La detenci¨®n del ex dictador ha provocado cambios en la pol¨ªtica y la justicia chilena

En los casi 12 meses que lleva detenido Augusto Pinochet se han producido en Chile algunos hechos de incuestionable car¨¢cter pol¨ªtico inimaginables cuando el comandante en jefe devenido senador vitalicio se sent¨ªa amo y se?or de su pa¨ªs, y que demuestran que la prolongada detenci¨®n ha tenido un efecto palpable. La Mesa de Di¨¢logo entre enemigos irreconciliables, el cambio de actitud de la justicia hacia los militares acusados de violaciones de derechos humanos y la frustraci¨®n de aquellos sectores pinochetistas que siempre se manifestaron con altaner¨ªa son nuevos actores en el escenario pol¨ªtico chileno.

Por iniciativa del ministro de Defensa, Edmundo P¨¦rez Yoma, militares y abogados defensores de las v¨ªctimas de la dictadura se sentaron por primera vez el pasado 21 de agosto para hablar de los detenidos-desaparecidos durante el r¨¦gimen que presidi¨® el general detenido en Londres. El viernes tuvo lugar la ¨²ltima reuni¨®n de la ronda de exposiciones durante la que han intervenido hasta 18 oradores: Gobierno, oposici¨®n, Fuerzas Armadas, abogados de derechos humanos, Iglesia. No est¨¢n en la Mesa de Di¨¢logo los generales retirados, principales art¨ªfices de la represi¨®n en la etapa m¨¢s cruenta de la dictadura, porque no han sido admitidos, aunque est¨¢n representados por los uniformados en activo. Ni las agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos, ni el partido comunista, por considerar que la iniciativa s¨®lo aporta un bal¨®n de ox¨ªgeno a los militares cuando est¨¢n m¨¢s acorralados por la justicia, apoyan a la Mesa.La Mesa tiene el aval de la c¨²pula militar y del exdictador, lo que da idea de los aires que soplan en el estamento castrense, que se siente desprestigiado como nunca por el creciente n¨²mero de sus miembros que han sido procesados. El general Juan Carlos Salgado, enlace entre el Ej¨¦rcito y Pinochet, ha asistido a las reuniones y aunque ha mantenido la conocida posici¨®n de los militares de que no tienen informaci¨®n del paradero de los desaparecidos, ha exhibido un tono m¨¢s conciliador del habitual en sus pares. Hay que mirar como hermanos a quienes antes se mir¨® como enemigos, ha dicho. ?Maniobra para maquillar la imagen del Ej¨¦rcito? Es probable. Los uniformados acuden obligados por las circunstancias a una mesa para hablar de los desaparecidos y saben que, si resplandece la verdad, son los que tienen m¨¢s que perder.

El abogado Roberto Garret¨®n, conocido por su incansable defensa de los derechos humanos desde los peores tiempos de la dictadura, es uno de los asistentes. "Que podamos sentarnos en la misma mesa con los militares ya es un valor". Subraya que ha habido un trato respetuoso y que se ha hablado con mucha franqueza en todas las sesiones.

En el terreno de la justicia, la detenci¨®n de Pinochet no es ajena al rumbo firme que han tomado algunos jueces en la investigaci¨®n de las violaciones de los derechos humanos. "Se han dado cuenta de que es posible hacer justicia sin presiones. Garz¨®n lo hace en Espa?a, los lores en el Reino Unido, ?por qu¨¦ no nosotros?, se dicen a s¨ª mismos", comenta Garret¨®n. La mayor¨ªa de los juces de la Corte Suprema no pertenece a la ¨¦poca de la dictadura. Hay cinco generales detenidos, unos 25 militares procesados, varias decenas han sido citadas a declarar y la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema ha rechazado ¨²ltimamente todos los recursos planteados. El juez Juan Guzm¨¢n instruye 43 querellas contra Pinochet y ha ordenado la detenci¨®n y procesamiento de altos oficiales, entre ellos el general Sergio Arellano, por la caravana de la muerte. El juez Sergio Mu?oz orden¨® la detenci¨®n y proces¨® a dos generales, m¨¢ximos responsables de la pol¨ªcia pol¨ªtica por el asesinato de un sindicalista. El juez Hugo Dolmestch proces¨® a varios oficiales por la llamada operaci¨®n Albania, un acci¨®n policial que cost¨® la vida de varios miembros del Frente Patri¨®tico Manuel Rodr¨ªguez en 1987. Y el juez Milton Juica actu¨® contra los imputados en el caso conocido como el de los degollados. "Estos jueces sienten una cierta verg¨¹enza por lo que hicieron o no hicieron sus colegas durante la dictadura", apunta Garret¨®n.

Algo est¨¢ cambiando en la justicia, si se recuerda que el pionero de los magistrados independientes, Carlos Cerda, proces¨® en 1982 a cinco generales, entre ellos el exmiembro de la Junta Militar Gustavo Leigh, por la desaparici¨®n de 13 dirigentes comunistas. Todos se beneficiaron del decreto-ley de amnist¨ªa y el juez fue castigado con dos meses de suspensi¨®n de empleo y sueldo.

Pero existen resistencias. El general retirado Jorge Ballerino, con etiqueda de moderado, ha repetido que el exdictador nunca ser¨¢ juzgado en su pa¨ªs, y el cuerpo de generales retirados ha respondido como un solo hombre para proclamar la inocencia del general Hugo Gordon, ahora detenido (exmiembro de la Junta y anterior responsable de los servicios secretos de la dictadura). La ley de amnist¨ªa sigue en vigor y la derecha pide un perd¨®n jur¨ªdico que vaya m¨¢s all¨¢ de su l¨ªmite, el a?o 1978. El abogado Joan Garc¨¦s, representante de la acusaci¨®n particular contra Pinochet, define as¨ª la situaci¨®n: la verdadera transici¨®n comenz¨® el d¨ªa que detuvieron al exdictador.

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