El fiscal Mena abre diligencias por los anuncios de Comas en la prensa

El fiscal jefe de Catalu?a, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada por el Partit dels Socialistas (PSC) contra el consejero de Bienestar Social de la Generalitat, Antoni Comas. Los denunciantes consideran que Comas pudo cometer un delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos por insertar en tres peri¨®dicos anuncios de media p¨¢gina, calificados por los socialistas de "partidistas", en los que se acusaba al Ayuntamiento de Barcelona de paralizar la creaci¨®n de residencias para ancianos.

La denuncia contra Comas fue presentada el pasado d¨ªa 11 en la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC). El ministerio p¨²blico podr¨ªa haber optado por archivar directamente la denuncia o, como ha ocurrido en este caso, por investigar los hechos y estudiar si tienen o no relevancia penal. La denuncia del PSC, que fue presentada por los diputados Marina Geli y Joan Ferran, explicaba que el caso de Comas es id¨¦ntico al que en su d¨ªa protagoniz¨® el ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea, condenado en 1995 por el Tribunal Supremo a siete a?os de inhabilitaci¨®n por gastar m¨¢s de dos millones en anuncios de prensa y cu?as de propaganda pol¨ªtica en las que descalificaba e incluso insultaba a sus adversarios pol¨ªticos. En aquel caso, la sentencia indicaba que esos anuncios "no tienen nada que ver con la propaganda institucional, ni con la defensa del prestigio de las instituciones, que m¨¢s bien queda deteriorado cuando los dineros p¨²blicos se utilizan para denigrar, atacar e insultar a los adversarios pol¨ªticos". "Provocaci¨®n municipal" En el caso de los anuncios de Bienestar Social, publicados durante la llamada guerra de los geri¨¢tricos, se acusaba al ex alcalde de Barcelona Pasqual Maragall, candidato del PSC a la Generalitat, de "haber introducido unilateralmente plazos de imposible cumplimiento en la cesi¨®n de terrenos para la construcci¨®n de equipamientos sociales". Del mismo modo se aseguraba que "en ning¨²n caso el Departamento de Bienestar Social ha exigido el DNI al se?or alcalde", para iniciar la construcci¨®n de los geri¨¢tricos,un extremo que el Ayuntamiento de Barcelona pudo probar documentalmente. Los anuncios tambi¨¦n instaban al consistorio a que "en lugar de perder el tiempo en usos partidistas de esta grave carencia municipal se agilice la cesi¨®n de los terrenos convenidos" y se advert¨ªa de que el departamento que dirige Comas "no contestar¨¢ ninguna otra provocaci¨®n municipal". El art¨ªculo 433 del C¨®digo Penal castiga con penas de multa y suspensi¨®n de cargo p¨²blico de seis meses a tres a?os a "la autoridad o funcionario p¨²blico que destinare a usos ajenos a la funci¨®n p¨²blica los caudales o efectos puestos a su cargo por raz¨®n de sus funciones". El mismo C¨®digo Penal prev¨¦ penas de c¨¢rcel de hasta tres a?os cuando se diera una circunstancia de ¨¦stas y "el culpable no reintegrara el importe de lo distra¨ªdo dentro de los 10 d¨ªas siguientes al de la incoaci¨®n del proceso", un tr¨¢mite que en este caso se iniciar¨ªa si el juzgado acordase abrir diligencias penales. El mismo d¨ªa de la publicaci¨®n de los anuncios, el primer secretario del PSC, Narc¨ªs Serra, pidi¨® a Comas que retornase el dinero que costaron y acus¨® al ex consejero de actuar con fines "electoralistas". Cuando el PSC anunci¨® que acudir¨ªa a la fiscal¨ªa, Jordi Pujol decidi¨® bloquear la Carta Municipal de Barcelona. Mientras tanto, Bienestar Social prepara por otra parte una campa?a de 100 conferencias en barrios populares para explicar el coste que tiene para los ciudadanos el d¨¦ficit fiscal de Catalu?a.