Los m¨¦dicos de Brasil "juzgan" a 26 colegas por colaborar con la dictadura militar
Los facultativos afrontan cargos como la ocultaci¨®n de muertes por tortura
El consejo regional de medicina de R¨ªo de Janeiro abri¨® ayer un proceso profesional -al que se unir¨¢ otro similar en S?o Paulo- contra 11 m¨¦dicos, muchos de reconocido prestigio, acusados de haber colaborado activamente con la dictadura militar que sojuzg¨® el pa¨ªs entre 1964 y 1985. Un total de 42 facultativos podr¨ªan, como jurados, llegar a impedir a 26 colegas el ejercicio de la profesi¨®n, en caso de ser condenados. Los expertos legales no excluyen que, una vez pronunciado el fallo profesional, intervengan tambi¨¦n los tribunales ordinarios.
La constituci¨®n de los tribunales colegiales ha sido posible gracias a las denuncias presentadas a partir de 1990 por el colectivo Tortura Nunca M¨¢s, que pidi¨® a los consejos m¨¦dicos regionales de R¨ªo y S?o Paulo que examinaran la conducta ¨¦tica de 100 facultativos sospechosos de haber colaborado con la tortura ejercida por la dictadura, encubierto esa pr¨¢ctica o realizado diagn¨®sticos de las v¨ªctimas para orientar las sesiones de tormento.En el curso de los tr¨¢mites procesales previos, algunos de los acusados murieron, otros probaron su inocencia y hubo quienes lograron paralizar el proceso mediante recursos de amparo. De los 100 inicialmente implicados han acabado en el banquillo 11 en R¨ªo y 15 en S?o Paulo.
Uno de los finalmente implicados, Jos¨¦ Ant¨®nio de Melo, de 74 a?os, que trabaj¨® en el Instituto M¨¦dico Legal de S?o Paulo durante los 21 a?os de dictadura, ha afirmado que no entiende por qu¨¦ se le va a procesar a ¨¦l, y no a los militares a quienes obedec¨ªa. Est¨¢ acusado de ocultar la muerte por tortura de un preso pol¨ªtico.
Walter Sayez, de 75 a?os, un endocrin¨®logo de fama de S?o Paulo -en cuya cl¨ªnica hay que esperar 15 d¨ªas para tener cita-, se defiende diciendo que ¨¦l nunca vio los cuerpos de los torturados y que se limitaba a firmar los informes que le presentaban. Se le acusa de ocultar el tormento sufrido por tres integrantes de organizaciones guerrilleras.
Otro de los m¨¦dicos que ser¨¢n procesados, Irany Novah Mor?es, es catedr¨¢tico de la Facultad de Medicina de S?o Paulo. Tendr¨¢ que explicar los informes que dio sobre un militante de izquierdas y sobre un miembro de un grupo guerrillero tras examinar sus cuerpos, muertos por la polic¨ªa. Es a¨²n socio del hospital Itatiaia de S?o Paulo y autor de un libro, El error m¨¦dico y la ley.
El ginec¨®logo Gracho Guimar?es Silveira, de 63 a?os, actual catedr¨¢tico de Medicina Legal en dos universidades de R¨ªo de Janeiro, se ha acogido al silencio alegando que le ha sido impuesto por su abogado. Guimar?es hab¨ªa trabajado en el Instituto M¨¦dico Legal de R¨ªo desde 1972 hasta 1990. Est¨¢ acusado de haber ocultado en sus informes la causa real de la muerte por tortura de personas de izquierda.
Un juicio cuanto antes
Quien en cambio ha pedido ser juzgado cuanto antes es el ginec¨®logo Eduardo Bruno, acusado de haber falsificado informes sobre cuatro miembros de organizaciones ligadas a la lucha armada, muertos bajo la tortura. "No aguanto m¨¢s esta pesadilla", ha comentado a la revista Veja, y ha a?adido: "Quiero ser juzgado cuanto antes. Estoy seguro de que voy a ser absuelto".Uno de los acusados, Samuel Haberkotn, de 63 a?os, tiene una historia curiosa: est¨¢ acusado de haber ocultado la muerte por tortura de dos militantes del grupo Vanguardia Popular Revolucionaria. Mientras ¨¦l ocultaba tales hechos, su ex mujer, Iara Iavelberg, actuaba clandestinamente en ese movimiento. Tras haberse separado de su marido, Iara vivi¨® una historia de amor con el l¨ªder guerrillero Carlos Lamarca y acab¨® suicid¨¢ndose en El Salvador al verse acorralada por las fuerzas represivas. Los consejos profesionales encargados del proceso argumentan que ser¨¢ un est¨ªmulo para que la clase m¨¦dica mundial no olvide que en ese oficio la ¨¦tica constituye un valor irrenunciable al servicio de la sociedad, que no debe ser quebrantado por ning¨²n motivo. Los 26 acusados intentan a¨²n que los tribunales ordinarios impidan el proceso profesional que, como m¨ªnimo, expone sus historiales a la luz de la opini¨®n p¨²blica. El juicio ser¨¢ individual, y se calcula que cada caso llevar¨¢ unas nueve horas.
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