Los guardias del 'caso Almer¨ªa' cobraron fondos reservados tras su expulsi¨®n

El principal responsable del caso Almer¨ªa, el entonces teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Castillo Quero, condenado en julio de 1982 a 24 a?os de c¨¢rcel por el homicidio de tres j¨®venes que fueron confundidos con terroristas cuando acud¨ªan a una primera comuni¨®n, recibi¨® varios millones de pesetas, procedentes de los fondos reservados, como ayuda para afrontar su futuro cuando fue expulsado de la Guardia Civil. Fuentes socialistas conocedoras de ese caso se?alan que el pago, que incluy¨® a los otros dos condenados, lo efectu¨® el primer equipo del PSOE en Interior y aducen que lo hizo en cumplimiento de un compromiso asumido por los anteriores responsables de ese ministerio en el ¨²ltimo Gobierno de UCD.

Las mismas fuentes indican que el Ministerio del Interior, encabezado en aquel momento por Jos¨¦ Barrionuevo, acept¨® mantener y engrosar un dep¨®sito de fondos reservados en la Direcci¨®n General de la Guardia Civil para ayudar a los agentes expulsados de esa fuerza de seguridad tras haber sido condenados por la tortura y el homicidio de tres j¨®venes en Almer¨ªa. El teniente coronel Carlos Castillo Quero, que cumpli¨® 11 a?os de condena en prisi¨®n, fue el que m¨¢s dinero recibi¨®. Seg¨²n un cargo de Interior en aquella ¨¦poca, los otros dos agentes condenados y expulsados de la Guardia Civil, Manuel G¨®mez Torres y Manuel Fern¨¢ndez Llamas, tambi¨¦n ingresaron ayudas procedentes de los fondos reservados. Castillo Quero falleci¨® en abril de 1994.Seg¨²n varias fuentes socialistas, los fondos reservados asignados a Interior fueron utilizados en parte, desde finales de los a?os setenta y durante la d¨¦cada de los ochenta, para pagar sobresueldos, una pr¨¢ctica tambi¨¦n utilizada en Justicia y en Asuntos Exteriores. Seg¨²n ex altos cargos del Ministerio del Interior, los fondos reservados tuvieron bajo los Gobiernos del PSOE destinos tan heterog¨¦neos como financiar la creaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Polic¨ªa Judicial y pagar la liberaci¨®n del capit¨¢n del petrolero Izarra, Jos¨¦ Luis Peci?a, condenado a muerte y encarcelado durante 25 meses en Nigeria.

El uso de los fondos reservados para pagar sobresueldos en el Ministerio del Interior fue asumido por los socialistas cuando llegaron al poder en 1982. El ¨²ltimo responsable centrista de ese departamento, el fallecido Juan Jos¨¦ Ros¨®n, entreg¨® a sus sucesores una relaci¨®n escrita de las personas que recib¨ªan ese tipo de gratificaciones, seg¨²n una persona que tuvo acceso a esa comunicaci¨®n. Ese listado mostraba, seg¨²n la misma fuente, que incluso el guardia municipal que deten¨ªa el tr¨¢fico en la calle para que entraran al ministerio los coches oficiales cobraba gratificaciones con cargo a los fondos reservados.

Problemas de Estado

Dentro de la diversidad de destinos dados a ese tipo de recursos, los Gobiernos de UCD hicieron uso de esas partidas presupuestarias para solucionar problemas de Estado, seg¨²n antiguos responsables de Interior. En junio de 1978 y en enero de 1979, el Comit¨¦ de Liberaci¨®n de la Organizaci¨®n para la Unidad Africana (OUA) se hab¨ªa lanzado a proclamar la africanidad de Canarias y su derecho a la independencia. En medio de las turbulencias de la transici¨®n, por las dificultades internas para implantar la democracia y sobrevivir al terrorismo, ese asunto se convirti¨® durante meses en una inesperada e inc¨®moda fuente de desestabilizaci¨®n externa. Seg¨²n fuentes conocedoras de ese conflicto diplom¨¢tico, el uso de los fondos reservados ayud¨® a que en junio de 1981 la reuni¨®n plenaria del Consejo de Ministros de la OUA zanjase el asunto con un reconocimiento definitivo de la espa?olidad de Canarias.

Cinco a?os despu¨¦s, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en ese momento ya bajo mandato socialista, se encontr¨® con otro conflicto en el que tuvo que hacer abundante uso de los fondos reservados, finalmente desembolsados por el Ministerio del Interior. El capit¨¢n del petrolero Izarra, Juan Luis Peci?a, fue condenado a muerte por un tribunal militar nigeriano acusado de efectuar dos cargas ilegales de gas¨®leo en una localidad costera de ese pa¨ªs. Abandonado desde el primer momento de su cautiverio, seg¨²n sus propias palabras, por el armador del buque, Jos¨¦ Mar¨ªa L¨®pez Tapia, Jos¨¦ Luis Peci?a estuvo encarcelado en Nigeria durante 25 meses y el Gobierno gast¨® unos 70 millones de pesetas en gestiones para conseguir su liberaci¨®n, seg¨²n reconocieron ya en aquel momento autoridades del Ministerio del Interior.

En octubre de 1987, fondos reservados de ese mismo departamento ministerial sirvieron para crear y financiar la Comisi¨®n Nacional de la Polic¨ªa Judicial, un organismo con el que se pretend¨ªa aumentar la dependencia funcional de la polic¨ªa respecto a los jueces. La comisi¨®n se constituy¨® en el Tribunal Supremo, bajo la direcci¨®n del entonces presidente del alto tribunal, Antonio Hern¨¢ndez Gil, y la integraron adem¨¢s el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Peris; el magistrado Carlos Granados, designado por el CGPJ; el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, y los ministros del Interior y de Justicia, Jos¨¦ Barrionuevo y Fernando Ledesma, respectivamente. En la primera reuni¨®n, seg¨²n algunos de los asistentes, acordaron financiar la comisi¨®n con fondos reservados, ya que era un organismo nuevo que carec¨ªa de dotaci¨®n presupuestaria. Seg¨²n miembros del Ministerio del Interior que intervinieron en la gestaci¨®n de la comisi¨®n, ese tipo de fondos fue utilizado tambi¨¦n para pagar los gastos de oficina y los sueldos de los funcionarios, incluidos altos cargos, de la Fiscal¨ªa Antidroga cuando se cre¨®.

Operaci¨®n fallida

Los fondos reservados sirvieron en 1988 para paliar los destrozos causados en el chalet de Manuel Fraga en Perbes tras una fallida operaci¨®n para detener a terroristas del Ex¨¦rcito Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe. Interior comunic¨® al l¨ªder popular que ese grupo preparaba un atentado contra su casa y que las fuerzas de seguridad se dispon¨ªan a detener a sus integrantes cuando estuviesen a punto de entrar en acci¨®n. Pero el Ex¨¦rcito Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe logr¨® colocar la carga explosiva, la hizo estallar y destroz¨® parte de la vivienda. Manuel Fraga fue indemnizado ese mismo a?o con unos 30 millones de pesetas con cargo a los fondos reservados.

Asesores jur¨ªdicos de los ex ministros socialistas acusados de malversar fondos reservados sostienen que si esa indemnizaci¨®n a Fraga no figura en el auto de la juez como un delito imputable, cuando s¨ª consta en la causa, es porque rompe la teor¨ªa de que los fondos reservados ten¨ªan un fin espec¨ªfico y n¨ªtido. Fuentes socialistas sostienen que si no ha sido perseguido tampoco como delito el uso de los fondos reservados para dotar de medidas de seguridad el domicilio del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n y de fiscales generales del Estado, tampoco deber¨ªa serlo, por ejemplo, el pago al comisario Agust¨ªn Linares para que instalara medidas de seguridad en su vivienda cuando se traslad¨® a Madrid, una vez nombrado subdirector general operativo de la Polic¨ªa.