Un convenio de la OCDE convierte en delito sobornar a funcionarios extranjeros

Las empresas suelen llamarlos p¨²dicamente "gastos de prospecci¨®n comercial", pero esa partida de su contabilidad encubre, muchas veces, los sobornos que proporcionan a los funcionarios de pa¨ªses extranjeros de los que pretenden arrancar un gran contrato.Con los Estados del Tercer Mundo, es una pr¨¢ctica generalizada que, en cierta medida, fomentan los pa¨ªses industrializados. No en balde, Alemania, Francia y Canad¨¢ contemplaban deducciones fiscales para los cohechos que daban sus empresas, y en Espa?a exist¨ªa un vac¨ªo legal.

Por si cupiera alguna duda, la amplitud del fen¨®meno acaba de ser ilustrada por el reciente esc¨¢ndalo de la compra de votos de los miembros del Comit¨¦ Ol¨ªmpico Internacional para que apoyasen la candidatura de algunas ciudades a organizar los Juegos Ol¨ªmpicos. A partir de ma?ana, sin embargo, los "gastos de prospecci¨®n comercial" van a sufrir un serio recorte. Ese d¨ªa entra en vigor para seis pa¨ªses -EEUU, Canad¨¢, Reino Unido, Alemania, Islandia y Hungr¨ªa- un convenio internacional que pretende erradicar la corrupci¨®n de funcionarios extranjeros en las transacciones comerciales internacionales.

Poco a poco, a medida que vayan depositando los instrumentos de ratificaci¨®n, el convenio se ir¨¢ ampliando a los otros 24 miembros de la Organizaci¨®n de Cooperaci¨®n y Desarrollo Econ¨®mico (OCDE) y a otros cinco pa¨ªses que, sin pertenecer a ella, han suscrito el compromiso con el prop¨®sito de mejorar su reputaci¨®n internacional (Brasil, Argentina, Chile, Eslovaquia y Bulgaria). Suscrito en diciembre de 1997 en Par¨ªs por 34 ministros,tras dos a?os de arduas negociaciones, el convenio obliga a los firmantes a introducir en su legislaci¨®n nacional sanciones penales que permitan condenar a los que corrompan o intenten corromper a las autoridades o funcionarios p¨²blicos extranjeros o de organizaciones internacionales en el ejercicio de su cargo. Se considera funcionario a todo aquel que ostente un mandato legislativo, administrativo o judicial. Una vez traspuesto el convenio, el Estado puede ratificarlo. En el caso espa?ol, el vicepresidente Rodrigo Rato rubric¨® el texto y, en diciembre pasado, las Cortes lo ratificaron. Para que el Estado haga lo propio, es necesario modificar el c¨®digo penal mediante una ley org¨¢nica cuyo anteproyecto el Gobierno envi¨® a las Cortes el 29 de enero. El texto equipara la corrupci¨®n de funcionarios nacionales y extranjeros, sean de otro Estado o de un organismo internacional. Los que los corrompan incurrir¨¢n en penas de prisi¨®n de dos a seis a?os y multas del triplo del valor de la d¨¢diva.

Comparado con los art¨ªculos similares de otras legislaciones europeas, el c¨®digo penal espa?ol no es muy severo. En Francia, por ejemplo, prev¨¦ condenas de 10 a?os de c¨¢rcel y multas de 25 millones de pesetas (152.000 euros).

Aunque suscribi¨® el convenio, EEUU lo considera insuficiente. Posee desde hace 20 a?os una ley que proh¨ªbe sobornar a funcionarios extranjeros, y el Departamento de Comercio estima que su aplicaci¨®n hace perder al a?o a las empresas norteamericanas contratos por valor de 161.810 millones de pesetas (9.725 millones de euros).

Washington intent¨® en vano que el convenio precisase y armonizase las condenas y que abarcase tambi¨¦n a los sobornos que reciben los partidos pol¨ªticos. Argumentaba que all¨ª donde existe un partido ¨²nico no hay frontera alguna entre lo p¨²blico y lo privado.

Aun as¨ª, el convenio supone "un paso hist¨®rico", seg¨²n Carel Mohn, portavoz de Transparency International, una fundaci¨®n con sede en Berl¨ªn y dedicada a combatir la corrupci¨®n. "Es una buena arma disuasoria", a?ade, pero, para que sea eficaz, "se requiere que el delito sea perseguido y el delincuente enjuiciado". "Hay adem¨¢s que cambiar la cultura de muchas empresas en las que el director dice a sus subordinados que obtengan el contrato pero no le cuenten c¨®mo lo lograron".

?Qu¨¦ otros pasos deben darse para acabar con la corrupci¨®n p¨²blica internacional? "La OCDE debe poner en marcha un mecanismo de vigilancia de la aplicaci¨®n del convenio por los pa¨ªses que lo han ratificado", asegura Mohn. "Hay tambi¨¦n que presionar a los Estados no miembros de la OCDE para que se sumen al acuerdo".

Las formas de la corrupci¨®n est¨¢n, sin embargo, cambiando, y el convenio que se estrenar¨¢ ma?ana puede llegar tarde para combatir algunas de ellas. En China y, en general, en el conjunto de Asia, "la modalidad m¨¢s corriente no es ya la entrega de dinero contante y sonante", declaraba al diario Herald Tribune Shangjin Wei, profesor del Instituto Kennedy de Administraci¨®n P¨²blica de la Universidad de Harvard (EEUU) y uno de los mayores expertos norteamericanos en la materia.

"Lo m¨¢s corriente", prosegu¨ªa, "es organizar viajes con todos los gastos pagados a la sede norteamericana de la empresa, pero pasando por Las Vegas o Los ?ngeles. Esto puede ser contabilizado como gastos de viaje de negocios" sin mayor riesgo para la empresa.