El TC suspende de nuevo el decreto andaluz sobre los dep¨®sitos judiciales

El pasado 21 de julio, el Tribunal Constitucional le dio a la Junta una buena noticia y otra mala. Por un lado, legitim¨® la subida de las pensiones no contributivas, y por otro, orden¨® un nuevo par¨®n al decreto andaluz sobre el uso de los intereses generados por los dep¨®sitos judiciales (por ejemplo, las fianzas de los detenidos). En concreto, el Constitucional suspende una disposici¨®n adicional del presupuesto andaluz en la que se inclu¨ªan estos fondos.

La victoria de la subida de las pensiones no contributivas opac¨® la publicidad y los discursos oficiales sobre este otro auto del Tribunal Constitucional (TC), notificado el mismo d¨ªa. Pero es una cuesti¨®n de gran importancia para la Administraci¨®n andaluz. En concreto, y seg¨²n se asegura desde la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n y Justicia, entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas. La titular de la citada Consejer¨ªa, Carmen Hermos¨ªn, estaba preparada para recibir la noticia de la decisi¨®n del TC de congelar la Disposici¨®n Adicional S¨¦ptima de los presupuestos de la comunidad andaluza de 1999. En este punto se estipula que el dinero que, seg¨²n la Junta, le corresponden a Andaluc¨ªa fruto de los intereses generados por los dep¨®sitos judiciales de todo el Estado, acumulados en una cuenta corriente del BBV, se incluir¨¢n en un programa presupuestario de Gobernaci¨®n. Las siete comunidades aut¨®nomas con competencias de Justicia reclaman desde hace tiempo este dinero. El Gobierno central mantiene la tesis contraria e incluye estos fondos en la denominada caja ¨²nica. Andaluc¨ªa ha sido la m¨¢s beligerante y en diciembre de 1997, la Junta aprob¨® un decreto seg¨²n el cual los intereses de esos fondos se destinar¨ªan a sufragar el d¨¦ficit generado por las transferencias asumidas en Justicia. El Gobierno central recurri¨® este decreto ante el TC. "Nosotros tomamos la decisi¨®n pol¨ªtica de incluir en los presupuestos de todos los a?os estas disposiciones adicionales y al Constitucional no le queda m¨¢s remedio que echarlo para atr¨¢s. Hasta que no se resuelva el recurso contra el decreto seguir¨¢ siendo as¨ª. Es una pena porque esto tiene una clara soluci¨®n pol¨ªtica", se lamentaba ayer Hermos¨ªn. La consejera culpa al Ministerio de Justicia de esta situaci¨®n y asegura que incluso las autonom¨ªas en poder del Partido Popular est¨¢n a favor de que los intereses de estos fondos se repartan. Andaluc¨ªa opt¨® por la estrategia de legislar al respecto. Catalu?a, sin embargo, se mantuvo a la espera y lo que hizo fue recurrir el concurso p¨²blico entre las distintas instituciones bancarias (que gan¨® el BBV) para albergar estos dep¨®sitos judiciales. Tan s¨®lo de Andaluc¨ªa salieron 45.000 millones en este concepto en 1997. Los citados fondos -o mejor, a qui¨¦n corresponden- son una fuente de controversia importante. El Consejo Consultivo de Andaluc¨ªa respalda las tesis de la Junta y considera que los intereses de este dinero forman parte de los medios materiales de los que se hizo cargo el Ejecutivo aut¨®nomo tras asumir la competencia de manera oficial el 1 de abril de 1997. Otros juristas consideran que no debe desgajarse esta caja. Por el momento y hasta que se resuelva el recurso sobre el decreto andaluz, el TC contin¨²a suspendiendo las disposiciones del presupuesto andaluz porque "podr¨ªan perturbar el normal funcionamiento de los servicios".