La Fiscal¨ªa recusa a dos jueces del tribunal del "caso Intelhorce" por falta de imparcialidad

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial de M¨¢laga ha recusado a dos de los magistrados que componen el tribunal del nuevo juicio del caso Intelhorce por entender que ambos carecen de "imparcialidad objetiva" y que por consiguiente el proceso podr¨ªa resultar viciado. La recusaci¨®n, que tambi¨¦n solicitar¨¢n varias de las defensas, motiv¨® ayer la suspensi¨®n del juicio que, casi un a?o despu¨¦s de su inicio, debe celebrarse de nuevo desde el principio por una falta de previsi¨®n en la jubilaci¨®n del presidente del tribunal, lo que ha causado gran malestar entre las partes implicadas.

La sesi¨®n de ayer repiti¨® el gui¨®n ya conocido de la vista oral m¨¢s larga de la historia judicial de M¨¢laga: Suspensi¨®n a los pocos minutos de comenzar. El malestar de las partes, especialmente de las defensas, es cada vez m¨¢s evidente. Casi nadie entiende que el juicio deba repetirse desde el principio tras la decisi¨®n del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de jubilar al presidente del tribunal, Miguel Garc¨ªa, y no autorizarle una pr¨®rroga hasta el final del juicio del caso Intelhorce. La vista se inici¨® el 28 de octubre del a?o pasado y consumi¨® sus primeros siete meses en el debate y deliberaci¨®n de las cuestiones previas. La Fiscal¨ªa entiende que si el juicio debe repetirse desde el principio debe ser con un tribunal completamente nuevo, por lo que ha recusado a los magistrados Federico Morales y Andr¨¦s Rodero, que ya formaron parte del anterior. Seg¨²n la fiscal¨ªa, estos dos jueces est¨¢n "contaminados". "Est¨¢n prevenidos y tienen prejuicios porque ya resolvieron cuestiones previas que afectan directamente a la sentencia", explicaron fuentes de la Fiscal¨ªa. El abogado defensor Carlos Larra?aga, que representa al ex presidente de la empresa p¨²blica Improasa que gestion¨® la privatizaci¨®n de la f¨¢brica textil en 1989, record¨® que los dos magistrados en cuesti¨®n "no s¨®lo decidieron sobre las consideraciones previas, sino que ya han o¨ªdo el testimonio de algunos de los acusados". El juicio se encontraba en la fase de interrogatorios cuando fue suspendido por las vacaciones de verano hasta que en septiembre, cuando iba a reanudarse, se comprob¨® que hab¨ªa llegado el momento de la jubilaci¨®n del presidente, cuesti¨®n que seg¨²n comparten las defensas y la Fiscal¨ªa era absolutamente previsible cuando comenz¨® la causa. Nueva dilaci¨®n La Fiscal¨ªa explic¨® que ha considerado la dilaci¨®n que puede suponer en el proceso la designaci¨®n de un nuevo tribunal, pero entiende que est¨¢ en juego una causa mucho mayor como la imparcialidad, y por tanto el derecho constitucional a un juicio justo. Adem¨¢s, entiende que si ahora no se depuran los vicios en el proceso se corre el riesgo de que se pierda mucho m¨¢s tiempo pues podr¨ªa darse la circunstancia de que una vez concluido el juicio el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretaran la repetici¨®n de la vista oral por no cambiar al tribunal. La elevada cantidad de cuestiones previas presentadas por las partes y otros recursos sobre cuestiones procedimentales como la recusaci¨®n del magistrado Federico Morales, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), hicieron que la fase preliminar de la vista se prolongara m¨¢s de seis meses. Los dos magistrados recusados ya adoptaron en ese per¨ªodo decisiones fundamentales relativas a la competencia de la sala para juzgar el caso, a la posible consideraci¨®n de causa ya juzgada, al n¨²mero de acusados, al levantamiento de algunas de las imputaciones, as¨ª como sobre las garant¨ªas procesales de los imputados durante el pol¨¦mico proceso de instrucci¨®n. Antes de todo ello, el tribunal decidi¨® tambi¨¦n que el juicio se celebrara sin que se sentara en el banquillo el abogado Jos¨¦ Manuel Mu?iz, el principal acusado junto al empresario italiano Giovanni Orefici, que tiene disminuidas sus facultades por una grave enfermedad. La vista se inici¨® el 28 de octubre del a?o pasado y consumi¨® sus primeros siete meses en el debate y deliberaci¨®n de las cuestiones previas. La instrucci¨®n del sumario se inici¨® en noviembre de 1994 en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 11 de M¨¢laga donde se sumaron las dos querellas presentadas por la Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado y la empresa p¨²blica Improasa contra los gestores privados con otra suscrita por la UGT en la que tambi¨¦n se ped¨ªan responsabilidades a miembros de la Administraci¨®n que participaron en la venta de Intelhorce. El juez instructor, Juan Francisco Ram¨ªrez Barroso, cerr¨® el sumario en mayo de 1997 con un total de 42 acusados. Durante las fases del juicio celebrado entre octubre y junio pasados se levantaron algunas acusaciones, de forma que s¨®lo quedaban en el banquillo 28 acusados. El presidente de la sala ha dado de plazo a las partes hasta el pr¨®ximo 9 de octubre para que presenten todos los escritos de recusaci¨®n que estimen oportuno. Despu¨¦s deber¨¢ ser la sala especial del TSJA la que resuelva la recusaci¨®n de los dos magistrados, decisi¨®n que seg¨²n estimaciones de algunas de las partes no se producir¨¢ al menos hasta dentro de un mes.