Transiciones y derechos humanos

"Los espa?oles deber¨ªan tener presentes las razones que a ellos mismos les indujeron a renunciar al arreglo de cuentas con la dictadura franquista por las v¨ªctimas que caus¨®". No es ning¨²n pol¨ªtico chileno el que lo dice, sino un intelectual polaco, comprometido con la defensa de las libertades y que, desde EL PA?S, nos hac¨ªa a los espa?oles esta velada imputaci¨®n de inconsecuencia. Si con tal acusaci¨®n se tratara de evitar entrar en el fondo del asunto, estar¨ªamos ante lo que Bentham llamar¨ªa una falacia pol¨ªtica en la que no hay que dejarse enredar. Pero no es ¨¦ste el caso. Cuando personas tan serias e identificadas con la defensa de los derechos humanos nos hablan de nuestro pasado no es para hacernos callar, sino para recordarnos que el debate p¨²blico no es posible si los interlocutores no son coherentes. Es cierto; y por ello los espa?oles, cuando pedimos que se exijan responsabilidades a Pinochet, hemos de probar que no hay contradicci¨®n entre nuestro peculiar arreglo de cuentas con la dictadura de Franco y la petici¨®n de que sea procesado Pinochet. O que ha habido muy buenas razones para cambiar de criterio.Si optamos por lo primero, tendremos que argumentar que el caso chileno, argentino, polaco o espa?ol no son supuestos id¨¦nticos y que hay diferencias importantes entre las dictaduras chilena, argentina, espa?ola o polaca. Parece que s¨ª hay diferencias; pero no es tan f¨¢cil precisar d¨®nde est¨¢ la diferencia relevante: ?es el tiempo transcurrido desde las mismas? ?Es la desaparici¨®n del principal responsable? ?Es el criterio jur¨ªdico de la prescripci¨®n de los delitos? Me temo que es ¨¦ste un sendero un tanto embarazoso y en todo caso discutible. Tal vez haya que confesar sencillamente que lo que nos parec¨ªa razonablemente asumible hace 20 a?os, hoy nos parece intolerable. No hay nada contradictorio en ello. La democracia no es un f¨¢ctum, sino un fieri, se "hace" diariamente; tiene mucho de escuela, de pedagog¨ªa. La democracia no son s¨®lo procedimientos, sino tambi¨¦n valores que se interiorizan, pautas que se aprenden, usos y h¨¢bitos que se afinan con el ejercicio de la libertad. Todos hemos aprendido algo, y por eso la moralidad p¨²blica en Espa?a es mucho m¨¢s exigente hoy que hace 20 a?os. ?sta es la diferencia relevante.

Pero los argumentos "personales", como el alegato de nuestra propia transici¨®n, no deben impedir que entremos en el fondo del asunto que plantea la detenci¨®n de Pinochet. La verdad es la verdad, la diga Agamen¨®n o la diga su porquero. Y el fondo del asunto es que unos miles de ciudadanos, parte de ese "Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas" con que comienza la Carta fundacional de Naciones Unidas, han sido asesinados, torturados, hechos desaparecer, detenidos ilegalmente... A unos miles de ciudadanos les han violado los m¨¢s elementalesderechos y exigen a la comunidad internacional que se les haga justicia. Otros miles, millones, de ciudadanos han pedido antes el auxilio internacional sin recibir, desgraciadamente, apoyo; posiblemente porque, aunque desde el siglo XVI, Vitoria ven¨ªa insistiendo en que la humanidad -el totus orbis- "tiene, por derecho natural, autoridad para castigar a los ciudadanos perniciosos y malvados", todav¨ªa no estaba madura esta comunidad moral universal. Pero hoy, unos jueces, al margen y posiblemente contra el criterio de los respectivos Gobiernos, han decidido intervenir, convirtiendo as¨ª Convenciones como la de 1948 sobre Prevenci¨®n de Genocidio o la de 1984 contra la Tortura en derecho vivo y no meras reglas de papel. La ¨²nica discusi¨®n admisible ya en estos momentos es si hay o no base legal suficiente para entablar el proceso. Y si, como parece, la hay, cualquier tribunal de los miles de tribunales de que disponen los "pueblos de las Naciones Unidas" est¨¢ obligado a hacer justicia. Las dem¨¢s consideraciones -por importantes que sean- han de ceder ante el mayor peso que tiene el derecho de esos ciudadanos del mundo.

Tiene Chile, como tuvimos nosotros, el derecho a organizar su futuro con entera libertad y a administrar su memoria colectiva. Pero ninguna amnesia individual o colectiva, ninguna amnist¨ªa o punto final se puede oponer ante unos cr¨ªmenes contra la humanidad. Los derechos humanos son triunfos en manos de cada una de las personas que componemos la especie humana; unos triunfos que tienen m¨¢s peso que la decisi¨®n no s¨®lo de las minor¨ªas, sino, llegado el caso, de las propias mayor¨ªas. Por eso, aunque el pueblo chileno hubiera decidido olvidar y perdonar, lo que importa es el perd¨®n y el olvido de todas y cada una de las personas cuyos derechos fueron pisoteados. Y mientras esto no ocurra, todos los Estados tienen que cooperar para que a estos chilenos, espa?oles, bolivianos... se les haga justicia, por encima de cualquier criterio de oportunidad o conveniencia, por encima de cualquier pacto, m¨¢s all¨¢ de cualquier decisi¨®n, por democr¨¢tica que sea. Algo de esto, tan dif¨ªcil y complicado, significa tomarse los derechos humanos en serio.

Ser¨ªa necio desconocer el impacto de decisiones de este tipo. Y m¨¢s necio e inmoral ser¨ªa despreciar las consecuencias de orden interno e internacional que puede implicar la decisi¨®n del procesamiento de Pinochet. Pero una de las peculiaridades de los derechos humanos es que no pueden ser objeto de regateo o negociaci¨®n, por lo que s¨®lo cabe esperar que su inevitable respeto y garant¨ªa se realice con los menores costes y traumas sociales. En todo caso, conviene recordar que, aunque las consecuencias de hacer justicia en este caso no sean f¨¢ciles de administrar para un Gobierno, m¨¢s devastadora ser¨¢ para la estabilidad a medio plazo de una sociedad democr¨¢tica la conciencia de la impunidad de estas graves violaciones. Esto es lo que viene a decir la Declaraci¨®n Universal de los Derechos del Hombre, cuyo cincuentenario celebramos, cuando proclama que "el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la naturaleza humana y de sus derechos, iguales e inalienables, constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo".

Con toda seguridad que los espa?oles comprendemos mejor que muchos las dificultades de desmantelar dictaduras con ayuda de compromisos y negociaciones. En este tipo de procesos, uno tiene derecho a esperar de los dem¨¢s comprensi¨®n y aliento, y no problemas adicionales. Pero no se debe oscurecer el fondo del asunto: ¨¦ste no es un problema entre Espa?a, Inglaterra y Chile; ¨¦ste no es un conflicto entre Estados. Se trata simplemente de que una persona, cuya nacionalidad poco importa, ha violado gravemente los derechos de algunos ciudadanos, cuya nacionalidad no hace al caso. Y unos jueces, cuya nacionalidad es a estos efectos irrelevante, intentan que se respete el derecho penal internacional. ?sta es la cuesti¨®n.

Virgilio Zapatero es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho en la Universidad de Almer¨ªa.