Financiaci¨®n y autonom¨ªa universitaria, talones de Aquiles de la legislatura

"El discurso de Zaplana hacia las universidades ha cambiado en estos cuatro a?os, ya no es agresivo, pero en los hechos no se ve ning¨²n cambio". La descripci¨®n del rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, es elocuente acerca del divorcio que se produjo entre la Administraci¨®n y las universidades valencianas a la llegada del PP a la Generalitat. La decisi¨®n de segregar la facultad de Medicina y Estad¨ªstica de la Universidad de Alicante para crear la quinta universidad de la Comunidad, la Miguel Hern¨¢ndez de Elche, contra todo pron¨®stico acad¨¦mico -esto es, los diversos pronunciamientos de los rectores espa?oles a trav¨¦s del Consejo de Universidades y de la CRUE-, fue el principio de una gran enemistad. Despu¨¦s de 20 a?os de democracia y de casi 15 a?os desde la Ley de Reforma Universitaria, la autonom¨ªa universitaria qued¨® seriamente debilitada. La inauguraci¨®n en octubre de 1997 del primer curso de la Miguel Hern¨¢ndez, arropada por la plana mayor del PP y por un presupuesto que triplica la l¨ªnea especial habilitada en los Presupuestos del Consell de 1.500 millones situ¨¢ndose en cerca de 4.000 millones, abri¨® de nuevo la brecha entre la Administraci¨®n y las universidades. La pol¨¦mica sobre la financiaci¨®n de las universidades valencianas -que ocupan el decimotercero lugar en referencia a la subvenci¨®n p¨²blica por estudiante que reciben las autonom¨ªas con una renta per c¨¢pita similar- dej¨® sentado que ambos temas ser¨ªan los talones de Aquiles de la legislatura. As¨ª, en julio de 1997, la Generalitat y las cinco universidades p¨²blicas pactan el primer plan de inversiones en infraestructuras para el periodo 1995-2001 por 75.600 millones, mediante dos operaciones financieras -una emisi¨®n de bonos por 46.800 millones y pr¨¦stamos del Banco Europeo de Inversiones por 28.800 millones, a un plazo de 20 a?os-. El problema de fondo, sin embargo, no queda resuelto. Superada la d¨¦cada de la masificaci¨®n en los campus, y encarrilada la operaci¨®n para modernizar edificios e instalaciones, las universidades valencianas necesitan revisar con urgencia la tranferencia corriente del Consell: el motor que las hace funcionar d¨ªa a d¨ªa. El presupuesto para n¨®minas de personal docente y administrativo, las partidas para funcionamiento de los departamentos y lo poco que queda para investigaci¨®n, aprietan tanto que, por ejemplo, en diciembre del a?o pasado la Universidad de Valencia se las vio para poder ingresar la paga extra, hasta que el Consell aprob¨® una l¨ªnea de 5.000 millones m¨¢s a repartir entre todas. El sistema universitario p¨²blico valenciano, con cinco universidades, 130.000 alumnos, m¨¢s de 100 titulaciones y un gasto p¨²blico de 38.000 millones, cifra que ronda el 0,6% del PIB valenciano, vive inmerso en una profunda transformaci¨®n que pasa por un pacto de las reglas de juego que marcar¨¢n el futuro trazado de las instituciones superiores valencianas. Las conclusiones del Libro blanco, que se gest¨® y culmin¨® con el entonces tercer consejero de Educaci¨®n, Francisco Camps, hablan precisamente de la necesidad de que Administraci¨®n y equipos rectorales pacten "criterios objetivos" de nuevas titulaciones, que eviten falsas competencias y duplicidad entre los campus y, sobre todo, "un nuevo modelo de financiaci¨®n para enfrentar los retos de tecnolog¨ªa y calidad docente necesarios para competir con Europa". En este contexto, hacia mediados de 1998 los equipos econ¨®micos y gerentes de la Universidad de Valencia, la de Alicante, la Polit¨¦cnica y la Jaume I de Castell¨®n, haciendo un frente com¨²n de rectorados in¨¦dito hasta entonces, emprenden la tarea de dise?ar un modelo de financiaci¨®n que sirviera de "instrumento claro y eficaz" a la Administraci¨®n para planificar el progresivo aumento del gasto p¨²blico universitario en los pr¨®ximos cuatro a?os. La propuesta b¨¢sicamente consiste en que el presupuesto universitario se duplique y se sit¨²e en 80.000 millones gradualmente en el periodo 1999-2002, de forma que el gasto p¨²blico alcance los 56.126 millones en cuatro a?os. Mientras se reducen, tambi¨¦n progresivamente, las trasferencias de capital para inversiones. El resto apuesta por una novedosa f¨®rmula de financiaci¨®n "por objetivos" en funci¨®n de retos como empleo, proyectos I+D o rendimiento docente, por el que las universidades pueden llevarse parte de otros 4.000 millones. El documento, seg¨²n ha confesado la directora general de Universidades, Carmen Martorell, est¨¢ bloqueado en la Consejer¨ªa de Hacienda. Pese a que las heridas se han ido limando, al menos a nivel epid¨¦rmico, no han logrado a¨²n cicatrizar las causas que provocaron la llaga. Tanto Zaplana como el actual consejero, Manuel Taranc¨®n, han dejado claro que la autonom¨ªa est¨¢ muy bien, pero que quien paga manda.