El trato fiscal al seguro privado amenaza a la sanidad p¨²blica, seg¨²n la oposici¨®n

, La nueva fiscalidad de las mutuas y aseguradoras sanitarias privadas introducida en la ley de reforma del impuesto de las personas f¨ªsicas es considerada por los partidos y organizaciones de izquierda como un nuevo torpedo contra la sanidad p¨²blica. La normativa introduce importantes incentivos fiscales para que las empresas y los trabajadores pacten en convenio la contrataci¨®n de p¨®lizas colectivas de seguros privados.

La reforma suprime la posibilidad de desgravar en la declaraci¨®n de la renta el 15% de los gastos de enfermedad a cambio de eliminar tambi¨¦n el impuesto que pesaba sobre las p¨®lizas de seguros sanitarios, que en 1998 fue del 6%. Este aspecto ha centrado la atenci¨®n pol¨ªtica durante la tramitaci¨®n de la ley, pero la reforma incluye otro cambio que contiene, seg¨²n la oposici¨®n, una gran carga de profundidad contra la sanidad p¨²blica: incentivos fiscales para que las empresas y los trabajadores pacten en convenio la suscripci¨®n de un seguro privado colectivo para todos los trabajadores.Esta medida detrae recursos del erario p¨²blico en beneficio de los seguros privados y prepara el terreno, seg¨²n la oposici¨®n, para extender el sistema Muface a otros colectivos y romper as¨ª la unidad del aseguramiento. El sistema Muface permite a los funcionarios elegir entre la Seguridad Social o una entidad de seguro libre. En estos momentos, de los seis millones de espa?oles que reciben asistencia de un seguro privado, aproximadamente 2.800.000 son funcionarios, lo cual significa que es el Estado quien paga esas p¨®lizas.

La nueva normativa establece que las aportaciones que haga la empresa para contratar seguros privados colectivos ser¨¢n consideradas como gastos deducibles -podr¨¢n deducir el 36%- y el dinero que se pague por las p¨®lizas tampoco ser¨¢ imputable a los trabajadores como rendimiento en especie. En los ¨²ltimos a?os se ha observado una tendencia de las empresas a canalizar una parte del salario en forma de ventajas econ¨®micas en especie (coches, viviendas, vacaciones...).

Tanto el PP como CiU ha defendido la extensi¨®n del sistema Muface que ahora rige para los funcionarios a otros colectivos sociales. Si se extiende entre las empresas la contrataci¨®n de seguros privados, ¨¦se puede ser el argumento definitivo para justificar la ruptura del aseguramiento ¨²nico, que es la base que hace posible financieramente el sistema p¨²blico espa?ol. As¨ª lo entiende, entre otros, el diputado socialista Josep Corominas, y tambi¨¦n la Asociaci¨®n para la Defensa de la Sanidad P¨²blica.

Fraude m¨¦dico

No est¨¢ claro, por otra parte, que la modificaci¨®n fiscal vaya a lograr los prop¨®sitos que declara perseguir. Y eso a?ade una sombra de duda sobre el verdadero objetivo pol¨ªtico de la reforma.El Partido Popular justific¨® suprimir la desgravaci¨®n del 15% de los gastos de enfermedad por la necesidad de eliminar una importante bolsa de fraude en las desgravaciones por gastos de enfermedad, que el PP estimaba en unos 8.000 millones de pesetas. Pero para compensar a las mutuas y seguros privados por los perjuicios que ello les puede causar, ha eliminado al mismo tiempo el impuesto que gravaba desde 1997 las p¨®lizas sanitarias y que el a?o pasado fue del 6% del valor de las primas. Seg¨²n datos aportados por las aseguradoras, las deducciones por gastos de enfermedad ascend¨ªan aproximadamente a 75.000 millones de pesetas anuales, de los cuales, 40.000 eran por gastos de medicamentos y atenci¨®n m¨¦dica directamente contratada por el usuario, y 35.000 por p¨®lizas de seguros.

La administraci¨®n ingresar¨¢ los 75.000 millones de pesetas que los ciudadanos se ahorraban hasta ahora por las desgravaciones, pero dejar¨¢ de recaudar unos 14.000 millones por la supresi¨®n del impuesto sobre las p¨®lizas.

De momento, pues, los ¨²nicos claramente perjudicados son los ciudadanos que tienen gastos de enfermedad y tambi¨¦n los que han suscrito p¨®lizas de seguros sanitarios, pues a¨²n en el supuesto de que las aseguradoras les descuenten de la prima el 6% que ahora se ahorrar¨¢n, cosa que est¨¢ por ver, el balance sigue siendo negativo para ellos.

Pero lo m¨¢s significativo es que tampoco est¨¢ claro que el objetivo de eliminar el fraude conduzca a buen puerto. En este caso, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Los ciudadanos no podr¨¢n ya desgravar cosm¨¦ticos o tratamientos de adelgazamiento, como ir¨®nicamente indicaba el consejero de Presidencia de la Generalitat, Xavier Tr¨ªas, cada vez que se refer¨ªa al fraude con el fin de justificar una nueva fiscalidad para las mutuas, pero la medida puede abrir otra gran bolsa de fraude entre los m¨¦dicos.

El hecho de que el gasto sanitario desgravara hab¨ªa sido un elemento decisivo para hacer aflorar fiscalmente lo que hab¨ªa sido una de las mayores bolsas de fraude del sistema impositivo espa?ol, el de los ingresos por prestaciones sanitarias privadas. Si los usuarios no reclaman factura porque ya no desgrava ser¨¢ mucho m¨¢s dif¨ªcil controlar los ingresos de los m¨¦dicos.