Garz¨®n ampl¨ªa con otros 36 nuevos casos la investigaci¨®n por torturas contra Pinochet

El juez Baltasar Garz¨®n ha admitido una ampliaci¨®n de la querella presentada contra el exdictador chileno Augusto Pinochet a 36 nuevos casos de torturas, genocidio y terrorismo cometidos a partir del 8 de diciembre de 1988, cuando entr¨® en vigor en el Reino Unido el convenio de represi¨®n de la tortura. El magistrado ha criticado con virulencia a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional por alinearse con las posturas defendidas por la defensa de Pinochet en Londres.

En la ampliaci¨®n de la querella figuraba un minucioso relato de hechos en los que se relacionaban los nuevos casos de torturas con Pinochet y con otros imputados en la causa. Los 36 nuevos casos se unen a los 50 que ya hab¨ªa presentado Garz¨®n el pasado 30 de abril cometidos a partir de diciembre de 1988, al igual que otros cuatro que ya figuraban en la demanda incial. Por ello, Garz¨®n, en un auto fechado el pasado d¨ªa 16, pero notificado ayer, se?ala que en el nuevo escrito se describen una serie de comportamientos delictivos que podr¨ªan constituir delitos de genocidio, terrorismo y torturas y que en el mismo "se ofrecen elementos suficientes que relacionan al procesado Sr. Pinochet y otros imputados con la presente ejecuci¨®n de los mismos". "Por tanto", agrega, "debe accederse a la personaci¨®n de los querellantes y ampliar la investigaci¨®n a estos nuevos hechos incluidos en el periodo que se estudia en esta causa".

El juez Garz¨®n rechaz¨® tambi¨¦n un recurso presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional en el que ped¨ªa que se utilice ¨²nicamente la v¨ªa diplom¨¢tica en el caso de la extradici¨®n de Pinochet.

Garz¨®n critica duramente a la fiscal¨ªa que dirige Eduardo Fungairi?o y precisa que "s¨®lo en este procedimiento de extradici¨®n desea que se mantengan comunicaciones por v¨ªa diplom¨¢tica, cuando le consta que ello supondr¨ªa la pr¨¢ctica imposibilidad de que determinados datos necesarios para el adecuado curso de la demanda solicitada por Espa?a en Inglaterra, y que pide el Crown Prosecution Service, llegaran a su destino en tiempo h¨¢bil". Garz¨®n se?ala que la comunicaci¨®n por fax y tel¨¦fono son norma habitual en las relaciones entre ¨®rganos judiciales de diferentes pa¨ªses y que su eficacia est¨¢ reconocida. El fiscal, agrega el juez, "desconoce incomprensiblemente la argumentaci¨®n" ofrecida en una resoluci¨®n anterior sobre la "eficacia, validez y legitimidad de las comunicaciones con el Crown Prosecution Service".

"Mala fe procesal"

"No es cierto, sin aproximarse a la mala fe procesal", destaca el auto de Garz¨®n, "afirmar que el Juzgado se autosolicita [los datos] cuando constan los escritos del Crown Prosecution Service (...) en los que pide las informaciones que se le han mandado, a no ser que pretenda el Sr. Fiscal que a¨²n disponiendo de nuevos datos o de aquellos que sean de inter¨¦s en Inglaterra, y que se generan en este procedimiento, se sustraiga al conocimiento de la jurisdicci¨®n inglesa, a fin de que prospere la tesis adversa a la extradici¨®n que tan vehementemente defiende el Sr. Fiscal y la propia defensa del procesado". Garz¨®n a?ade que el recurso no se deber¨ªa siquiera haber tramitado, pero que de esta forma "queda resuelto en el fondo y en la forma".