Los emigrantes indocumentados y el derecho a la salud

Las recientes noticias sobre una supuesta falta de atenci¨®n sanitaria a hijos de inmigrantes sin papeles no es sino un peque?o reflejo, la punta de un iceberg mucho m¨¢s tr¨¢gico y que ya ven¨ªamos denunciando las ONG: existe, efectivamente, un cada vez m¨¢s amplio colectivo de personas a las que no se permite el derecho a la salud. Entre ellos, ocupan un papel destacado los inmigrantes sin papeles. Actualmente, la asistencia sanitaria de estas personas se est¨¢ cubriendo gracias a la generosidad y la responsabilidad de los profesionales de la salud, de algunas instituciones sanitarias y de las ONG, ya que no hay en vigor ninguna ley ni normativa que desarrolle el derecho a la salud en su globalidad para todos, incluida la infancia. En el caso de los menores, lo grave es que s¨ª que existenleyes que les amparan.

Es una responsabilidad de todos solucionar este problema. Por tanto, creemos que no se puede cargar en las espaldas los profesionales de la Sanidad. M¨¢s bien al contrario, ya que ¨¦stos, en su mayor¨ªa y por sus propias convicciones ¨¦ticas y profesionales, atienden a estos colectivos a pesar de que no existe legislaci¨®n al respecto. Y esto se refleja en c¨®mo se est¨¢ atendiendo. Debe haber una verdadera voluntad pol¨ªtica implicando a todas las instituciones que tienen competencia en este tema, como, por ejemplo, la cartilla de la Seguridad Social debe ser concedida por el Ministerio de Trabajo, concedi¨¦ndola, para que se pueda acceder al Ministerio de Sanidad, en toda su integridad.

En este sentido, lograr una soluci¨®n pasa por lograr un compromiso pol¨ªtico: no es l¨®gico que podamos atender a las v¨ªctimas de una guerra o una cat¨¢strofe humana y no poder hacerlo aqu¨ª. Nuestro sistema de salud, cuyos principios son la universalidad, la equidad, la eficacia y el desarrollo de la salud comunitaria, no puede dejar fuera a personas que conviven con nosotros en nuestro pa¨ªs y que mediante sus trabajos est¨¢n siendo de gran utilidad a la sociedad espa?ola: trabajo dom¨¦stico o rural.

Respecto a la eficacia, no es ventajoso desde ning¨²n punto de vista, ni para el paciente ni para el sistema, que el enfermo sin papeles tenga que esperar a que una enfermedad sea grave para poder ser atendido en Urgencias. Es a¨²n menos permisible, existiendo programas de control de enfermedades infecciosas, que se dejen fuera a colectivos especialmente vulnerables a este tipo de patolog¨ªas.

Se debe abordar, con la mayor urgencia, este problema y buscar la f¨®rmula administrativa que haga posible un derecho fundamental como el de la salud, derecho garantizado, por otra parte, por nuestra Constituci¨®n y por la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos.

Ci?¨¦ndonos a la noticia que estos d¨ªas han reflejado los medios de comunicaci¨®n, deber¨ªamos hacernos una pregunta: ?por qu¨¦ la fiscal¨ªa s¨®lo ha denunciado que eran menores los no atendidos? ?Por qu¨¦ tienen derecho los ni?os a ser atendidos y no los adultos? Da la sensaci¨®n de que a los medios y a la opini¨®n p¨²blica s¨®lo les produce indignaci¨®n el hecho de la minor¨ªa de edad de los inmigrantes no atendidos. Si la persona tiene 18 a?os, ?nos importa menos que no tenga derecho a la salud? En este aspecto, no conviene caer en la demagogia y en la hipocres¨ªa. Tanto derecho tiene un ni?o como un adulto o un anciano a su propia salud. Ahora, adem¨¢s, estamos en el momento ideal para abordar un cambio de la normativa -que le corresponder¨ªa al Parlamento y al Gobierno-, porque es evidente que en este momento los medios de comunicaci¨®n est¨¢n alerta. Pensemos qu¨¦ ocurrir¨ªa en estos momentos si un inmigrante fallece -sea de la edad que sea- por falta de atenci¨®n m¨¦dica.

Pero volvemos a encontrarnos con el problema legislativo: la ley actual no ha desarrollado la normativa administrativa para atender los problemas de salud de todas las personas que viven en nuestro pa¨ªs. A pesar de que nuestro sistema consagra la universalidad, el no conceder a los inmigrantes una situaci¨®n regularizada hace que no se desarrolle este concepto de universalidad, base de nuestro ordenamiento constitucional. Este problema legislativo y normativo debe ser resuelto desde su ra¨ªz.

Desde luego, no se arregla nada ofreciendo soluciones caritativas ni parches, porque, como en el caso de los ni?os aparecido en la prensa, se haya producido una cierta alarma social. Reclamar solamente el acceso a la salud de estos ni?os, acogi¨¦ndonos a la Declaraci¨®n de los Derechos de los Ni?os, crea una verdadera injusticia ante los adultos, ya que parece ser que garantizar el derecho a la salud va a depender del a?o de nacimiento.

El derecho a la salud de los inmigrantes es un reto que debemos abordar desde nuestras instituciones democr¨¢ticas, como es el Parlamento espa?ol. Aquellos responsables pol¨ªticos que se han mostrado escandalizados con el caso de los menores tienen oportunidad de impulsar un cambio de la legislaci¨®n. En este sentido, debemos plantear modificaciones de la Ley de Extranjer¨ªa, concretamente del art¨ªculo sobre el derecho a la salud en casos de urgencia, para lograr un derecho a la salud en toda su amplitud y que pueda cumplir los requisitos de universalidad, equidad y eficacia. Un sistema en el cual se contemple la asistencia m¨¦dica de urgencia, la asistencia continuada, la asistencia en enfermedades cr¨®nicas, la prevenci¨®n y la promoci¨®n de la salud... En definitiva, garantizar la existencia de un sistema de salud basado en la equidad: "A igual enfermedad, igual tratamiento".

La situaci¨®n socioecon¨®mica actual de nuestro pa¨ªs y el optimismo generado por la integraci¨®n europea deben ser aprovechados para mostrar la generosidad de nuestra sociedad hacia aquellos que est¨¢n actualmente desprotegidos. En este sentido, frente a sociedades menos generosas y que tienden hacia la exclusi¨®n, como refleja un informe recientemente publicado en Le Monde Diplomatique, debemos marcar el camino de la solidaridad. Nuestra sociedad es generosa y solidaria, como se ha demostrado en la respuesta generada tras la cat¨¢strofe provocada por el hurac¨¢n Mitch, y nos atrevemos a asegurar que no aceptar¨¢ como algo inevitable la existencia de un colectivo sin derecho a ser personas, a tener identidad, papeles, salud o vivienda.

No podemos aceptar el hecho de que en nuestra sociedad convivan dos tipos de personas: los ciudadanos que disfrutan de todos los derechos y ventajas de un Estado de bienestar y un colectivo sin derechos, de "no ciudadanos", que depende de la buena disposici¨®n de los profesionales de la salud para resolver sus problemas m¨¦dicos, por graves que ¨¦stos sean.