Espa?a re¨²ne nuevos documentos para recuperar dos galeones
La embajada en Washington pleitea con un famoso "cazatesoros"
?Qui¨¦n se quedar¨¢ con el tesoro de 500 millones de d¨®lares (71.000 millones de pesetas) sepultados en dos galeones espa?oles hundidos cerca de las costas del Estado norteamericano de Virginia? Para evitar que un cazatesoros y el Estado de Virginia se adue?en del tesoro, el Gobierno espa?ol entreg¨® el mi¨¦rcoles a un juez federal numerosos documentos para hacer valer sus derechos de propiedad.
El Ejecutivo espa?ol solicit¨® judicialmente el mi¨¦rcoles al Estado de Virginia que revoque la autorizaci¨®n exclusiva otorgada a la empresa Sea Hunt Inc, especializada en la b¨²squeda de tesoros submarinos, para explorar y sacar a flote los objetos que puedan contener dos galeones espa?oles hundidos cerca de su costa.La Embajada de Espa?a en EE UU recurri¨® al prestigioso bufete de abogados de Washington Covington and Burling, para el que trabajan 250 letrados, con objeto de que reivindique ante los tribunales sus derechos de propiedad sobre los buques.
Los abogados entregaron al juez federal J. Calvitt Clarke Jr. un memorandum de 50 p¨¢ginas acompa?ado por varios cientos de fotocopias de documentos hist¨®ricos escritos en espa?ol, seg¨²n inform¨® la prensa de Virginia. La Galga y Juno naufragaron hace 248 y 196 a?os, respectivamente, cerca de la costa de Assateague. El temporal les hizo en ambos casos estrellarse contra arrecifes y bancos de arena. Casi toda la tripulaci¨®n de La Galga logr¨® salvarse pero, en cambio, los 425 marineros y soldados del Juno murieron ahogados.
Ben Benson, due?o de Sea Hunt y famoso cazatesoros, est¨¢ convencido de que a bordo del Juno fue embarcado un cargamento de 700.000 pesos de plata, que pesaba unas 22 toneladas y valdr¨ªa hoy en d¨ªa unos 71.000 millones de pesetas. Para tratar de recuperarlo solicit¨® y obtuvo el a?o pasado un permiso del Estado de Virginia para buscar y rescatar el hipot¨¦tico tesoro.
Una ley federal norteamericana de 1987 otorga la propiedad de los barcos abandonados a menos de tres millas de la costa a los Estados mar¨ªtimos. El acuerdo alcanzado por Virginia con Ben Benson estipula que el cazatesoros podr¨¢ quedarse con el 75% del producto de la venta de los objetos rescatados del barco mientras que al Estado le corresponder¨¢ el 25% restante.
La Embajada de Espa?a en Washington argumenta que la ley no se aplica a ambos buques porque eran de guerra aunque, a veces, transportaban mercanc¨ªas. Alega, adem¨¢s, que nunca fueron abandonados por su propietario, aunque reconoce que pudieron ser descuidados.
"Me temo que interpretamos [la legislaci¨®n] de forma diferente", declar¨® al diario The Virginian Pilot de Norfolk (Virginia) el ministro consejero de la Embajada espa?ola, Rafael Conde. "Un barco de guerra es diferente", a?adi¨®. Duda, adem¨¢s, de que el Juno contenga en sus bodegas la plata, aunque s¨ª sospecha que guarda los cuerpos de buena parte de los marineros ahogados.
En los mares del Caribe o en los cayos de Florida, el Reino de Espa?a perdi¨® cientos de nav¨ªos procedentes de sus colonias, pero es la primera vez que reivindica ser su propietario.
Iniciativa judicial
La iniciativa judicial que tom¨® el mi¨¦rcoles ha suscitado todo tipo de comentarios ir¨®nicos en Virginia. "Creo que podemos llegar a una situaci¨®n original si [la Justicia] permite a Espa?a vigilar y controlar lo que est¨¢ sumergido en en aguas territoriales de EE UU", afirm¨® David K. Sutelan, uno de los abogados de Sea Hunt.Su due?o, Benson, fue m¨¢s hiriente: "Los espa?oles sufrieron una tremenda enfermedad cuya curaci¨®n requer¨ªa oro, mucho oro. Parece que las cosas no han cambiado mucho desde hace 400 a?os".
Lo que s¨ª ha cambiado es que la Administraci¨®n federal de EE UU respalda la actuaci¨®n espa?ola. The Virginian Pilot asegura que los departamentos de Estado, de Justicia y de la Marina secundan a Espa?a porque "est¨¢n alarmados ante la creciente capacidad de los cazatesoros para localizar barcos hundidos" y tratan de que la Justicia les pare los pies.
De hecho, fue primero el Departamento de Justicia de EE UU, que act¨²a como la Fiscal¨ªa General del Estado, el que recurri¨® ante el juez, en representaci¨®n de Espa?a, la autorizaci¨®n dada a Benson.
El magistrado desestim¨® la petici¨®n porque, aleg¨®, la Administraci¨®n federal no puede erigirse en defensora de los intereses de un Estado extranjero. De ah¨ª que en Washington se haya animado al Gobierno espa?ol a defender directamente sus intereses ante la Justicia.
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