Un complejo muro legal impide acciones judiciales contra el ex dictador en su pa¨ªs

Dirigentes pol¨ªticos y abogados especializados en derechos humanos coincidieron ayer en se?alar que, en las actuales condiciones pol¨ªticas y jur¨ªdicas del pa¨ªs, es imposible juzgar hoy a Augusto Pinochet en Chile. Con la excepci¨®n de la derecha, que, v¨ªctima de su desesperaci¨®n, intenta todos los caminos para que el senador vitalicio retorne; algunos -y el Gobierno no lo descarta- se manifiestan dispuestos a un juicio en el pa¨ªs, todos saben que Pinochet es intocable en Chile. Un grueso muro blindado, que el ex dictador se encarg¨® de erigir antes de abandonar el poder en marzo de 1990, protege al militar como una coraza invulnerable.Como senador, disfruta del fuero parlamentario, seg¨²n el cual, para sentar en el banquillo a un diputado o senador se requiere de un desafuero previo concedido por una corte de apelaciones. Tiene adem¨¢s, desde 1978, la Ley de Amnist¨ªa, autopromulgada por la dictadura militar, que cubre la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, las perpetradas entre 1973 y ese a?o. Y por el tiempo transcurrido, muchos de los cr¨ªmenes est¨¢n prescritos.

Si el juez Juan Guzm¨¢n, que investiga 11 de las 14 querellas criminales presentadas contra Pinochet, decide procesarlo, la justicia militar est¨¢ en condiciones de pedir el caso. Por eso, muchos interpretan las querellas como un gesto testimonial.

El ambiente pol¨ªtico tampoco es proclive, con un Ej¨¦rcito que a¨²n guarda un fuerte sentimiento de lealtad a quien fuera su jefe durante 25 a?os, seg¨²n las fuentes, a un juicio.

Las dos mayores presiones abiertas que han realizado los militares durante la democracia, ambas en el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), tuvieron su origen central en acusaciones de corrupci¨®n que implicaban a Pinochet y a un hijo suyo, y que lograron ser eficientemente frenadas despu¨¦s del gru?ido castrense. Con ¨¦nfasis, el senador democristiano Jorge Lavandero afirmaba ayer que no es posible juzgar a Pinochet en Chile. "Antes de pensar en un juicio en Chile, el ministro Insulza tendr¨ªa que lograr un compromiso de la derecha para cambiar la legislaci¨®n".

Pero el diputado socialista Juan Pablo Letelier, cuyo padre fue asesinado por la dictadura en Washington, va m¨¢s all¨¢ incluso, porque no cree en la palabra de la derecha. "Habr¨ªa que botar las leyes", afirma. Recuerda que los jueces civiles no pueden entrar en las unidades militares para investigar. En una entrevista a la revista Qu¨¦ Pasa, un ex diputado del Partido por la Democracia, Jorge Schaulsohn, sostuvo que "todo el mundo sabe que en Chile no se le va a juzgar [a Pinochet] ni ahora ni nunca". Compartiendo estas razones, el abogado Alfonso Insunza, especialista en derechos humanos y representante de la familia de Carmelo Soria, el ex funcionario espa?ol de la ONU asesinado por la dictadura en 1976, plante¨® ayer que Pinochet tiene derecho a un juicio justo, "y los ¨²nicos pa¨ªses que pueden dar esa garant¨ªa son los europeos, donde las democracias son estables". Agreg¨® que "no hay ninguna posibilidad de juicio al dictador. La impunidad est¨¢ consagrada en Chile".

[Hortensia Bussi, viuda del que fuera presidente chileno Salvador Allende, asegur¨® ayer a la agencia holandesa ANP que "Pinochet no dbe volver a Chile. Estoy muy esc¨¦ptic sobre las promesas del Gobierno chileno de que ser¨¢ juzgado aqu¨ª", informa Efe.]

Un dirigente de la derecha, el vicepresidente de Renovaci¨®n Nacional, Alberto Cardemil, sostuvo en cambio que s¨ª existen las condiciones para juzgar a Pinochet en el pa¨ªs. "Si un juez dicta una resoluci¨®n sin presiones y determina una responsabilidad, habr¨ªa que cumplirla". Pero su opini¨®n no concita siquiera unanimidad en la misma derecha. Interrogado ayer por El Mercurio, el ministro del Interior, Ra¨²l Troncoso, dijo: "Con lo sucedido, creo que el Poder Judicial est¨¢ obligado a enfrentar las causas con todos los recursos disponibles".