Fundaciones sanitarias

EL PARTIDO Popular ha presentado una enmienda a la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales que supone la reforma de mayor calado acometida en el sistema sanitario p¨²blico desde su creaci¨®n. Y lo ha hecho por un procedimiento que impide en la pr¨¢ctica que el contenido de esa medida sea debatido en profundidad en el Parlamento. La enmienda regula -con rango de ley- la posibilidad de que todos los hospitales y centros sanitarios dependientes del Insalud puedan convertirse en fundaciones p¨²blicas sanitarias, una figura jur¨ªdica de nueva creaci¨®n cuyo contenido tiene como principal referente lo establecido en la propia enmienda.El fondo de la enmienda plantea algunos problemas. Y no porque no deba abordarse una reforma del sistema de gesti¨®n de los servicios sanitarios p¨²blicos. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de dotar a los hospitales y centros sanitarios de mecanismos de gesti¨®n empresarial que los hagan m¨¢s eficientes, algo que en tiempos de escasez de recursos -como los actuales- no s¨®lo es una necesidad, sino un imperativo ¨¦tico. Pero la regulaci¨®n de las fundaciones p¨²blicas sanitarias que plantea el PP deja muchos aspectos de su funcionamiento en una peligrosa ambig¨¹edad.

El ministro de Sanidad ha respondido a las cr¨ªticas de la oposici¨®n asegurando que el Gobierno no tiene intenci¨®n de privatizar ni contratar a terceros ning¨²n servicio sanitario p¨²blico. Pero mientras el texto legislativo no concrete aspectos tan importantes como un marco de referencia com¨²n a todos los servicios y un sistema adecuado de control p¨²blico, es l¨®gico desconfiar. Mucho m¨¢s si ha sido presentado con una nocturnidad tramposa.

El sistema sanitario p¨²blico debe ser reformado, pero esa reforma debe hacerse con un cuidado exquisito y con el mayor consenso posible, no vaya a ser que, en lugar de hacerlo m¨¢s eficiente, lo hagamos m¨¢s vulnerable. Es evidente que un presupuesto como el del Insalud, de 1,5 billones de pesetas, puede despertar la voracidad de los intermediarios dispuestos a ofrecer importantes ahorros de gesti¨®n. Si no se establece un marco legal de referencia que garantice, mediante los controles pertinentes, que los ciudadanos siguen recibiendo una asistencia sanitaria de calidad, la reforma puede conducirnos a un sistema desmembrado y parasitado en el que, al final, los ahorros conseguidos no reviertan en una mejora de los propios servicios p¨²blicos, sino en las cuentas de explotaci¨®n de los intermediarios llamados a colaborar con ¨¦l. Pocas instituciones son tan importantes en Espa?a como su sistema sanitario. Por eso, en pocas materias est¨¢ tan justificada como en ¨¦sta la necesidad de dejar de lado los intereses partidistas y propiciar que la reforma tenga el m¨¢s amplio consenso posible.

Es muy criticable la forma en que se ha tramitado la enmienda. El PP ha recurrido a una v¨ªa irregular, como lo es la ley que acompa?a a los Presupuestos. El Tribunal Constitucional ha establecido con claridad que esta ley debe estar reservada exclusivamente a aquellos asuntos que tienen que ver con las cuentas del Estado. No exist¨ªa en este caso urgencia alguna que justificara el procedimiento utilizado y es l¨ªcita la sospecha de que el objetivo era hurtar a la ciudadan¨ªa el necesario debate.