Mafias municipales

LOS DIRIGENTES del PSOE han actuado con rapidez ante el intento de soborno a un concejal del PP en Sanl¨²car de Barrameda, C¨¢diz, para que no votase la moci¨®n de censura presentada por su partido y el Andalucista contra el alcalde socialista de la localidad. El ejecutor de la operaci¨®n, secretario del PSOE local, fue expulsado de inmediato, y su presunto beneficiario, el ya ex alcalde tras el triunfo de la moci¨®n que se intent¨® evitar, suspendido de militancia mientras se averigua si tuvo conocimiento o particip¨® en alguna medida en el intento. Almunia ha calificado de chorizos a los implicados, diciendo que, en el caso del expulsado, "m¨¢s que indicios hab¨ªa hechos": documentados en letras ya firmadas, dinero negro en bolsas de deporte y billetes de avi¨®n.Esas medidas valen como reacci¨®n inmediata, pero no bastan. El PSOE est¨¢ obligado a esclarecer si fue una iniciativa particular del secretario local o si ¨¦sta u otras instancias m¨¢s altas del partido est¨¢n implicadas. La dimisi¨®n de dos concejales y militantes locales destacados, a modo de protesta pol¨ªtica, ¨¦tica y personal, obliga todav¨ªa m¨¢s a este esclarecimiento. Igualmente debe iluminarse el origen de los 50 millones de pesetas utilizados para el soborno y si existen intereses inmobiliarios de por medio.Y ello, al margen de lo que la justicia pueda investigar; y al margen tambi¨¦n del aire de virgen ofendida con que el secretario general del PP, Javier Arenas, ha advertido de que el caso Sanl¨²car marcar¨¢ el final de la legislatura.

Los casos de corrupci¨®n en el ¨¢mbito municipal, mediante dinero, promesas de cargos o de beneficios urban¨ªsticos, est¨¢n m¨¢s que acreditados y afectan a casi todos los partidos pol¨ªticos. Pero relacionarlos con la financiaci¨®n irregular de los partidos es confundir el pretexto con la cosa. La cosa es que en los municipios con m¨¢s expectativas de negocio tur¨ªstico se ha desarrollado una mafia que trafica con terrenos y que necesita de complicidades en los consistorios para obtener recalificaciones, licencias, permisos. Gil no es el ¨²nico que ha descubierto la relaci¨®n entre el ayuntamiento y el negocio.

El caso m¨¢s parecido al de Sanl¨²car es el de Calvi¨¤, Mallorca, donde se intent¨® sobornar a un edil socialista para sacar adelante la moci¨®n de censura presentada por el PP contra el alcalde del PSOE. Y en la misma provincia de C¨¢diz, la fiscal¨ªa investiga por qu¨¦ el anterior alcalde de Tarifa, un independiente misteriosamente apoyado por el PP, intent¨® recalificar un bosque de 426 hect¨¢reas declarado no urbanizable para construir un complejo tur¨ªstico de lujo, y por qu¨¦ el actual regidor, un antiguo militante de IU aupado al cargo con el apoyo del PP, insiste en sacar adelante el proyecto. Sin olvidar a la vecina Barbate, donde el PP debe responder, tambi¨¦n, de acusaciones similares.

Tal vez haya llegado el momento de que los partidos, adem¨¢s de intercambiar reproches, se pongan de acuerdo para hacer frente a esa coalici¨®n entre mafiosos y ediles venales. Un paso en esa l¨ªnea fue el acuerdo alcanzado en junio de 1997 entre el Gobierno y la Federaci¨®n de Municipios para promover un pacto mediante el que los partidos se comprometen a no apoyar mociones de censura propiciadas por concejales tr¨¢nsfugas. El transfuguismo no tiene por qu¨¦ estar motivado siempre por intereses espurios. Pero la experiencia muestra que linda frecuentemente con la corrupci¨®n. Al tr¨¢nsfuga no se le puede despojar del cargo, lo que a veces tampoco ser¨ªa procedente, pero s¨ª se puede limitar dr¨¢sticamente su margen de maniobra si los partidos renuncian a beneficiarse de su voto.