Reformas en lista de espera

Las universidades empiezan el ¨²ltimo curso de la legislatura sin que el Gobierno haya abordado algunos de los grandes problemas de la educaci¨®n superior. Con el ruido de reformas menores se han tapado reclamaciones importantes, como la financiaci¨®n necesaria para paliar las carencias de las universidades (de unos 400.000 millones de pesetas) y la modificaci¨®n de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). ?sta debe servir para replantear las funciones del Consejo de Universidades y reformar la estructura del profesorado. La creaci¨®n de un distrito ¨²nico -del que recelan los nacionalistas-, los cambios en la selectividad -que no convencen a los rectores- y la regulaci¨®n provisional del profesorado centrar¨¢n en los pr¨®ximos meses el trabajo del equipo de Mariano Rajoy.

Las inauguraciones de los dos pasados cursos tuvieron un denominador com¨²n: las cr¨ªticas de los rectores al Gobierno por "carecer de pol¨ªtica" y "entorpecer la actividad universitaria" por no promover la reforma de la LRU y un pacto nacional para mejorar la financiaci¨®n de las universidades.Este a?o, los rectores a¨²n no se han manifestado (hoy se re¨²ne la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa?olas en la Carlos III de Madrid), pero sus principales peticiones de otros a?os siguen sin respuesta y las que ya se han abordado, como los retoques a la selectividad que se aprobar¨¢n en octubre, no cuentan con su aprobaci¨®n.

El pr¨®ximo mes ser¨¢ definitivo para el Gobierno. Si consigue llegar a los acuerdos necesarios,tendr¨¢ tiempo de aprobar un par de proyectos, aunque no entrar¨¢n en vigor en esta legislatura. Los temas pendientes son pr¨¢cticamente una fotocopia de los de a?os anteriores:

Ley de Reforma Universitaria.

Los rectores llevan toda la legislatura reclamando un cambio profundo en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983. En esta legislatura, el Gobierno no ha presentado ning¨²n proyecto de modificaci¨®n general de la ley, pero s¨ª diversos de reforma de su t¨ªtulo V, que hace referencia al profesorado. En ellos se defin¨ªan nuevas figuras docentes (profesor contratado doctor y profesor colaborador) y se propon¨ªa cambiar el sistema de oposiciones. Los enfrentamientos de los responsables de las universidades con la anterior ministra, Esperanza Aguirre, y la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios retrasaron el cambio.

Regulaci¨®n del profesorado.

En vez de retomar la modificaci¨®n del t¨ªtulo V de la LRU, el equipo de Rajoy ha preferido hacer un retoque que no necesita la aprobaci¨®n de las Cortes, la regulaci¨®n del profesorado no numerario por medio de un real decreto. Se trata del plan de promoci¨®n y estabilidad de unos 8.000 docentes universitarios en situaci¨®n precaria.El borrador, que todav¨ªa no est¨¢ concluido, recoge b¨¢sicamente dos propuestas: que los profesores universitarios asociados a tiempo completo puedan renovar su contrato cada tres a?os tras una prueba externa (ahora se puede prorrogar s¨®lo mediante decreto) y que sea creada la figura de profesor asociado doctor (no funcionario), con la misma retribuci¨®n que un titular interino. La figura de profesor asociado fue creada con la LRU para que profesionales en ejercicio dieran clases en la universidad con contratos parciales. Esta figura se ha desvirtuado y es la forma m¨¢s habitual (y precaria) de acceso de profesores a la universidad.

La financiaci¨®n es la clave de este proyecto. El texto del real decreto est¨¢ casi listo, pero las negociaciones con las comunidades y las universidades para su financiaci¨®n a¨²n no han comenzado. El Gobierno pondr¨¢ unos 12.000 millones, pero har¨¢ falta otro tanto, que debe ser financiado por las comunidades aut¨®nomas. Algunas se han mostrado ya partidarias de poner la mitad de la cantidad que se acuerde. Si no hay problemas de ¨²ltima hora, se espera que el proyecto est¨¦ listo y pactado en octubre.

Financiaci¨®n.

Es la principal espina de los rectores desde hace a?os. Ellos consideran que la cantidad necesaria para solucionar las carencias de las universidades y garantizar la calidad y la competitividad internacional es de unos 400.000 millones de pesetas. As¨ª se equiparar¨ªa el gasto medio por estudiante en Espa?a (5.000 d¨®lares) a la media europea (7.500 d¨®lares). Los rectores reprochan al Gobierno que no lidere un proceso parlamentario en el que se establezcan las bases de un sistema de financiaci¨®n nacional para las universidades.

Reforma de la selectividad.

Rajoy ha decidido asumir los retoques de la selectividad que rechaz¨® su antecesora. El cambio, mediante un real decreto, consiste principalmente en dar m¨¢s valor al expediente del bachillerato (del 50% al 60%) y menos a la prueba (del 50% al 40%). El Consejo de Universidades puso graves reparos en la conveniencia de dar m¨¢s valor al bachillerato, sobre todo si se sigue exigiendo la nota de 4 en el examen, y no de 5, para aprobar la selectividad y no se establecen unos mecanismos de control que sean de verdad efectivos para evitar que algunos centros inflen las notas de bachillerato de sus alumnos. El Gobierno ha asegurado que crear¨¢ esos mecanismos.

Distrito ¨²nico.

El equipo de Rajoy est¨¢ ultimando un real decreto para crear el distrito abierto para toda Espa?a. El objetivo es que los alumnos puedan estudiar en la universidad que quieran. Esta propuesta ha sido siempre acogida con recelo por los nacionalistas por razones de protecci¨®n ling¨¹¨ªstica. Los socialistas han objetado que la medida favorece a los estudiantes con m¨¢s recursos, los que puedan pagarse la carrera en otra localidad, si no se ofrece un gran n¨²mero de becas. El ministerio planea remitir el proyecto al Consejo de Universidades en octubre, baraja la creaci¨®n de una agencia del Consejo de Universidades que gestione el distrito abierto y espera que el proyecto entre en vigor el pr¨®ximo curso.