El Senado, indeciso sobre la basura radiactiva

En Espa?a se ha intentado que la soluci¨®n al problema del combustible nuclear gastado pasase por un amplio consenso parlamentario. Para ello, el 30 de octubre de 1996, el Senado decidi¨® la elaboraci¨®n de una ponencia, dentro de la Comisi¨®n de Industria, Comercio y Turismo, que estableciera las l¨ªneas de actuaci¨®n para decidir el destino de estos residuos por acuerdo entre los diferentes grupos pol¨ªticos. Despu¨¦s de dos a?os de discusiones, y tras la comparecencia de 56 expertos de todo tipo, el pasado 14 de abril, el Pleno del Senado desestimaba la ponencia sin haber logrado un acuerdo, con el voto en contra de la mayor parte de los 178 senadores presentes, incluidos los del PP, autores del texto.La indecisi¨®n de los pol¨ªticos ha molestado al mundo nuclear, que ve escaparse una buena oportunidad de resolver el problema, o al menos de aparentar haberlo resuelto. "El valor que habr¨ªa tenido", dice Jorge Lang-Lenton, director de comunicaci¨®n de Enresa, la empresa p¨²blica encargada en Espa?a de la gesti¨®n de los residuos radiactivos, "era el de un consenso que ofreciera cierta estabilidad y que habr¨ªa permitido orientar nuestro trabajo sobre unos m¨ªnimos pactados con independencia de qui¨¦n estuviera en el Gobierno. Enresa naci¨® por una decisi¨®n del Parlamento y creemos que toda nuestra actividad deber¨ªa estar regulada por ¨¦l, mediante un consenso entre los partidos".

Un plan de cierre

Prudentemente, el Foro Nuclear, la asociaci¨®n que representa a la industria del sector, considera necesaria una determinaci¨®n p¨²blica y pol¨ªtica para tomar una decisi¨®n consensuada y con perspectivas a largo plazo, pero valora los trabajos de la ponencia. "El esfuerzo, investigaci¨®n y trabajo de los senadores involucrados servir¨¢ para tener los argumentos preparados para un futuro pr¨®ximo. En esta ocasi¨®n, el informe ha sido rechazado, pero hoy en Espa?a la decisi¨®n no es urgente", dice su director, Santiago San Antonio.

Ladislao Mart¨ªnez, de Ecologistas de Acci¨®n, tampoco comparte el lamento por la oportunidad perdida. "Creemos que entre un mal acuerdo y una falta de acuerdo es preferible esto ¨²ltimo. Estos residuos son una patata caliente que ning¨²n partido quiere asumir, y el PSOE no quer¨ªa dar la baza de una ley hecha a conveniencia del PP. Todos quieren evitar el coste pol¨ªtico de asumir un proyecto con una fuerte oposici¨®n social y un enorme desembolso econ¨®mico, que algunos calculan en cerca de 400.000 millones de pesetas". Para los ecologistas, la ponencia elude el problema central, que es la propia existencia de las centrales.

Por eso, Mart¨ªnez tiende una mano para la soluci¨®n del problema, aunque con una premisa: "No vamos a entrar en discusiones constructivas para resolver el problema de los residuos hasta que no haya un plan de cierre progresivo de las centrales. Cuando se d¨¦ este requisito, estamos dispuestos a participar en una discusi¨®n t¨¦cnica sobre la conveniencia de una soluci¨®n u otra, y ayudaremos a desactivar la oposici¨®n social existente".

Esta postura fue defendida, dentro de la comisi¨®n del Senado, por Jos¨¦ Luis Nieto, representante de Izquierda Unida posteriormente adscrito a Nueva Izquierda, que mantuvo hasta el final su postura de no votar ninguna propuesta que no contemplara el cierre de las centrales.

Las centrales nucleares espa?olas han generado 2.200 toneladas de combustible gastado, residuos nucleares de alta actividad y larga vida, y a¨²n generar¨¢n otras 4.500 toneladas si los nueve reactores en funcionamiento culminan su vida ¨²til, calculada en unos 40 a?os.

De momento, ese combustible quemado se almacena en piscinas situadas en las propias centrales, pero su destino final sigue siendo una inc¨®gnita.

Desde hace a?os, existe cierto consenso internacional sobre la conveniencia de almacenarlos en una instalaci¨®n subterr¨¢nea a gran profundidad (entre 500 y 800 metros) en una zona geol¨®gicamente estable, de baja sismicidad e impermeable, donde en teor¨ªa podr¨ªan mantenerse durante miles de a?os sin grandes sobresaltos, aunque nadie se atreve a garantizar plenamente este extremo, porque los plazos son demasiado largos. Este tipo de emplazamientos se conoce como AGP (almacenamiento geol¨®gico profundo) y algunos pa¨ªses ya han decidido su construcci¨®n.

En Espa?a, el IV Programa de Residuos Radiactivos contemplaba esta opci¨®n como la m¨¢s conveniente, pero el reciente fracaso de la ponencia del Senado ha demorado la toma de una decisi¨®n definitiva hasta el a?o 2010, lo cual retrasar¨¢ la efectividad del camino que entonces se escoja hasta mucho despu¨¦s. "Si se decide entonces por un AGP habr¨¢ que empezar a buscar emplazamiento y luego construirlo. Lo m¨¢s probable es que los residuos no se trasladar¨ªan desde las centrales nucleares antes del 2030", dice Lang-Lenton.

En algunos pa¨ªses se ha conseguido ya este consenso pol¨ªtico. Francia aprob¨® hace tiempo la Ley Bataille (por el diputado que la elabor¨®), un amplio acuerdo entre todos los grupos pol¨ªticos para buscar un emplazamiento adecuado para un AGP. El Reino Unido ha seguido estos mismos pasos, y la C¨¢mara de los Lores aprob¨® el pasado marzo una resoluci¨®n postulando un AGP como la mejor opci¨®n. Los planes brit¨¢nicos contemplan la construcci¨®n de la instalaci¨®n para estar operativa en el 2050. Tambi¨¦n en Suecia se ha logrado un consenso, aunque no reflejado legislativamente, para proceder a la selecci¨®n de emplazamientos.

Estados Unidos no se ha planteado la necesidad de este consenso, que existe de facto, y el Gobierno ha decidido ya instalar un AGP en Yucca Mountain (Nevada), en una zona deshabitada y de propiedad militar, donde se realizaron en su d¨ªa ensayos nucleares. El proyecto ser¨¢ dado a conocer a la opini¨®n p¨²blica este mes y ser¨¢ objeto de debates y estudios hasta su definitiva aprobaci¨®n en el 2002, con vistas a que est¨¦ operativo en el 2010. Se trata de una toba volc¨¢nica en la que se insertar¨¢n los residuos a unos 350 metros de profundidad