Fabra adjudica a dedo la elaboraci¨®n de un plan director para el aeropuerto por 29 millones

El presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, contrat¨® sin expediente de adjudicaci¨®n un plan director del futuro aeropuerto, por el que se ha pasado una factura de 29 millones de pesetas. El estudio ha sido realizado por la UTE formada por IV Ingenieros Consultores, SA, e Ingenier¨ªa de Castell¨®n, SA. En ¨¦sta ¨²ltima figura como administrador ¨²nico Rafael Llopis, esposo de la diputada nacional del PP por Castell¨®n Carmen Pardo. Esta UTE fue la adjudicataria del plan de viabilidad de las instalaciones aeroportuarias y del proyecto de construcci¨®n de las mismas.

Tanto el informe del secretario de la Corporaci¨®n provincial como el del interventor se?alan la posible "exigencia de responsabilidades" por el pago de esta factura que, sin embargo, ser¨¢ cobrada por la aplicaci¨®n de una figura jur¨ªdica, "enriquecimiento sin causa o gesti¨®n de fondos ajenos", por la que los proveedores no tiene por qu¨¦ ser los perjudicados de una irregular gesti¨®n. El informe de secretar¨ªa apunta que "al no haber seguido expediente administrativo alguno no es posible conocer la obligaci¨®n contractual derivada de una contrataci¨®n administrativa", es decir que se desconoce en qu¨¦ t¨¦rminos se realiz¨® el encargo, tanto desde el punto de vista del trabajo que hab¨ªa de ejercer la UTE como de la cantidad que se destinar¨ªa a su pago. El mismo informe tambi¨¦n se?ala que la factura ser¨¢ pagada "sin perjuicio de que por el ¨®rgano competente de contrataci¨®n se adopten las medidas oportunas para que el expediente previo de contrataci¨®n se tramite en todos los casos". Por su parte, el escrito del interventor efect¨²a la misma advertencia al indicar que "se reitera la necesidad de que se tramiten adecuadamente los expedientes de contrataci¨®n y de sus modificaciones seg¨²n las formas y procedimientos vigentes, no incurriendo, en los sucesivo, en anomal¨ªas". El hecho es que el informe del interventor se?ala, literalmente, que la realizaci¨®n de este gasto, sin consignaci¨®n presupuestaria, vulnera la ley y que de su pago se pueden derivar responsabilidades "de las personas que hubieren intervenido en la contrataci¨®n irregular".

Estos informes aparecen junto a otros dos, del vicepresidente de la Diputaci¨®n, Francisco Mart¨ªnez, y del ingeniero jefe de carreteras, Samuel Marca, en los que se justifica tanto el encargo como el pago de la factura pasada por la empresa. Sin embargo, de los dos escritos, el del ingeniero es el m¨¢s curioso ya que en ¨¦l se apunta que fueron los "representantes de Aviaci¨®n Civil" quienes consideraron conveniente que el trabajo fuera realizado por el mismo equipo que hab¨ªa efectuado los anteriores.

Tal como relata Samuel Marca, en julio de 1998 se realiz¨® una visita a la subdirecci¨®n general de Aviaci¨®n Civil, que depende del Ministerio de Fomento, en la que estuvieron presentes los t¨¦cnicos de la UTE que realizaron el proyecto de construcci¨®n. "En esta reuni¨®n, los representantes del ministerio indicaron la necesidad de que, antes de cualquier actuaci¨®n sobre el aeropuerto, era necesaria la confecci¨®n de un plan director", se?ala su informe. Entonces, la Diputaci¨®n ya hab¨ªa encargado dos estudios, el de viabilidad y el de construcci¨®n y, sin embargo, no contaba con el necesario plan director para que el proyecto fuera aprobado por el Ministerio. De hecho, el informe reconoce que sin la confecci¨®n de este plan director "no se puede realizar ning¨²n trabajo previo del aeropuerto, para que luego sea probado por el Ministerio de Fomento".

"Los representantes de Aviaci¨®n Civil indicaron que ser¨ªa conveniente que el equipo que estaba redactando el proyecto hiciera el plan director, dado que el plazo de presentaci¨®n finalizaba en noviembre y que no habr¨ªa tiempo de que se hiciera ¨¦ste por otros t¨¦cnicos, y en esa reuni¨®n surgi¨® el compromiso de que el citado equipo redactara el plan director", a?ade el ingeniero. El informe acaba justificando el montante al que asciende la factura, 29 millones de pesetas, que considera "correcta".