Un aspirante al Casino Costa Blanca presenta un recurso que pone en tela de juicio el concurso

El complicado proceso de adjudicaci¨®n de la licencia de explotaci¨®n del Casino Costa Blanca y la paralela subasta de bienes de la sociedad mercantil que lo explota hace aguas. La Consejer¨ªa de Hacienda ha requerido documentaci¨®n complementaria a una de las dos sociedades valencianas que pugnan por el control de la sala de juegos. La respuesta ha sido un recurso que pone en tela de juicio la legalidad del concurso de adjudicaci¨®n de la licencia y la paralela subasta de los bienes. El recurso podr¨ªa ser elevado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

El casino de La Vila Joiosa acumula una deuda con la Hacienda valenciana que ronda los 2.400 millones de pesetas por impago de las tasas sobre el juego. El pasado mes de diciembre Hacienda opt¨® por convocar un doble proceso administrativo y ejecutivo, formalmente impulsado para adjudicar la sala de juegos sin poner en peligro los puestos de trabajo. Dos grupos valencianos han acudido al concurso de la licencia que autoriza la explotaci¨®n de la sala. Por un lado Casinos Mediterr¨¢neo, sociedad encabezada por Jes¨²s ?lamo, que controla el grupo Acrismatic, el mayor operador de m¨¢quinas tragaperras de la Comunidad Valenciana. Por otro, la sociedad Casino Terra M¨ªtica, que impulsa el empresario de pasteler¨ªa Antonio Pe?alver, tambi¨¦n vinculado con el sector del juego en la vertiente del bingo. Hacienda ha requerido a Casino Terra M¨ªtica varios documentos. En primer lugar la inscripci¨®n fehaciente en el registro mercantil de la sociedad, con un capital de mil millones de pesetas. El recurso cita el Reglamento de Casinos de Juego de la Comunidad Valenciana, en el que se ampara la orden de convocatoria, que establece el mismo requisito pero, en un aparte, reza: "Si la sociedad no se hubiese constituido, se presentar¨¢ proyecto de la escritura y de los estatutos". Casino Terra M¨ªtica presenta el proyecto de escritura y recuerda: "La omisi¨®n de esta previsi¨®n en la orden de convocatoria del presente concurso p¨²blico puede infringir este derecho del compareciente", recogido en la ley de procedimiento administrativo y, por tanto, de obligado cumplimiento para la Administraci¨®n. Pero los mayores problemas surgen cuando Hacienda exige a Casino Terra M¨ªtica que acredite su participaci¨®n en la paralela subasta de enajenaci¨®n de bienes de la sala de juegos de La Vila Joiosa. La sociedad se ampara en el mismo reglamento de casinos y argumenta que la propia convocatoria del concurso de adjudicaci¨®n de licencia "infringe" la normativa. Los requisitos que establece el reglamento para solicitar una autorizaci¨®n de licencia incluyen la necesidad de explicar el inter¨¦s tur¨ªstico del proyecto, su viabilidad econ¨®mica, garant¨ªas financieras y, entre otras, la posibilidad de que el concursante establezca "la ubicaci¨®n" del nuevo casino. Sin embargo, la orden elaborada por Hacienda exige que la ubicaci¨®n de la sala de juego sea "forzosamente la sede del actual casino". El recurso estima que tal exigencia "imposibilita la participaci¨®n en el concurso a cualquier interesado que no sea poseedor o titular de los inmuebles". M¨¢s adelante explica que tal requisito "conculca el principio de libre concurrencia", puesto que s¨®lo podr¨¢ lograr la autorizaci¨®n de explotaci¨®n del casino aquella sociedad que resulte adjudicataria de los bienes de la actual sala de juegos. Adem¨¢s, las opciones para participar en el concurso de enajenaci¨®n de bienes de la sala de juegos se pueden presentar hasta el 9 de abril. El recurso de Casino Terra M¨ªtica se ampara en ese plazo y considera que avanzar la exigencia podr¨ªa provocar la nulidad del concurso porque supondr¨ªa un motivo de exclusi¨®n que cercena la libre competencia. Finalmente, Hacienda exige en la orden de convocatoria del concurso el compromiso de que la sociedad adjudicataria incorpore la actual plantilla de la sala de juegos. Casino Terra M¨ªtica "ignora" el n¨²mero actual de empleados, asegura que la ley le exime de aportarlo y recuerda que, en cualquier caso, la administraci¨®n dispone de ese dato. La sociedad estudia elevar el recurso al Tribunal Contencioso Administrativo si es desatendida, un movimiento que podr¨ªa paralizar el actual proceso.