El falso debate sobre la selecci¨®n del profesorado universitario

No parece que el nuevo proyecto del Ministerio de Educaci¨®n y Cultura (MEC) vaya a cerrar el inacabable debate sobre la modificaci¨®n de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Se han desvanecido las expectativas de principios de 1997, o el precario acuerdo de m¨ªnimos de noviembre de ese mismo a?o, y no hay s¨ªntomas de acercamiento entre las posturas del ministerio y las de los rectores o de CiU. Una de las causas de este estancamiento es que se ha hurtado el debate sobre los aspectos de fondo en conflicto. Asistimos as¨ª a un debate en falso, como se manifiesta por ejemplo en lo relativo a la selecci¨®n del profesorado universitario.

En un tema tan complejo como el citado, la discusi¨®n parece limitarse a una pugna simplista sobre si es la actual composici¨®n "2+3" de los tribunales de oposici¨®n (dos miembros nombrados por la propia universidad y tres externos por sorteo), o quiz¨¢ la " 1+4", la mejor f¨®rmula de equilibrio entre la satelizaci¨®n y la endogamia.

Intentemos reorientar el debate, partiendo del objetivo com¨²n de seleccionar la persona m¨¢s adecuada (de dentro o no) para debe desempe?ar las tareas de la plaza en cuesti¨®n, evitando para ello nepotismos, corruptelas y amiguismos (de dentro o no)

Una primera laguna es la indefinici¨®n en la LRU de las caracter¨ªsticas y funciones de cada categor¨ªa de profesorado, sin las cuales resulta dif¨ªcil dise?ar la documentaci¨®n que deben presentar y los ejercicios que deben desarrollar los candidatos. En cualquier caso, ci?¨¦ndonos a los agentes de la selecci¨®n, parece evidente que es la propia universidad quien mejor conoce dichas tareas a realizar, en funci¨®n de l¨ªneas de trabajo consolidadas o deficitarias, infraestructuras disponibles y demandas del entorno socio-econ¨®mico. Si a eso a?adimos la exigencia de que cada universidad se haga responsable de sus resultados, rindiendo cuentas del aprovechamiento de los recursos puestos a su disposici¨®n, resulta inevitable concluir que la universidad debe tener la ¨²ltima palabra en la selecci¨®n de su personal.

No puede obviarse la conveniencia de supervisi¨®n o control externo del ejercicio de dicha competencia, dadas las circunstancias actuales de insuficiencia en la definici¨®n de objetivos, persistencia de corporativismos de departamento o de "escuela", falta de consolidaci¨®n de los mecanismos de control democr¨¢tico interno, etc¨¦tera.

El debate se centra en las formas de ejercer dicha supervisi¨®n o control externo, sin menguar la capacidad ¨²ltima de cada universidad de seleccionar su propio personal. Se dispone para ello, por ejemplo, de diversas posibilidades de preselecci¨®n y habilitaci¨®n ampliamente utilizadas y experimentadas en instituciones p¨²blicas y en empresas privadas.

Una de las posibilidades m¨¢s sencillas, teniendo en cuenta la pr¨¢ctica tradicional en la Universidad, ser¨ªa la reconversi¨®n de los actuales tribunales en comisiones de preselecci¨®n, encargadas de evaluar la solvencia acad¨¦mica de los candidatos. Sus dict¨¢menes actuar¨ªan como filtro y como valoraci¨®n para que una segunda comisi¨®n de la propia universidad tomara la decisi¨®n final de entre los candidatos preseleccionados. Parecer¨ªa razonable, en estas circunstancias, que la comisi¨®n de preselecci¨®n fuese mayoritariamente externa.

Puesto que los m¨¦ritos acad¨¦micos habr¨ªan sido ya enjuiciados por los expertos en la preselecci¨®n, la comisi¨®n final interna deber¨ªa ser diversificada (departamento, centro, comisi¨®n de selecci¨®n de la universidad, junta de personal...) para una completa visi¨®n de las tareas contempladas en la plaza en cuesti¨®n y para contrarrestar presiones sectoriales.

Josep Ferrer es responsable Universidad de CC 00.