Ciudadan¨ªa

No se puede construir una ciudad competitiva, abierta, culta, eficiente y solidaria partiendo del alarmante d¨¦ficit democr¨¢tico que existe en nuestras ciudades. Un gui¨®n no se convierte en obra de teatro si no hay int¨¦rpretes. Y desde una visi¨®n progresista, no basta que el ciudadano deje de ser s¨²bdito y se convierta en elector cada cuatro a?os, contribuyente y "objeto" de la acci¨®n de gobierno. Incluso su conceptualizaci¨®n como cliente y copropietario de la ciudad, a pesar de a?adir notas positivas a las de contribuyente y elector, es claramente insuficiente. El ejercicio de la ciudadan¨ªa presupone la participaci¨®n y ¨¦sta la informaci¨®n. Podremos hablar por tanto de d¨¦ficit democr¨¢tico cuando haya carencias relevantes en la informaci¨®n al ciudadano y/o cuando los niveles de participaci¨®n efectiva en las decisiones de gobierno sean anormalmente bajas. Como puede intuirse con facilidad, estamos ante una cuesti¨®n de grado y es por tanto establecer criterios objetivos y cuantificables sobre cu¨¢ndo es "suficiente" el grado de informaci¨®n y/o participaci¨®n. Pero, a¨²n aceptando estas dificultades, no puede sustraerse del debate esta cuesti¨®n crucial. El hecho de las elecciones, de la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes en el gobierno local (o en otras instituciones locales) deber¨ªa siempre considerarse un valioso y apreciado punto de partida pero no como la culminaci¨®n del funcionamiento democr¨¢tico de una sociedad. Mediante el voto, el ciudadano delega en sus representantes el ejercicio del gobierno de la "res publica" pero ello no excluye en ning¨²n caso su participaci¨®n. No es ¨¦sta, por otra parte, una cuesti¨®n de tama?o. En un trabajo reciente, el profesor J. L. Sharpe argumentaba que aunque aparentemente la escala jugaba en contra de la democracia, la diferencia en este campo entre un n¨²cleo de 1.000 habitantes y uno de 100.000 era de hecho marginal y que s¨®lo en n¨²cleos poblacionales muy reducidos pod¨ªa argumentarse que el ejercicio de la democracia sal¨ªa fortalecido aunque tambi¨¦n pon¨ªa en aviso al lector sobre el car¨¢cter m¨¢s olig¨¢rquico y conformista de los peque?os n¨²cleos y sobre los mayores medios y posibilidades que ten¨ªa la participaci¨®n en n¨²cleos urbanos de superior tama?o. Por tanto, ni es de aplicaci¨®n el famoso slogan "small is beautiful" ni el tama?o puede esgrimirse como excusa para cercenar o limitar el ejercicio de la participaci¨®n democr¨¢tica. Hemos dicho anteriormente que no existe participaci¨®n sin informaci¨®n y sin duda deber¨ªamos comenzar por la informaci¨®n si queremos cambiar la arquitectura civil. La revoluci¨®n de las telecomunicaciones abre nuevas y potentes v¨ªas para que la informaci¨®n al ciudadano sea posible, completa y eficaz al tiempo que permite recabar con facilidad su opini¨®n ante temas conflictivos. No estamos lejos, en este sentido, del refer¨¦ndum electr¨®nico y todo esfuerzo en esta l¨ªnea es poco. Deber¨ªa propiciarse (y ello tiene muchas otras ventajas colaterales) que la mayor¨ªa de los hogares estuvieran conectados a la red de forma que pudieran consultar y ser consultados. Y de forma paralela a ese esfuerzo de generalizaci¨®n del uso dom¨¦stico de las telecomunicaciones con fines informativos es tecnol¨®gicamente posible la generalizaci¨®n de puntos de informaci¨®n electr¨®nicos tanto en la v¨ªa p¨²blica como en lugares p¨²blicos. Todo este esfuerzo exige claro est¨¢, como pre-requisito, que el gobierno local ponga a disposici¨®n del ciudadano una informaci¨®n abundante, ¨²til y sencilla de consultar y que la informaci¨®n sea veraz y no instrumento de propaganda pol¨ªtica. En este sentido, el control, de la veracidad de la informaci¨®n deber¨ªa ser una de las responsabilidades b¨¢sicas de una figura poco desarrollada: la del defensor del ciudadano. Pasemos de la informaci¨®n a la participaci¨®n. Tradicionalmente, la participaci¨®n ciudadana se ha canalizado a trav¨¦s de asociaciones de vecinos y, secundariamente, a trav¨¦s de otro tipo de asociaciones. Sin intenci¨®n de menoscabar la utilidad de estos modos de participaci¨®n, parece evidente que este tipo de asociaciones voluntarias padecen necesariamente un d¨¦ficit democr¨¢tico desde el momento que representan s¨®lo a aquellos que han decidido voluntariamente asociarse y este colectivo suele ser bastante escaso en relaci¨®n al conjunto de la poblaci¨®n. La soluci¨®n a este problema quiz¨¢ resida en promover la reforma legislativa que permita que al mismo tiempo que se realizan las elecciones locales se elijan representantes vecinales por barrios (o cuando no existan, por unidades residenciales que no superen los 10.000 habitantes). L¨®gicamente, en r¨¦gimen de listas abiertas. Para que esto sea posible es necesario la existencia de un r¨¦gimen laboral especial para los elegidos as¨ª como alg¨²n tipo de compensaci¨®n econ¨®mica que evite que el ejercicio de representaci¨®n suponga perjuicio econ¨®mico. La existencia de este tipo de representantes vecinales es compatible con la pervivencia de las asociaciones c¨ªvicas voluntarias que tendr¨ªa voz pero no voto en la toma de decisiones. La junta de representantes vecinales "elegidos" constituir¨ªan en cada distrito (agrupaci¨®n de barrios o distrito ¨²nico seg¨²n el tama?o de la poblaci¨®n) un ¨®rgano consultivo del gobierno local en el cual se podr¨ªan delegar algunas competencias aunque su funci¨®n b¨¢sica siempre ser¨ªa recabar y transmitir las opiniones y propuestas de los vecinos. El poder de decisi¨®n seguir¨ªa residiendo en el gobierno democr¨¢ticamente elegido pero una estructura como la se?alada (con las matizaciones y modificaciones necesarias) mejorar¨ªa notablemente la participaci¨®n ciudadana y disminuir¨ªa el d¨¦ficit democr¨¢tico existente. ?stas son algunas propuestas que concretan el ejercicio de la ciudadan¨ªa y que dan por supuesto que no es necesario realizar propuesta alguna sobre el escrupuloso respeto de los derechos humanos sin el cual no cabe hablar de ciudadan¨ªa.

Josep Sorribes es profesor de Econom¨ªa Regional y Urbana de la Universitat de Val¨¨ncia.