La polic¨ªa andaluza vigilar¨¢ la expansi¨®n urban¨ªstica en la costa

/ C¨¢dizEl Gobierno andaluz ha tomado nota de experiencias como la de Marbella y en el 2000 reforzar¨¢ la vigilancia urban¨ªstica en las costas: contratar¨¢ m¨¢s t¨¦cnicos para aumentar las inspecciones y, por primera vez, encargar¨¢ a la polic¨ªa auton¨®mica la investigaci¨®n de obras ilegales. C¨¢diz y M¨¢laga albergar¨¢n las primeras oficinas de control urban¨ªstico del litoral, que la Junta financiar¨¢ con 100 millones de pesetas al a?o. Los responsables del Ejecutivo regional no ocultan su preocupaci¨®n por las tensiones urban¨ªsticas en los municipios gaditanos, muchas de cuyas playas a¨²n son semiv¨ªrgenes.

La polic¨ªa auton¨®mica andaluza tienen una nueva misi¨®n. Hasta ahora los 150 agentes de este grupo del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa adscrito al Ejecutivo regional investigaban las causas de los incendios, hac¨ªan guardia en edificios p¨²blicos o sellaban vertederos ilegales. A partir del pr¨®ximo a?o, tambi¨¦n vigilar¨¢n el cumplimiento de la normativa urban¨ªstica en los edificios y las obras que se ejecuten en las costas de C¨¢diz y M¨¢laga.Las inspecciones sobre el terreno de esta polic¨ªa urban¨ªstica andaluza se completar¨¢n con un intenso escrutinio desde el cielo. El Gobierno andaluz (una coalici¨®n de socialistas y andalucistas) no s¨®lo pretende multiplicar la frecuencia con la que se realizan fotograf¨ªas a¨¦reas del litoral, sino que tambi¨¦n contratar¨¢ los servicios de sat¨¦lites para seguir la evoluci¨®n de la edificaci¨®n en las costas.

La elecci¨®n de C¨¢diz y M¨¢laga para situar las primeras oficinas de control en el litoral, responde a motivos dispares. En la Costa del Sol, el Gobierno andaluz se ha encontrado con el mayor foco de insurrecci¨®n urban¨ªstica: el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jes¨²s Gil desde 1991. La Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas ha llevado ante la Fiscal¨ªa casi un centenar de construcciones supuestamente ilegales levantadas bajo el mandato de Gil.

Parajes semiv¨ªrgenes

La nueva fuente de preocupaci¨®n para los responsables urban¨ªsticos de la Junta se sit¨²a ahora en C¨¢diz. Entre los 200 kil¨®metros de playas del litoral gaditano hay una gran proporci¨®n de parajes semiv¨ªrgenes, sin urbanizaciones a pie de costa: los terrenos que posee el Ministerio de Defensa (en San Fernando, Barbate y Rota) y una intensa protecci¨®n medioambiental (un 30% de la superficie provincial) explican esta situaci¨®n. El enorme tir¨®n del turismo (dos billones de ingresos en la comunidad) abre nuevas oportunidades y los promotores est¨¢n dispuestos a aprovecharlas. "Ya notamos la presi¨®n", admite el consejero de Obras P¨²blicas, Francisco Vallejo. "Nuestro objetivo es dar apoyo t¨¦cnico a los ayuntamientos", explica, "pero si no act¨²an, la Junta puede hacerlo subsidiariamente".

El ¨²ltimo esc¨¢ndalo pol¨ªtico, el supuesto intento de compra de un edil del PP por un dirigente socialista de Sanl¨²car de Barrameda, es una muestra m¨¢s de que las tensiones urban¨ªsticas presiden la vida de los municipios gaditanos. IU y los ecologistas han pedido que se investigue si Alfonso de Hohenlohe (due?o de un suelo r¨²stico recalificado por el Ayuntamiento socialista hace a?os para crear un proyecto residencial) tiene algo que ver con el pago de los 50 millones de pesetas del soborno, acusaci¨®n que Hohenlohe ha rechazado.

La presi¨®n urban¨ªstica tambi¨¦n se deja notar en otro municipio gaditano, Vejer (PSOE), donde se permiti¨® al empresario Antonio Bl¨¢zquez la construcci¨®n de una serie de apartahoteles que recibieron la mayor sanci¨®n medioambiental en la historia administrativa de la Junta: una multa de 50 millones por talar un pinar. Y en Barbate, donde en estos ¨²ltimos a?os se han levantado varias construcciones ilegales en parajes tan renombrados como Zahara de los Atunes o Ca?os de Meca, ante la pasividad municipal. En Tarifa, incluso, el Ayuntamiento pretende poner en pie una pol¨¦mica operaci¨®n en la finca El Chaparral, sobre la que pesan hasta tres figuras de protecci¨®n ambiental, y en la que unos promotores quieren levantar un complejo de 1.200 camas y un campo de golf de 27 hoyos.

En San Fernando, la desafecci¨®n de una parte de la playa militar de Campo Soto y el traslado de los polvorines a Barbate ha disparado las expectativas del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Andalucista: Defensa posee ocho millones de metros cuadrados de suelo en este municipio, en la Bah¨ªa de C¨¢diz.

Los responsables auton¨®micos quieren garantizar que los gobiernos locales no se dejen llevar por las ansias de los constructores; prefieren modelos como el de Chipiona, con un desarrollo hotelero de baja intensidad alrededor del campo de golf de Sancti Petri o Costa Ballena (entre Chipiona y Rota), donde la Junta ha invertido 12.000 millones en urbanizar un suelo que compr¨® a la familia Orleans y Borb¨®n.