Amparo judicial

EL CONSEJO General del Poder Judicial (CGPJ), cuya tarea principal es velar por la independencia de los jueces, no pod¨ªa quedar callado ante la campa?a denigratoria, personal y profesional lanzada desde los medios m¨¢s cercanos al Gobierno contra los dos magistrados de la Sala Segunda del Supremo que pusieron su firma al pie de la sentencia condenatoria del juez G¨®mez de Lia?o por un delito continuado de prevaricaci¨®n. En una dur¨ªsima declaraci¨®n institucional, el m¨¢ximo ¨®rgano de la magistratura considera que esas descalificaciones y juicios de intenciones, propaladas desde determinadas tribunas period¨ªsticas (fundamentalmente El Mundo y la Cope), no s¨®lo atentan al honor de los magistrados en cuesti¨®n, sino que suponen una deslegitimaci¨®n de la actuaci¨®n de los tribunales y un cuestionamiento de su independencia. Y que nada tienen que ver con lo que constituye la cr¨ªtica leg¨ªtima a una resoluci¨®n judicial.La declaraci¨®n institucional cont¨® con el apoyo del presidente, Javier Delgado, y 15 de los 20 vocales del Consejo. Votaron en contra cuatro vocales propuestos en su d¨ªa por el PP y el que fue designado a instancia del PNV. M¨¢s all¨¢ de su ubicaci¨®n ideol¨®gica, vale la pena resaltar la inconsistencia de las razones alegadas para no desautorizar lo que la mayor¨ªa de sus compa?eros juzgan una delegitimaci¨®n de la justicia y un atentado a su independencia. Una de ellas fue que los dos magistrados injuriados hasta la n¨¢usea han aguantado el griter¨ªo injurioso sin pedir amparo al CGPJ. ?D¨®nde est¨¢ escrito que ¨¦ste tenga que esperar a la llamada de la v¨ªctima, y m¨¢s en un caso en que la agresi¨®n tiene lugar a la vista de todos, para acudir en su socorro y prestarle el apoyo institucional que necesita? M¨¢s que una raz¨®n es un pretexto. Como lo es decir que el magistrado del Sala Segunda del Supremo que firm¨® el voto particular contra la condena de G¨®mez de Lia?o "tambi¨¦n hab¨ªa recibido muchos insultos". ?D¨®nde est¨¢n? Y si as¨ª fuera, merecer¨ªa id¨¦ntico amparo. De lo que se trataba en este caso era de amparar institucionalmente a un tribunal frente a la infame persecuci¨®n desatada por una sentencia impecablemente argumentada.

Que se trataba de eso lo han visto claro las asociaciones judiciales, que han dado su apoyo a la declaraci¨®n institucional del Consejo. No es necesario, como ha propuesto alguna de ellas, reintroducir el delito de desacato en el C¨®digo Penal para proteger al juez de la denigraci¨®n. Lo que cab¨ªa exigir es que el Consejo acudiera, como lo ha hecho, en ayuda de unos magistrados vituperados por el solo hecho de aplicar la ley al prevaricador Lia?o.