El fiscal afirma que la gesti¨®n de la funeraria fue cedida a una sociedad extranjera para eludir al fisco
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado en la querella contra la privatizaci¨®n de la funeraria municipal que la Agencia Tributaria intervenga con el objetivo de determinar el dinero supuestamente defraudado a Hacienda. El presunto enga?o al fisco tiene su origen en la cesi¨®n que Funespa?a (adjudicataria por 100 pesetas del concurso de privatizaci¨®n) hizo de la gesti¨®n del servicio p¨²blico a una sociedad radicada en Holanda y vinculada a un imputado. Esta subcontrata, hecha sin contraprestaci¨®n alguna y no prevista en el concurso, permiti¨® a Funespa?a, siempre seg¨²n el fiscal, desviar sistem¨¢ticamente el dinero que le pagaban por esa gesti¨®n (20% de los beneficios) a una tercera sociedad que, asentada en el extranjero, no estaba sujeta al impuesto de sociedades (la cuota a ingresar de Funespa?a rond¨® 750 millones de 1993 a 1997). La llamada de Anticorrupci¨®n a Hacienda viene acompa?ada de la solicitud de que declaren ante el Tribunal Superior por este supuesto enga?o todos los imputados (14, entre ellos seis altos cargos del PP) y 22 testigos. La fiscal¨ªa entiende que en la privatizaci¨®n (operaci¨®n ejecutada en 1992 por el gobierno municipal del PP) se cometieron cinco delitos fiscales, adem¨¢s de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas y falsedad en documento, entre otros.PASA A LA P?GINA 3
La fiscal¨ªa cree que Funespa?a eludi¨® del fisco el dinero que cobr¨® por la gesti¨®n
VIENE DE LA P?GINA 1La fiscal¨ªa parte de la base de que los actos que permitieron la adjudicaci¨®n de la funeraria municipal a la sociedad privada Funespa?a (mediante la privatizaci¨®n del 49% de su capital social) estuvieron "predeterminados" para favorecer a dicha empresa. Se trat¨® de una "vasta operaci¨®n de enriquecimiento" que da?¨® al erario y cuya explicaci¨®n ¨²ltima, seg¨²n la fiscal¨ªa, resid¨ªa en los pagos que la empresa mixta ha efectuado a Funespa?a "a ra¨ªz de la cesi¨®n, no prevista en el concurso, de la gesti¨®n del servicio p¨²blico". En esta l¨ªnea, Anticorrupci¨®n cree haber descubierto tres canales por los que este dinero fue sistem¨¢ticamente desviado para eludir a Hacienda.
El primer caso que describe el fiscal tiene fecha de nacimiento: el 3 de febrero de 1993. Ese d¨ªa la Empresa Mixta de Servicios Funerarios y Funespa?a suscribieron el contrato que otorgaba a esta ¨²ltima la gesti¨®n. Funespa?a, sin embargo, firm¨® esa misma jornada otro contrato con la sociedad Itcon, radicada en Holanda, por el que le ced¨ªa precisamente los ingresos procedentes de la gesti¨®n. Es decir, gener¨® una subcontrata por la que traspasaba la gesti¨®n de un servicio p¨²blico del Ayuntamiento de Madrid a una sociedad desconocida y extranjera. Todo ello, adem¨¢s, "sin contraprestaci¨®n real". Este mecanismo, siempre seg¨²n el ministerio p¨²blico, jam¨¢s fue previsto en la privatizaci¨®n ni en el propio contrato de gesti¨®n, pero se explica en la medida en que permiti¨® no tributar en Espa?a. A ello se a?ade otro dato esencial: ambas sociedades (Funespa?a e Itcon) estaban vinculadas a la misma persona, Jos¨¦ Ignacio Rodrigo (tambi¨¦n imputado). "Existen indicios de que Funespa?a como tal "organizaci¨®n" no hizo nada m¨¢s que facilitar los nombres de las personas a quienes ten¨ªa que pagar la Empresa Mixta por desempe?ar la gesti¨®n y por ello percibi¨® y sigue percibiendo el 20% de los beneficios de la funeraria, y no consta que Itcon hiciera otra cosa que llevarse los ingresos, con evidente duplicidad", afirma la querella.
Mecanismo del fraude
En septiembre de 1994, Funespa?a, pese a tener contrato con Itcon hasta el 2016, firm¨® otros dos del mismo tipo con las sociedades Astaldo e IAF. El fiscal revela el mecanismo supuestamente empleado por estas empresas para defraudar a Hacienda: aplicar al dinero recibido por la gesti¨®n la bonificaci¨®n (95% en la cuota ¨ªntegra del impuesto de sociedades) que establec¨ªa una ley de 1993 para los rendimientos procedentes de explotaciones econ¨®micas. Pero ambas empresas, como recalca el fiscal, no realizaban actividad alguna "salvo que por explotaci¨®n econ¨®mica se entienda el mero hecho de recibir dinero, lo cual no responde obviamente a las previsiones de la ley".
IU anunci¨® ayer que estudia ampliar la querella para que los imputados respondan de hechos como la "concesi¨®n de cementerios con canon cero hasta el 2016" o la "subcontrataci¨®n con otras empresas". Entre los querellados se encuentra el actual consejero de Sanidad, el concejal de Sanidad, el de Patrimonio y un ex teniente de alcalde.
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