨ªa no da por cerrado el asunto. Farn¨®s ha notificado a uno de ellos que procede sancionarle con dos millones y medio de pesetas.

Las fuentes consultadas por este diario transmitieron ayer sus sospechas de que el consejero Joaqu¨ªn Farn¨®s est¨¢ haciendo caso omiso a las propuestas de resoluci¨®n de los instructores, nombrados por la propia consejer¨ªa, y en las que concluyen, en algunos casos hasta dos veces, que procede el archivo y sobreseimiento de los expedientes, y por tanto el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas con los m¨¦dicos. La explicaci¨®n, seg¨²n esas fuentes, ser¨ªa que el consejero necesita mantener esos expedientes, incoados de forma "arbitraria", de cara a la opini¨®n p¨²blica. Valoraciones al margen, lo cierto es que algunos de esos instructores no encuentran indicios ni pruebas documentales irrefutables en relaci¨®n con los hechos imputados, o no detectan ninguna responsabilidad en la actuaci¨®n de los m¨¦dicos a los que se abri¨® expediente. En total fueron 13 facultativos, a 11 de los cuales se abri¨® expediente sancionador con el argumento de que no hab¨ªan comunicado a las autoridades sanitarias la existencia de casos de hepatitis C. La consejer¨ªa esgrimi¨® para ello una orden del 4 de marzo de 1997, en la que se recogen la Enfermedades de Declaraci¨®n Obligatoria (EDO) y la obligaci¨®n de comunicar a las autoridades sanitarias el diagn¨®stico de estas enfermedades. Los otros dos expedientes disciplinarios (el tercero se encuentra paralizado administrativamente por tratarse del anestesista Juan Maeso, el ¨²nico imputado en la causa abierta en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 5 de Valencia), los bas¨® la consejer¨ªa en que ambos facultativos, que trabajaban tanto en el hospital La Fe como en la Casa de Salud, no adoptaron ninguna medida tras conocer que a Maeso le hab¨ªa sido vetado el acceso a los quir¨®fanos del centro sanitario privado. Ayer mismo, EL PA?S supo que uno de los m¨¦dicos expedientados recibi¨® el pasado 26 de octubre un escrito del consejero de Sanidad (fechado el 13 de octubre) en el que se acuerda que proceder¨ªa imponerle una sanci¨®n econom¨®mica de dos millones y medio de pesetas por haber infringido lo dispuesto en la citada orden del 4 de marzo de 1997 del Gobierno valenciano. Fuentes cercanas al facultativo aseguran que el instructor designado para estudiar su caso hab¨ªa propuesto sobreseer su expediente el 1 de septiembre, al no detectar ninguna responsabilidad en su actuaci¨®n. Las mismas fuentes afirman que el facultativo tiene 15 d¨ªas para exponer las alegaciones que estime oportunas a la propuesta de sanci¨®n. No es el ¨²nico caso en el que se hab¨ªa propuesto el sobreseimiento. En otros casos, la consejer¨ªa pidi¨® al instructor designado que volviera a estudiar las actuaciones y por segunda vez se redact¨® una propuesta de resoluci¨®n en la que se acab¨® concluyendo lo mismo: procede el archivo y sobreseimiento, y en consecuencia el levantamiento de la medida cautelar. Los expedientes se abrieron d¨ªas despu¨¦s de que la UESCA (Unidad de Evaluaci¨®n Sanitaria y Calidad Asistencial de la Consejer¨ªa de Sanidad) preguntase a un facultativo qu¨¦ motiv¨® que desde el mes de diciembre de 1997 el doctor Carrasco (del departamento de Digestivo del hospital La Fe) realizara el seguimiento de una serie de pacientes de Telef¨®nica intervenidos en la cl¨ªnica Casa de Salud y con marcadores positivos de la hepatitis C. Si la informaci¨®n (impl¨ªcita en la pregunta) la facilit¨® la UESCA, significa, seg¨²n las fuentes consultadas, que ya sab¨ªa que hab¨ªa varios casos de hepatitis C, pese a lo cual la consejer¨ªa sostiene que no supo nada de la hepatitis C hasta el mes de marzo. Algunos de esos expedientes podr¨ªan tener defectos de forma. Existe una circular de la Consejer¨ªa de Sanidad del 21 de abril de 1998 sobre R¨¦gimen disciplinario del personal estatutario de las instituciones sanitarias (los primeros expedientes se incoaron d¨ªas despu¨¦s), que dice que las propuestas de incoaci¨®n de expediente deben emitirse con el nombre y DNI del presunto infractor, su categor¨ªa profesional, puesto que desempe?a, lugar de trabajo, domicilio particular, los hechos que se le imputan, el precepto o preceptos presumiblemente infringidos y si el interesado es o no representante sindical. Criterios que no siempre aparecen en los expedientes incoados por la UESCA. La misma circular indica que la suspensi¨®n provisional de funciones podr¨¢ ser acordada cuando el presunto infractor perjudique con su permanencia en el puesto de trabajo el normal desarrollo del servicio, alterando o deteriorando la asistencia sanitaria. Ninguno de los m¨¦dicos expedientados ha sido suspendido de sueldo (tampoco Maeso), por lo que si una vez resueltos los expedientes, la suspensi¨®n de funciones no fuera declarada firme, no ser¨ªa necesario abonar los derechos econ¨®micos dejados de percibir. Seg¨²n fuentes cercanas a la propia Consejer¨ªa de Sanidad, el malestar en el colectivo de inspectores (la instrucci¨®n recae en un inspector m¨¦dico o farmac¨¦utico) es creciente, y est¨¢ motivado, entre otros aspectos, por su valoraci¨®n profesional. No s¨®lo existe la preocupaci¨®n de que sus propuestas no sean tenidas en cuenta, sino que algunos de ellos piensan que su categor¨ªa salarial y profesional no se corresponde en ocasiones con su trabajo. Ninguno de ellos afirma directamente sentirse coaccionado a la hora de redactar una propuesta de resoluci¨®n. S¨®lo mencionan sus posibilidades de subir de categor¨ªa.