Protecci¨®n de Datos y el Poder Judicial piden garant¨ªas para el comercio en Internet

La Agencia de Protecci¨®n de Datos (APD) ha reclamado a la Administraci¨®n un mayor cuidado en el tratamiento automatizado de los datos de car¨¢cter personal que ser¨¢n utilizados para dar valor a la firma electr¨®nica, un sistema que permitir¨¢ reforzar la seguridad de las transacciones comerciales a trav¨¦s de Internet. El Gobierno ha incorporado a su proyecto de ley sobre firma electr¨®nica las sugerencias de la APD y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al inicial anteproyecto. El CGPJ pidi¨® m¨¢s garant¨ªas frente a quienes certifican la firma electr¨®nica.

En t¨¦rminos generales, tanto la APD como el CGPJ han dado el visto bueno al anteproyecto de ley de Firma Electr¨®nica. Las observaciones efectuadas en sendos informes, no vinculantes, han sido incorporadadas al proyecto de ley, un texto que la Secretar¨ªa General de Comunicaciones quiere tramitar por la v¨ªa de urgencia. A trav¨¦s de la firma digital, el usuario podr¨¢ presentar la declaraci¨®n de la renta o efectuar transacciones econ¨®micas por medios telem¨¢ticos. Estas operaciones exigen, adem¨¢s de seguridad, confidencialidad. De ah¨ª que la APD haga hincapi¨¦ en que los datos que recabados para una actividad no sean utilizados para otra diferente. El anteproyecto de ley ya preve¨ªa el sometimiento a la Ley Org¨¢nica Reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD) del tratamiento de los datos que precisen los prestadores del servicio de certificaci¨®n y del que se realice en el Registro de Prestadores de Servicio de Certificaci¨®n. Sin embargo, la APD ech¨® de menos que la futura ley no sometiera a la LORTAD a todos aquellos organismos nacionales competentes en materia de acreditaci¨®n y supervisi¨®n de los prestadores de servicios. El definitivo texto del proyecto de ley, de 29 de julio ¨²ltimo, subsana esa y otras omisiones.

Autentificaci¨®n digital

El nuevo sistema de autentificaci¨®n digital permitir¨¢ reforzar la seguridad del comercio electr¨®nico, un sector que el a?o pasado movi¨® 14.000 millones de pesetas. Los usuarios han reclamado una normativa que garantice la seguridad en las transacciones. El texto elaborado por el Ministerio de Fomento regula el uso de la firma electr¨®nica, a la que atribuye eficacia jur¨ªdica y establece el r¨¦gimen relativo a los prestadores de los servicios de certificaci¨®n, encargados de acreditar la autenticidad de dicha firma. Uno de los aspectos controvertidos del texto se refiere a la protecci¨®n de datos personales. Respecto a la utilizaci¨®n de seud¨®nimos, el informe de la APD reconoci¨® que en la futura ley existe "un pleno reconocimiento de la posibilidad de que los prestadores de servicios de certificaci¨®n consignen en el certificado el seud¨®nimo del signatario, sin perjuicio de que por los mismos deba dejarse constancia de la identificaci¨®n del propio signatario". Sin embargo, advirti¨® que desvelar la identidad de quien se esconde tras un pseud¨®nimo constituir¨¢ una aut¨¦ntica cesi¨®n de datos de car¨¢cter personal, ya que el anteproyecto preve¨ªa que la cesi¨®n "no s¨®lo tendr¨¢ lugar en los supuestos de solicitud de ¨®rganos jurisdiccionales, sino tambi¨¦n en los dem¨¢s supuestos en que la ley habilite expresamente la cesi¨®n". El proyecto de ley definitivo atendi¨® esta sugerencia y vincula la cesi¨®n a los supuestos previstos en la LORTAD. Por su parte, el informe del CGPJ sugiri¨® que la futura ley "precise cu¨¢l ha de ser la eficacia jur¨ªdica de la firma electr¨®nica, regule su uso y establezca una disciplina en el establecimiento, funcionamiento y responsabilidad de los prestadores del servicio de certifciaci¨®n". EL CGPJ advirti¨® que en el texto remitido por el Gobierno "se observan aspectos que podr¨¢n plantear en el futuro problemas" y cit¨® el hecho de que no se regularan espec¨ªficamente los requisitos para desempe?ar la funci¨®n de prestadores de servicios de certificaci¨®n o de certificadores de productos de firma electr¨®nica. Tambi¨¦n critic¨® que el registro de prestadores de servicios de certificaci¨®n se radicara en el Ministerio de Justicia y la inspecci¨®n y el control de su actividad en el de Fomento.