Un informe de Bienestar Social critica los "efectos perversos" del "bonocheque"
Un estudio realizado por la Unidad de Inspecci¨®n de Servicios Sociales del propio departamento critica, en tono constructivo pero sin tapujos, las m¨²ltiples deficiencias del programa de bono residencia, el plan impulsado por la Consejer¨ªa de Bienestar Social, cuya titular es Marcela Mir¨®, para facilitar el alojamiento de personas sin recursos en residencias privadas de la tercera edad. El informe, entre otros "efectos perversos o indeseables", destaca la carencia de plazas, los abusos de algunas residencias y la discriminaci¨®n que sufren los usuarios con menos recursos econ¨®micos.
El servicio de inspecci¨®n de la Consejer¨ªa de Bienestar Social concluye en su an¨¢lisis del programa del bono residencia que las plazas ofertadas son insuficientes para la demanda generada, especialmente en Alicante; tambi¨¦n que no existe uniformidad en cuanto a los servicios e instalaciones de las residencia privadas incluidas en el programa y, en t¨¦rminos generales, que ser¨ªa necesario establecer "un mayor control del uso de fondos p¨²blicos" que llegan a las residencias privadas. Adem¨¢s, los inspectores ponen ¨¦nfasis en las "irregularidades" generadas por la tardanza en resolver las nuevas peticiones de ayudas. As¨ª, el 17 % de las peticiones de subvenciones cursadas en 1998 no se empezaron a conceder o denegar hasta el mes de julio, ya en el segundo semestre del a?o. Por ello, "las consecuencias inmediatas de los retrasos y los tiempos muertos son sufridos tanto por la residencia como por el cliente", ya que los "procedimientos de pago y de liquidaci¨®n aplazada" entre usuario y empresa provocan "efectos indeseables" al posibilitar "pr¨¢cticas an¨®malas". Asimismo, por parte de las residencias "se dan cobros por encima de m¨®dulos sin motivo alguno". Por parte de la Administraci¨®n, se incurre "en tardanzas insostenibles en la liquidaci¨®n al cliente". P?GINA 3
Las residencias aplican "extras injustificados"
lenciaLos expertos que han redactado el informe, centrado en la direcci¨®n de Servicios Territoriales de Valencia -el a?o anterior fue realizado en ese mismo organismo en Alicante- tambi¨¦n subrayan los efectos provocados por la "falta" de actuaciones "conducentes a controlar el desarrollo del programa" y garantizar su "¨¦xito" respecto al usuario -"en relaci¨®n con los derechos de los clientes" y la Administraci¨®n con las garant¨ªas requeridas. As¨ª, el establecimiento de tarifas unitarias "sin homologar las prestaciones" de las residencias y sus "m¨ªnimos de calidad" ha facilitado que algunas empresas obliguen a afrontar al beneficiario de las ayudas "extras injustificados". Es decir, muchos usuarios son obligados a pagar suplementos pese a que, en principio, el bonocheque facilitado por la Consejer¨ªa de Bienestar Social cubre el costo de su estancia. Adem¨¢s, los m¨®dulos econ¨®micos son fijados por la Administraci¨®n "sin que les haya quedado claro a las residencias que no es posible cobrarle al cliente un precio/plaza por encima de dicho m¨®dulo". La falta de uniformidad, "junto con una falta de seguimiento", ha posibilitado que, de "forma usual entre las residencias acogidas al programa", las empresas "pacten con el ciudadano un precio por encima del m¨®dulo", lo que va en contra de las directrices del programa.
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