El Gobierno y el ministerio zanjan el conflicto del plus a la plantilla judicial

El Gobierno vasco y el central han resuelto de una vez el conflicto por el complemento retributivo establecido por el primero para los funcionarios judiciales. Un real decreto sobre retribuciones del personal al servicio de la Administraci¨®n de Justicia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de abril permite a las seis comunidades con el personal de justicia transferido otorgar un plus de productividad. El decreto da cobertura al complemento que el Ejecutivo vasco estableci¨® en octubre.

El Departamento de Justicia aprobar¨¢ su decreto en cuanto la disposici¨®n del Consejo de Ministros se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. El consejero, Sabin Intxaurraga, ya ech¨® mano de este mismo plus a finales del a?o pasado para zanjar temporalmente la crisis judicial abierta a mediados de 1998 con el ministerio que dirige Margarita Mariscal de Gante. Intxaurraga y su equipo dieron por echo que contaban con el visto bueno ministerial, ya que los representantes del Gobierno central hab¨ªan informado favorablemente en reuniones previas. Sin embargo, el ministerio plante¨® el 3 de marzo ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias, por entender que el Gobierno vasco no es competente para fijar ese tipo de plus. La tesis que sostiene es que los funcionarios judiciales (agentes, oficiales, auxiliares y m¨¦dicos forenses) forman parte de un cuerpo nacional y, por lo tanto, las retribuciones correr¨¢n a cargo de las comunidades que tengan transferencias en esos ¨¢mbitos, pero el c¨®mo ha de pagarse no est¨¢ a disposici¨®n de cada Gobierno regional. Tiene que haber homogeneidad. No puede haber diferencias, por ejemplo, entre lo que gana un funcionario en M¨¢laga y otro en Guip¨²zcoa. As¨ª, el Gobierno central ha optado por retirar el recurso interpuesto ante el Constitucional. Ahora, las retribuciones complementarias por productividad van a tener cierta autonom¨ªa. El pago de este plus no ser¨¢ el mismo en las seis comunidades (Catalu?a, Comunidad Valenciana, Galicia, Pa¨ªs Vasco, Canarias y Andaluc¨ªa), sino que estar¨¢ en funci¨®n de los medios materiales de funcionamiento que cada una de ellas ponga al servicio de la Administraci¨®n de Justicia (inform¨¢tica, telem¨¢tica) y en lo que con esos medios haga cada trabajador. El viceconsejero de Justicia, Abel Muniategi, recalc¨® a este peri¨®dico la idea de que el real decreto supone poner paz en la pugna que manten¨ªan ambas administraciones. "Se ha llegado a una soluci¨®n satisfactoria para ambas partes. A partir de ahora, con el ministerio no deber¨ªa haber falta de entendimiento. Pero mientras se llegue a la equiparaci¨®n total de los funcionarios de Justicia con el resto de los trabajadores de la Administraci¨®n vasca pueden darse fricciones de otra ¨ªndole con los agentes sociales", dijo.